Natalia Rojo Solana, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN  PARA PLENO al Lehendakari, en relación al reciente anuncio por parte del Consejo de Ministro de petición al Presidente  del Gobierno en funciones  de la interposición de Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o "fracking” aprobada en el Parlamento Vasco.
 
JUSTIFICACIÓN
 
El Consejo de Ministros en funciones decidió el 8 de abril interponer Recurso  de Inconstitucionalidad contra la Ley de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o "fracking”, aprobada por el Parlamento vasco en junio de 2015. El anuncio se produce después de que, en teoría, deben haberse producido reuniones  en los últimos nueve meses en la Comisión existente entre ambas Administraciones para dirimir diferencias de interpretación de las leyes.
 
A pesar de que el Gobierno de España ha venido recurriendo sistemáticamente la legislación vasca y también normas de otras Comunidades Autónomas  referidas al fracking, en el Parlamento vasco se adoptaron todas las cautelas para ofrecer una solución legal, ciñéndonos a nuestras competencias en materia de suelo, agua o medio ambiente, de forma que no fueran posibles técnicas extractivas con afecciones geológicas, medioambientales y socioeconómicas, limitación de actividad que afectaría a los permisos que estuvieran ya concedidos en el momento de entrada en vigor de la ley.
 
La tramitación de la norma contó con obstáculos por parte del Grupo  Parlamentario que apoya al Gobierno, aunque finalmente optó por la abstención. A pesar de la aparente coincidencia de objetivos en esa fase final, el Gobierno intentó eludir ese compromiso manteniendo en su proyecto original de presupuestos varios proyectos de fracking que,  los socialistas eliminamos en la negociación de las cuentas.
 
Con estos antecedentes, al conocerse el recurso del Gobierno de España, la Consejera Arantza Tapia protestó por la “invasión competencial”, pero no ha entrado a valorar los efectos de una eventual suspensión, si así lo decidiera el Tribunal Constitucional.
 
Por ello, y dado que es una Ley que ha contado con un impulso social de calado y cuenta con un respaldo contundente en Euskadi, se presenta la siguiente INTERPELACIÓN  PARA PLENO al Lehendakari:
 

¿Cuáles son las intenciones del Gobierno vasco para hacer valer todas las competencias que pueden imposibilitar la extracción hidráulica en Euskadi?