Recuerdo las circunstancias traumáticas en que accedí a la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi, tras la celebración del Congreso Extraortinario. Fue bajo la sombra del asesinato, por ETA, de nuestro compañero, el concejal socialista de Orio, Juan Priede. En aquel ambiente de conmoción, y en mi intervención ante los delegados al Congreso, recordé que "los asesinos de Juan y sus cómplices andan sueltos, libres y seguros por las calles de nuestros pueblos y ciudades, mientras que sus víctimas, en el mejor de los casos, se quedan secuestradas en sus domicilios".
Me hacía eco, a través de este ejemplo, de la situación radicalmente anómala que se vive en Euskadi y que se caracteriza por el hecho de que quienes se mueven en el marco de la ley tiene que vivir escondidos como criminales por defender unas determinadas ideas, mientras que quienes se ríen de la legalidad democrática, la quebrantan sistemáticamente y jalean o no condenan al terrorismo, se pasean sin trabas como dueños del país y con su libertad de expresión intacta. Y ya va siendo hora de acabar con esta anormalidad, que constituye un verdadero escándalo, aunque sólo sea por un elemental sentido de vergüenza democrática.
No se puede seguir soportando que quienes apoyan sin el menor pudor a los liberticidas en el País Vasco se burlen continuamente de nuestra democracia. Nadie puede entender a estas alturas que, mientras hay concejales socialistas y del Partido Popular que son acosados hasta la muerte por el terrorismo y sus cómplices, éstos no sientan a su vez el acoso legítimo del Estado de Derecho. No es asumible, y cada vez lo entiende menos gente, que haya representantes del pueblo perseguidos ilegalmente por defender sus posiciones políticas, sin que se reprima a los perseguidores y a quienes les instigan con toda la fuerza de la ley. Por estas razones, y bastantes más que podrían aportarse, el Partido Socialista ha defendido y pactado con el Gobierno Central la modificación de la Ley de Partidos Políticos y, en el momento actual, ha apoyado sin reservas la puesta en marcha del proceso de ilegalización de Batasuna.
Durante demasiados años, la democracia española ha mantenido actitudes sumamente prudentes con el entorno político de ETA. Durante demasiados años, los demócratas hemos alimentado la esperanza de que Herri Batasuna pudiera liberarse de la tutela de ETA y aceptara las reglas de juego del sistema de libertades. La espera ha sido prolongada y el tiempo se ha agotado. A estas alturas resulta a todas luces evidente que HB (sea cual sea el nombre con que se disfrace) no tiene intención de independizarse de ETA, porque forma parte del mismo entramado. No resulta, pues, en modo alguno coherente perseguir policialmente a ETA y dejar que sus colaboradores políticos operen en la legalidad. Para los socialistas, la unidad democrática frente al terrorismo, eje de nuestra política de libertades, exige que los partidos y las instituciones mantengan comportamientos claros y coherentes respecto a Batasuna. Por eso, propusimos en su día en el Parlamento Vasco que los partidos democráticos se negaran a considerar siquiera las iniciativas de esta fuerza política en tanto no condenara abiertamente la violencia.
Por la misma razón que propugnamos el aislamiento político de Batasuna, somos también partidarios de su marginación legal. Porque no puede haber en democracia formaciones políticas que, amparándose en el sistema democrático, lo utilicen para dar cobertura, financiar o procurar la comprensión social del terrorismo. Eso es, sencillamente, atentar contra la democracia. Y la democracia se tiene que defender, sobre todo cuando peligra. Porque en el País Vasco la ofensiva terrorista está erosionando seriamente pilares fundamentales de una sociedad democrática: el principio de representación popular, la libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, de prensa, la igualdad política, son prácticamente inexistentes cuando una mitad de la sociedad vasca, la no nacionalista, carece de las mismas oportunidades y no está en las mismas condiciones que la otra mitad para difundir sus ideas.
Ignoro los beneficios a largo plazo que la nueva Ley de Partidos aportará al combate contra el terrorismo. No creo, en cualquier caso, que sea el menor el de introducir mayores dosis de credibilidad social en las instituciones democráticas y en el sistema de libertades. Porque no hay nada más letal para la democracia que permanecer de brazos cruzados cuando se atenta contra ella. Resulta, por eso, pintoresco, cuando no abiertamente obsceno, sostener, como lo hace el nacionalismo vasco junto con la Izquierda Unida de Javier Madrazo, que la Ley de Partidos haya nacido con vocación de ilegalizar ideas, con la pretensión estratégica de dejar al nacionalismo en su conjunto fuera de la ley. Lo que se pretende, por el contrario, es ilegalizar conductas que no se ajusten a las reglas del juego democrático, precisamente para garantizar la igualdad de condiciones de todos los partidos políticos.
La Ley de Partidos no le está pidiendo a Batasuna nada distinto a lo que exije a cualquier otra fuerza política para ser legal, sea el PNV, el PP, el Partido Socialista... o Aralar; formación, ésta última, que, compartiendo la misma ideología que Batasuna, ha cortado públicamente con la estrategia del terrorismo y no parece sentir ese temor que dicen sentir los dirigentes del PNV a una posible ilegalización por el hecho de ser independentista. Posiblemente, sea bastante mayor el miedo que le inspiren sus antiguos compañeros que el que pueda albergar con respecto al Estado democrático.
Sería, por eso, bastante más sensato que el nacionalismo, que gobierna en Euskadi, en lugar de buscar excusas para no comprometerse, afrontara abiertamente sus responsabilidades, para hacer causa común con la democracia. Desgraciadamente, en esta ocasión, como en tantas otras de su historia, el nacionalismo, acompañado en esta ocasión de la IU de Madrazo, se ha limitado a escurrir el bulto, perdiendo la oportunidad de ponerse al frente de la defensa de las libertades de todos, que son también, y principalmente, las de los ciudadanos del País Vasco. Ha preferido, por consideraciones electorales, y con la vista puesta en los votos de Batasuna, fomentar un victimismo útil para cerrar filas, pero sin base en la realidad, porque somos otros quienes ponemos las víctimas. Desorienta y desmoraliza con esa actitud a una gran parte de la población vasca, huérfana de liderazgo institucional para hacer frente al terrorismo y su sistema de valores. Y da la espalda también a las mejores tradiciones democráticas del nacionalismo, traicionando el espíritu del Lehendakari Aguirre, quien argumentaba su apoyo a la República española amenazada por la insurrección militar de Franco afirmando que, entre el fascismo y la libertad, había que optar siempre por la libertad. No parece ser ese espíritu, en el que fueron educados tantos militantes del PNV, el que rige ahora en un nacionalismo dirigido por los añorantes del aranismo más reaccionario.
Evidentemente, hay que decirlo también, la aplicación de la Ley de Partidos no agota, ni mucho menos, las posibilidades de acción política para hacer frente, con mayor eficacia y con más espíritu de diálogo y de unidad democrática, al terrorismo y a los graves problemas, de crispación y división social que el terrorismo ha introducido en el País Vasco. Ni excusa, por tanto, las responsabilidades exigibles al Gobierno Central para que impulse un diálogo institucional a fondo con el Gobierno Vasco tendente a acordar políticas compartidas para hacer frente al enemigo común de los demócratas y del sistema de libertades. Un diálogo institucional prácticamente inédito, y no sólo por falta de voluntad del Gobierno de Ibarretxe. Tampoco se ha intentado por parte del Gobierno de Aznar, más preocupado por agrandar y agravar las diferencias y polémicas con el nacionalismo gobernante, que por buscar puntos de entendimiento. Por eso, todavía hoy no existe una verdadera política para resolver el problema que ETA representa. Una política con mayúsculas, global, compartida por todos los partidos e instituciones, complementaria de la acción policial y que facilite y precipite el fin del terrorismo. Hasta que no lleguemos a ese grado de entendimiento, lo que el terrorismo pierda por la vía policial, lo irá ganando por la vía política.
Y, por ceñirnos al momento presente, tampoco estaría mal que el Gobierno de Aznar administrara con prudencia el amplio consenso alcanzado con las fuerzas políticas, y más particularmente con el nacionalismo catalán, en torno a la Ley de Partidos. En este sentido, considero desproporcionada la reacción del PP y su Gobierno por la abstención de CiU en la votación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para iniciar los trámites de ilegalización de Batasuna. No es así como se mantiene el espíritu de entendimiento en cuestiones que desbordan ampliamente los intereses partidistas. Y, por otra parte, cabe preguntarse con preocupación: un Gobierno que reacciona de manera tan sectaria ante sus aliados más directos, en cuanto surge la primera discrepancia, ¿está en condiciones de emprender un verdadero diálogo con el nacionalismo que gobierna en el País Vasco?