Blanca Roncal Azanza, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PREGUNTA PARA SU RESPUESTA ORAL EN PLENO, al Lehendakari en relación a la defensa de los intereses públicos en el denominado “caso Margüello”.
 
JUSTIFICACIÓN
 
El 3 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao dictó un auto en relación a las presuntas irregularidades en contratos de servicios de Osakidetza, de las que se acusa al exjefe de Calidad del Hospital de Cruces José Carlos Margüello, a su socia, a un exviceconsejero y a un exdirector de Sanidad por supuestas irregularidades en contratos de servicios de Osakidetza en 2006. 
 
El auto judicial concluye que existen indicios suficientes para presentar acusaciones por cuatro delitos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Por tanto, se trata de un caso en el que, siguiendo este relato judicial, se habrían utilizado recursos públicos, hasta seis millones de euros, para fines privados ajenos a los intereses de los ciudadanos. Ésta es la razón por la que el anterior Ejecutivo, al sospechar de estos hechos, los puso en conocimiento de la Fiscalía y se personó en las actuaciones que se iniciaron.
 
En paralelo, el Parlamento Vasco abrió una comisión de investigación con el fin de determinar posibles responsabilidades políticas y, en su caso, introducir cuantas medidas correctoras fueran necesarias en la contratación pública. En el transcurso de los trabajos parlamentarios, donde se acudió a las explicaciones de medio centenar de personas, entre ellas quienes estaban bajo la lupa de esas supuestas irregularidades, se hizo público un escrito firmado por varios altos cargos del Departamento de Sanidad en los tiempos en los que se produjeron los hechos investigados, que negaban cualquier trama o corrupción y cargaron con calificativos como “nauseabundo” para referirse a otros grupos políticos.
 
Uno de los firmantes de aquel escrito era el actual consejero de Salud, Jon Darpón, esto es, un miembro del actual Gobierno Vasco que ya ha emitido una valoración personal sobre el caso cuando el Gobierno Vasco debe velar por el interés público que, según el relato policial, se ha visto lesionado por dichas actuaciones.
 
Por todo ello, ante el evidente conflicto de intereses entre la opinión particular de quien es hoy Consejero y la defensa del bien general que le afecta como miembro del Ejecutivo, y dado que, tras conocerse el auto, no hemos conocido que el Gobierno Vasco
 
 
haya tomado ninguna decisión, se presenta la siguiente PREGUNTA ORAL PARA SU RESPUESTA EN PLENO:
 
 

¿Cuál es la posición que va a mantener el Gobierno Vasco en la depuración de responsabilidades penales y políticas por los posibles daños causados a los intereses de los vascos como consecuencia del conocido como “caso Margüello”?