Batzarkide Taldeak justizia eta progresibotasunetik abiatuta zerga iruzurrari aurka egiteko eta zergak hobetzeko denon arteko plan bat eskatu du
Egañak dio beharrezko baliabideak bilatu behar direla osasuneko, hezkuntzako eta gizarte babeseko zerbitzu publikoekin jarraitzeko eta horiek hobetzeko
El Grupo Juntero ha presentado una Proposición no de Norma para que la Diputación de Bizkaia active sin más dilación y de forma coordinada con el resto de instituciones un plan integral de lucha contra el fraude fiscal. Además, se insta igualmente a la institución foral a mejorar los impuestos desde principios de justicia y progresividad, siempre desde una actuación armonizada con las otras haciendas forales.
Según ha explicado el Portavoz del Grupo Juntero, Iñaki Egaña, esta iniciativa, impulsada por los Socialistas en los tres parlamentos forales y en la cámara autonómica, defiende la búsqueda de recursos suficientes que permitan mantener y mejorar los servicios públicos en sanidad, educación y protección social.
“Estas son medidas especialmente necesarias ante las dificultades que plantea la crisis, porque los recursos que sujetan el Estado de Bienestar provienen exclusivamente de los impuestos. Afrontamos un debate fundamental, un debate de país, que debe ser abordado en todos los ámbitos institucionales de Euskadi”, ha añadido.
Según Egaña, la pregunta es “si estamos dispuestos a mantener el Estado de bienestar que hemos construido a lo largo de más de treinta años de autogobierno” o si, por el contrario, “lo vamos a dejar morir porque asumimos que no merece la pena conservarlo”.
Por este motivo, frente a quienes como el Presidente del Gobierno o el Diputado General de Bizkaia, plantean que vamos a tener “el Estado de bienestar que nos podamos pagar”, el Portavoz Socialista ha defendido que “se debe apostar con firmeza por un modelo solidario de país que proporciona cohesión social y, al mismo tiempo, es útil para la reactivación de la economía y la recuperación del empleo”.
Egaña ha señalado que esta apuesta se traduce en una reforma fiscal coordinada entre las instituciones y una lucha contra el fraude igualmente coordinada, cuestiones “sobre las que deciden las Juntas Generales al ser ambas de competencia foral”.