El Senado aprueba, de forma unánime, una moción del Grupo Socialista que legitima la Ley de Economía Sostenible como guia del nuevo Modelo Económico Competitivo
Yolanda Vicente subraya el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias e insiste en que la Ley de Economía Sostenible sentará las bases del nuevo modelo económico cuyo eje principal debe ser el fomento de la I+D+i
COMUNICADO
El Pleno del Senado ha aprobado esta mañana, por unanimidad, una enmienda transaccional sobre una moción original del Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a impulsar medidas orientadas a crear las condiciones para el desarrollo de un modelo económico competitivo.
La portavoz socialista, Yolanda Vicente, intervino durante el debate de la moción y agradeció el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias a la citada propuesta. Vicente, senadora por Álava, subrayó que la moción redactada por el PSOE solicita al Gobierno que, mediante la Ley de la Economía Sostenible, impulse medidas que favorezcan el desarrollo de un sistema económico competitivo y de alto valor añadido.
Dicha ley, aclaró la parlamentaria socialista, "sentará las bases del nuevo modelo económico al que queremos dirigirnos". Yolanda Vicente defendió, en estos tiempos de crisis, el dialogo social y los acuerdos entre los agentes económicos, las instituciones y los partidos políticos y subrayó que el eje principal de la ley es fomentar la I+D+i, que debe ser uno de los ejes centrales del nuevo modelo económico español. Todo ello, puntualizó, requiere el esfuerzo y la financiación de las administraciones públicas en aras a restablecer la estabilidad y la confianza en los mercados en la economía española.
Vicente concluyó su intervención reiterando el agradecimiento a los grupos políticos por el acuerdo alcanzado y recordando las dos prioridades del Partido Socialista en su lucha contra la crisis: favorecer a aquellos que están en una peor situación económica e impulsar medidas para ayudar a los desempleados. Medidas, matizó, de carácter más estructural que se concentrarán en la citada ley.
En lo relativo al texto de la enmienda finalmente aprobada, la senadora del PSOE destacó que la propuesta propone que la ejecución del gasto público esté presidida por el criterio de austeridad y, en este sentido, Yolanda Vicente recordó que los próximos presupuestos serán los más austeros de los últimos años, manteniendo la línea del Gobierno de dar prioridad a las políticas sociales y la inversión productiva.
. Además, también establece impulsar con el necesario acuerdo parlamentario un conjunto de medidas orientadas a crear las condiciones para el desarrollo de un modelo económico competitivo y de alto valor añadido, que refuerce la cohesión social, la calidad de vida y que persiga de manera prioritaria la creación de empleo. Todo ello, enfatizó la senadora socialista, tendrá su puesta en escena en la Ley de Economía Sostenible que hoy ha contado con el apoyo de la Cámara, como se ha visto en la aprobación de la moción.
La enmienda acordada por todos los grupos apuesta por dar un nuevo impulso al diálogo social y por el acuerdo de los agentes sociales. Cabe destacar, en este sentido, la postura dialogante del Gobierno y los más de veinte acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo social. Se trata, por tanto, de alcanzar acuerdos a corto y medio plazo que permitan establecer un marco económico estable que potencie y multiplique la actividad empresarial y la creación de empleo. En otro orden de cosas, también propone establecer reformas fiscales que apoyen la dinamización de la economía y la recuperación del crecimiento económico y desarrollar políticas de I+D+i que constituyan el eje fundamental de la política económica del Gobierno.
Otro de los puntos en los que incide el texto aprobado es en implantar las medidas económicas adecuadas para restablecer la estabilidad y la confianza en la economía española, con el fin de desarrollarla de manera secuenciada y coordinada con todas las Comunidades Autónomas, con el necesario acuerdo parlamentario.
Por último, la enmienda transaccional solicita al Gobierno evaluar cuatrimestralmente los resultados de las políticas de financiación realizadas por el propio Ejecutivo, a través de las líneas ICO dirigidas a resolver los problemas de escasez crediticia y que estimulen la actividad tanto pública como privada.