VITORIA

La Mesa de Diálogo Social acordó esta mañana generar 7.000 nuevos empleos para personas que han perdido su puesto de trabajo y que no ingresan las prestaciones contributivas de desempleo o que son perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), para lo que se destinará una partida de 63 millones de euros.

Así lo anunció esta mañana la consejera de empleo y asuntos sociales, Gemma Zabaleta, en comparecencia de prensa, junto al secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, y los secretarios generales de los sindicatos CC.OO. de Eukadi, Unai Sordo, y de UGT-Euskadi, Dámaso Casado.

Zabaleta apuntó que los beneficiaros del programa serán las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una administración local, las entidades sin ánimo de lucro y las empresas de inserción. Éstas crearán actividades "nuevas", en las que los beneficiarios podrán desempeñar su tarea "con contratos laborales a tiempo concreto, por un máximo de seis meses y con una ayuda que alcanzará hasta el tope de los 1.500 euros mensuales", explicó.

Los destinatarios de las ayudas deberán estar inscritos en los servicios públicos de empleo, INEM y Lanbide, y empadronados en la CAV, al menos en el momento en que se publique la Orden, que se espera en "menos de un mes", según Zabaleta.

Las actividades a desarrollar mediante los nuevos contratos estarán relacionadas con las nuevas tecnologías, las energías renovables, el medio ambiente, el reciclaje, el mantenimiento de equipamientos educativos, escolares, la promoción de la cultura, la educación y la salud, la recuperación del arte y el patrimonio, los servicios de proximidad o a la comunidad y la recuperación del entorno rural. En todo caso, "actividades novedosas que no se hayan realizado con anterioridad", manifestó la consejera.

El programa, que se trata de una medida excepcional con carácter transitorio, durará 12 meses, pretende crear empleo para los trabajadores que "se encuentran en una situación difícil, en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla", recordó Zabaleta. En este sentido, la Orden plantea que, al menos, el 30 por ciento de las contrataciones afecten al colectivo de personas que cobran las RGI.

De la misma manera, la orden contempla la creación de una Comisión de Seguimiento en la Mesa de Diálogo Social, por la que "se trata de que, con la información detallada sobre al evolución de las solicitudes, resoluciones y circunstancias que se produzcan en el desarrollo de las ayudas, podamos hacer una evaluación final", explicó.

CRITERIOS DE PRIORIDAD

La Orden recogerá también los criterios de prioridad en la concesión de ayudas, teniendo en cuenta el número de desempleados y la tasa de paro de cada municipio al que pertenecen las personas que van a ser contratadas.

"En las contrataciones se dará prioridad a los colectivos desfavorecidos y a los empleos en actividades emergentes e innovadoras que cubran necesidades prioritarias de interés social o que permitan elevar la empleabilidad y facilitar su inserción laboral posterior", anunció la consejera.

Asimismo, el acuerdo alcanzado contempla también la formación para los trabajadores inmersos en un ERE, que consistirá en incorporar las ayudas a la formación en el trámite de solicitud del ERE para su mejor difusión con relación a empresas y trabajadores.

Estas medidas de choque se enmarcan dentro del plan del Gobierno vasco, '+ Euskadi 09', con el que se pretende generar empleo y, por ende, crecimiento económico, fruto del acuerdo de todos los sectores implicados en la Mesa de Diálogo Social.

Los cuatro miembros de la Mesa valoraron de manera "positiva este acuerdo eminentemente social" y que, según la consejera, es una "medida de impacto alcanzada por ninguna medida gubernamental en años anteriores".