El Diputado Socialista por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso sobre las denuncias de bebés robados. La iniciativa consta de dos puntos  y se insta al Gobierno de Rajoy, y en especial, al Ministro de Justicia, Sr. Gallardón, a colaborar “activamente” con las asociaciones de afectados en la investigación de las denuncias y el esclarecimiento de los hechos ocurridos a lo largo de 50 años.

 En un comunicado, Elorza ha explicado que en las últimas semanas ha mantenido reuniones y contactos con fiscales que trabajan en esclarecimiento de estos casos, así como autoridades y familiares de afectados. En su opinión, “tenemos que lograr, entre todos los poderes públicos, que las asociaciones de familias afectadas se vean acompañadas en sus objetivos de hacer justicia y que consigamos que se produzcan testimonios de personas arrepentidas e involucra-das en aquellos presuntos delitos que no deberán prescribir”.

 El presunto robo de bebés en España, entre los años 1940 y 1990, es un “escándalo social de grandes dimensiones” que ha venido aflorando recientemente y que requiere un “compromiso cierto” de los poderes públicos para avanzar en la investigación y el “deseable esclarecimiento” de los hechos hasta que se haga justicia. “El robo de miles de niños, vendidos a otras familias provoca que madres y padres, familias, lloren la pérdida de sus hijos y que muchas mujeres y hombres hoy desconozcan su origen y sus raíces”.

 En la exposición de motivos, se refiere a la situación de “indefensión y vulnerabilidad” de las personas víctimas de estos hechos. Ha asegurado que los casos anteriores a 1950, que están siendo investigados, pueden hacer pensar que los presuntos robos de bebes fueron un “instrumento al servicio de la represión franquista”.

 “Las desapariciones tuvieron lugar también, además de en las cárceles, en Hospitales y Casas Cuna de distintas ciudades españolas hasta bien entrada la democracia”. Según SOS bebés Robados, Gipuzkoa es uno de los Territorios que agrupa un mayor número de afectados, con 126 casos de los más de 200 que está tramitando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Precisamente, -ha recordado, en Euskadi el Gobierno vasco ha creado una Comisión Interdepartamental con el fin de colaborar con los afectados y sus asociaciones.

 Por último, se ha referido a la falta de documentación a la que se tienen que enfrentar los afectados. “Desgraciadamente, alrededor de dos de cada tres afectados por el presunto robo de bebés, entre las décadas de los 40 y los 80, no pueden elevar una denuncia porque carecen de documentación suficiente que respalde sus sospechas. En ciertos casos, el centro médico en el que vino al mundo el bebé, carece de papeles que certifiquen su nacimiento; en otros la búsqueda de los legajos de aborto resulta infructuosa e, incluso, se carece de constancia de su enterramiento”.