El diputado por el PSE-EE de Gipuzkoa, ODÓN ELORZA, ha presentado una Proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia. Una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista registrado el pasado 25 de octubre en el Congreso y que tiene como objetivo “dar respuesta” a este “grave problema social”.

Ha explicado que las medidas adoptadas hasta el momento son “insuficientes” para resolver o al menos para paliar la situación de los deudores hipotecarios. Por eso, y tras reunirse con colectivos y plataformas sociales, el Grupo Parlamentario Socialista ha elaborado esta Proposición de Ley que tiene un “gran calado social” y cuyo fin es el de “poner fin a los desahucios” que han afectado a más de 400.000 familias en España.

La iniciativa socialista incorpora recomendaciones del informe de un grupo de jueves del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y es una propuesta que busca la reforma legal en profundidad.

Es una ley de “segunda oportunidad” para que aquellas personas, posibles desahuciadas. puedan defenderse extrajudicialmente, llegando a un acuerdo con su entidad financiera ante notario sobre nuevas condiciones de pago.

Además, refuerza el papel y las atribuciones con flexibilidad del juez. Se toman medidas para evitar el sobreendeudamiento de las familias en los futuros contratos hipotecarios, como sucede en otros países de la Unión europea, para evitar como ha explicado ELORZA que los bancos den créditos de forma “frívola” como en tiempos de bonanzas.

Insta a un tratamiento igualitario de las personas físicas en el proceso concursal, eliminando discriminaciones respecto a las personas jurídicas insolventes. También, esta propuesta, trae cambios en el procedimiento de ejecución hipotecaria y fortalece la posición del deudor insolvente de buena fe para defenderse frente a los desahucios. Hay una modificación “importantísimo” del régimen de tasación del valor de la vivienda en el Concurso, partiendo del valor de tasación inicial, ante los abusos en el procedimiento de subasta y los intereses de demora.

Por otra parte, obliga a la adhesión al Código de las entidades participadas por el FROB, incluye la dación en pago y un arrendamiento social por dos años en la vivienda objeto de dación.

El Diputado socialista ha querido aclarar que esta iniciativa afectaría a hipotecas presentes y futuras y no se podría aplicar con carácter retroactivo para las hipotecas ya ejecutadas, lo que ha reconocido, representa “un problema”. En este sentido, ha reclamado que mientras se trata esta propuesta, se debería de establecer una moratoria, una “paralización cautelar” ante la “avalancha” de desahucios existentes. Y para aquellas familias ya desahuciadas y con una deuda viva habría que buscar una solución. Su propuesta: buscar una negociación con todas las entidades financieras, las rescatadas y los bancos y cajas que no lo han sido.

Por último, ha situado este grave problema social, que lo ha calificado de “auténtico castigo social”, como una de las causas del aumento del descrédito de la clase política ya que durante cuatro años y medio, los “gobiernos de turno” no han tenido la “suficiente sensibilidad” para tomar decisiones y aliviar y contener esta avalancha de desahucios.