INTERVENCIÓN PASTOR MONOGRÁFICO FISCALIDAD

Señorías.

Por fin podemos hablar en este Parlamento con tiempo, con todos y ante todos, de propuestas de fiscalidad. De la Euskadi que queremos, y de cómo estamos dispuestos a garantizar esa Euskadi que queremos.

Vamos a hablar de cómo queremos que sea el futuro de nuestra Sanidad, de nuestra Educación, de nuestras políticas de protección social, del impulso público a la actividad económica y a la creación de empleo.

Vamos a hablar de cómo, con qué recursos, estamos dispuestos a impulsar la actividad económica y mantener en Euskadi el Estado de bienestar, ampliamente respaldado por este Parlamento en el Pleno del pasado 3 de mayo.

El que mostró su rechazo a los recortes y defendió utilizar todos los instrumentos de nuestro autogobierno para que no sea vean lesionados los intereses de los ciudadanos.

Por eso, lo que traemos a este Parlamento es una propuesta sincera y honesta. Pretendemos que haya un debate para contrastar opiniones. Para aportar. No hemos planteado esta sesión como un pretexto para los reproches mutuos. Ni como un diálogo de sordos.

Queremos una discusión constructiva, donde todos aportemos, porque entre todos hacemos país. Cada uno en su ámbito, cada uno con sus competencias. Y todos en conjunto para todos. Con criterios de justicia, solidaridad y progreso.

Porque casi todos los que estamos en esta Cámara tenemos áreas de responsabilidad en distintos niveles y en estos tiempos de zozobra los ciudadanos reclaman soluciones y esperanzas.

Y nosotros entendemos que hay posibilidades de ajustar, sí, pero los ingresos. Sin mermar la capacidad de consumo, la de compra, la de inversión. Primando a quienes adquieren compromisos de país.

Y distribuyendo mejor esos recursos. Porque, en contra de lo que algunos afirman, hay dinero para llevar a cabo políticas de interés general desde los poderes públicos. Y nuestra obligación es recuperarlo.

Y creemos también que debemos huir de prisas y de apaños. Creemos que debemos dibujar horizontes ciertos y rigurosos. Porque en los últimos meses se han producido ya modificaciones considerables en el régimen fiscal adoptadas por partidos de diverso signo en el ámbito institucional que gobiernan.

Pero entendemos que hay que hacer las reformas con tiempo, aportando certezas a los ciudadanos sobre su factura fiscal y a las instituciones sobre sus previsiones de recaudación con las que fijar sus gastos para el próximo año.

Éstamos en el momento oportuno para ello. A mitad de año. El momento oportuno de fijar criterios comunes para que puedan adaptarse con tiempo las normativas forales.

Y es éste el lugar adecuado, porque, sin perjuicio de la autonomía fiscal de los Territorios Históricos, la Cámara que impulsa y controla el gasto de la mayor parte de los impuestos de los ciudadanos vascos debe aportar su opinión sobre los ingresos que garantizan la sanidad, la educación, la protección social y el apoyo a la actividad económica.

Estamos en el momento oportuno y en el lugar adecuado para ejercer a pleno rendimiento nuestra capacidad de autogobierno. De ejercer el autogobierno también en el desarrollo de las capacidades tributarias.

Porque el autogobierno que defendemos no se agota en la reivindicación y en los recursos ante los tribunales. Es, sobre todo y por encima de todo, el ejercicio de las competencias que se tienen a mano para ponerlas al servicio de los ciudadanos. Y hay margen para actuar en las competencias tributarias

En definitiva, queremos un debate sobre modelo fiscal para garantizar el Estado de Bienestar, mejorar la equidad tributaria, fomentar el empleo y apoyar a nuestra economía real.

 No queremos un debate sólo para recaudar más el año que viene. No queremos un debate de subida de impuestos. No es un debate puramente coyuntural, de respuesta a la crisis.

Es algo más: Es un debate de futuro. Es un debate de país, de modelo de país, de servicios públicos que queremos conservar y mejorar.

Es un debate que debe incluir qué tipo de sociedad tenemos, a qué necesidades estamos dispuestos a hacer frente, qué evolución demográfica contemplamos, qué redes de solidaridad y de cohesión social estamos dispuestos a mantener.

Y es un debate alejado de cualquier tentación electoralista. Nosotros no tenemos miedo a decir lo que pensamos sobre los impuestos.

No lo hemos tenido en toda la legislatura, aunque, en más de una ocasión, además de razones competenciales, se haya alegado la proximidad de las elecciones por parte de quienes no tenían interés en entrar en esta discusión.

 Eso se nos ha dicho incluso en 2010, cuando no había ninguna convocatoria electoral ni previsión de hacerla.

Pero los socialistas, insisto, no tenemos ningún temor a decir a los ciudadanos cómo queremos hacer país y cómo queremos garantizar el Estado de Bienestar que esos mismos ciudadanos nos demandan. Y confiamos en que el resto de los grupos asuman también esa responsabilidad.

El debate de hoy, que deberá tener su continuidad y concreción en las Juntas Generales, es un paso más dentro de un esquema de actuación de país que está marcando la legislatura. Es bueno recordarlo para situar esta iniciativa.

El pasado 14 de enero de 2010 el lehendakari intervino ante los altos cargos de su gobierno para definir las líneas de actuación tras los primeros meses de legislatura.

Primeros meses que habían venido marcados, como recuerdan, por iniciativas de impulso de la actividad económica, los planes Renove y otros incluidos en el +Euskadi09, para amortiguar una recesión que no se constató hasta la toma de posesión de los consejeros.

En aquella intervención, el lehendakari planteó un nuevo contrato social en el que los vascos asumiñéramos compromisos individuales y colectivos; y que definiera, igualmente, lo que cada uno puede aportar a la comunidad y lo que los poderes públicos deben garantizar. Es decir, un criterio de corresponsabilidad.

Algunos grupos de la Cámara solicitaron la comparecencia urgente del Lehendakari, para que concretara su propuesta. Y el Lehendakari la explicó al comparecer en este Parlamento,  el 28 de enero de 2010.

Y planteó la cuestión en términos extremadamente razonables. Éstos son los servicios que queremos que nos presten las Administraciones Públicas y esto es lo que estamos dispuestos a pagar para mantenerlos.

Dicho de otra forma, el Lehendakari proponía que, para seguir garantizando los servicios públicos y el Estado de Bienestar, era necesaria una revisión a fondo del modelo fiscal tras un debate “serio y racional sobre este asunto”.

Por tanto, quedaba definido el modelo: garantía del Estado de Bienestar y suficiencia financiera. Con el compromiso de analizarlo, revisarlo y acordarlo.

Lo cierto es que los debates políticos posteriores no siguieron esa vía, aunque es verdad que hubo un diputado general, el de Álava, que sí reconocía la necesidad planteada por el Lehendakari.

De hecho, la llevó a las Juntas Generales en junio de 2010, con una serie de planteamientos de revisión fiscal. Pero, por razones que están publicadas, decidió no sostener ese debate en el tiempo.

Pero el lehendakari tenía ese compromiso adquirido, y lo explicitó más adelante en el Pleno de Política General del 23 de septiembre de 2010.

Allí, y constatadas las dificultades de debate que ya se habían manifestado, anunció que, una vez se renovaran las Diputaciones tras las elecciones municipales y forales, propondría a los nuevos responsables de las Diputaciones un análisis conjunto para conseguir una fiscalidad suficiente para hacer frente a los grandes problemas del país.

Y adelantó que tal debate no sería meramente económico, sino político y social. Y que la pregunta a responder no era qué  impuestos se quieren pagar, sino los servicios que se esperan recibir.

Y avanzó, además, propuestas de reflexión. En primer lugar, para afrontar el fraude fiscal.

Y también para abordar otras cuestiones, como el diferente trato fiscal que deben merecer las empresas que invierten sus beneficios para garantizar el empleo, o que hacen esfuerzos de innovación e internacionalización, o de respeto al medio ambiente, con respecto a  las que no lo hacen.

Y nada más tomar posesión los nuevos diputados generales, les citó en Ajuria Enea. Ese 21 de julio de 2011, hace casi un año, les trasladó de manera directa una propuesta escrita que contemplaba ese criterio de servicios y modo de pagarlos, con cuatro compromisos:

• Compromiso por el empleo y la reactivación económica en Euskadi.

• Compromiso para el desarrollo conjunto de las políticas y servicios sociales.

• Compromiso por la eliminación de ineficiencias y duplicidades en las administraciones públicas vascas.

• Compromiso para definir una fiscalidad que garantice la equidad, la eficiencia y la suficiencia.

Y  puso sobre la mesa 30 iniciativas concretas sobre las que actuar en materia tributaria.

 Propuestas que fueron recibidas con frialdad, si no con desprecio, por parte de algunos responsables forales, que adujeron como argumentos que “la vaca no da más leche” y la falta de competencia por parte de las instituciones comunes.

El lehendakari insistió, con esas mismas propuestas concretas en la mano, en el Pleno de Política General de septiembre de 2011.

 Y en ese debate, con una realidad económica acuciante, y con la intención de huir de urgencias, el lehendakari planteó formalmente crear una comisión especial en esta Cámara, con participación de las Diputaciones, para tratar con rigor este asunto, sobre la base del documento citado de julio de 2011.

El lehendakari dejó  la iniciativa y su formalización en manos del Legislativo, sin que fuera atendida. Los socialistas lo trajimos después como propuesta de grupo, y la mayoría de este Parlamento la desestimó. Votó en contra. Se negó. La razón aducida para el rechazo de este debate en la Cámara fue de carácter competencial.

La realidad, sin embargo, se impuso. Los malos datos económicos, y los niveles de recaudación, bastante por debajo de lo previsto por las Diputaciones en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre de 2011 para el ejercicio de 2012, obligó a los entes forales a actuar con precipitación en los últimos meses del año y adoptar subidas de impuestos para aliviar las arcas públicas.

Aludo a estos precedentes, no para plantear reproches, sino para recordar que hay una ligazón estrecha entre el modelo de país y el Estado de Bienestar que queremos con el modelo fiscal.

Que por esa razón hemos traído de manera insistente la cuestión a esta Cámara, donde decidimos sobre gastos para hablar también de ingresos.

Y que, por esa misma razón celebramos el giro apreciado con posterioridad. El primer síntoma, el 15 de marzo de 2012.

Ese día el Pleno del Parlamento acordó instar al Gobierno vasco a que, de acuerdo con sus competencias, y en el marco de la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, siguiera trabajando en el objetivo de alcanzar una reforma fiscal que garantice la suficiencia de recursos públicos para llevar a cabo las políticas que este país necesita para salir de la crisis y mantener los derechos sociales y el Estado de Bienestar.

Asímismo, el acuerdo plenario insta al Gobierno Vasco a hacer uso de sus competencias y de la legislación ya existente en materia tributaria para aumentar los ingresos.

Para nosotros, este acuerdo supone un cambio sustancial con respecto a la postura mayoritaria de la Cámara a lo largo de la legislatura, al negarse a considerar las competencias y capacidad política de las instituciones comunes para intervenir en la orientación y coordinación de las actuaciones tributarias.

Y ese cambio detectado es el que nos llevó a impulsar este pleno monográfico Porque entendíamos y entendemos que este acuerdo responde a la convicción de la mayoría de que había que abordar la cuestión fiscal desde las instituciones comunes.

Nuestra convicción se ha visto reforzada con ese compromiso parlamentario más reciente aún, el ya citado del 3 de mayo, una vez propuesto este debate, en defensa de los servicios esenciales del Estado de Bienestar desde la utilización de todos los instrumentos de autogobierno a nuestro alcance. Y el fiscal es uno de esos instrumentos.

Llegados a este punto, ¿Qué proponemos a la Cámara?

Primero, un análisis.

Nos remitimos a un informe presentado hace poco, en marzo, en las Juntas Generales de Álava. Entiendo que todos ustedes lo tienen, porque casi todos pertenecemos a partidos con representación en esa Cámara.

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda alertaba de que el sistema fiscal de los tres Territorios vascos convive con una economía sumergida en torno a 13.560 millones de euros anuales que no se declaran. Ni más ni menos que la quinta parte de todo nuestro PIB.

Y el elevado nivel de la economía oculta en Euskadi supone un  fraude fiscal que cuesta a las arcas públicas, a los ciudadanos vascos, 2.415 millones de euros. Todo el presupuesto de Educación

Este informe nos daba otro dato relevante: sólo en Álava, menos del 5 por ciento de los contribuyentes declaran rentas por encima de los 51.600 euros anuales, y el uno por ciento declara 90.000 euros anuales. Y los técnicos constatan la huida de las grandes fortunas del IRPF, lo que atenta contra el principio de equidad del sistema tributario.

No hay nadie en esta Cámara ni fuera de ella que crea que los jefes ganan menos que sus empleados

Con estos datos que, repito, no son nuestros, sino de técnicos de Hacienda, tenemos dos conclusiones: que no pagan todos, puesto que hay fraude; y que no paga más quien más tiene, puesto que no hay progresividad en determinadas rentas, sobre todo por la dualidad entre rentas de trabajo y capital.

Recomendaban los técnicos también que se modificara la regulación tributaria, de forma que, al menos, de las rentas de capital queden excluidas las ganancias patrimoniales especulativas. Y sabemos bien el daño que la especulación está causando no ya en la economía, sino en el sistema social en su conjunto.

Con respecto al impuesto de sociedades, el que grava los beneficios de las empresas y no el total de sus ingresos, los mismos técnicos recordaban que la carga tributaria por este concepto para las grandes empresas es inferior a la de las microempresas y pequeñas compañías, ya que cuentan con servicios especializados en asesoría tributaria a los que no pueden acceder las compañías de menor dimensión.

 Así, el tipo nominal de las grandes empresas en España se sitúa actualmente por debajo del 17%, muy inferior a la carga fiscal de las de mediano tamaño (19%), de las pequeñas (20%) y las microempresas(22%). ¿Es esto lógico? Recordemos que en Euskadi el tipo de referencia de este impuesto es del 28%, dos puntos por debajo del de territorio común.

Los técnicos de Hacienda proponen en este sentido establecer un tipo impositivo adicional en los beneficios que no se reinvierten para aquellas compañías cuya base imponible supere el millón de euros, lo que permitiría nivelar el tipo efectivo medio con el del resto de empresas y permitiría recaudar unos 13.000 millones de euros adicionales en cómputo estatal".
 

Otro informe. De la UPV el pasado año. Se llama “Bases  para una reforma fiscal en la Comunidad del País Vasco', y lo tienen todos ustedes, puesto que fue remitido por el Gobierno a raíz de una pregunta parlamentaria del PNV.

Dice que el fraude es el problema más importante del sistema fiscal vasco. Lo calcula en cifras similares al informe citado previamente, unos 2.500 millones de euros.

Subraya que ha sido un asunto ignorado en nuestras instituciones, debido a un contexto económico favorable en el que sí se controlaba a los asalariados, y destaca que el coste de esa “inacción” ha sido una pérdida recaudatoria y la inequidad radical del sistema fiscal.

En resumen, que parte de nuestras dificultades actuales tiene bastante que ver con que en épocas pasadas no hubo preocupación por lo que pagaban determinados colectivos.

Añade este informe de la UPV: que las conductas irregulares se concentran en rentas altas y no salariales; y que lo que declaran autónomos, profesionales y empresarios es poco creíble, apenas el 8 por ciento del total de la renta fiscalizada.

Pero este segundo informe nos advierte de otra cuestión que va más allá incluso de la suficiencia de recursos.

Alerta de que esta “tolerancia extrema” de las administraciones y esa falta de voluntad para combatir el fraude quita legitimidad a las instituciones ante los contribuyentes que sí pagan lo que les toca.

Hasta aquí lo referido a lo que es fraude desde el punto de vista legal: dejar de declarar ingresos para no pagar impuestos por ellos. Pero hay otro tipo de fraude, el que tal vez no pueda ser perseguido legalmente pero sí socialmente y, desde luego, políticamente.

Es el fraude de utilizar figuras impositivas que evitan pagar impuestos que se correspondan con el nivel de ingresos. Y lo permiten las instituciones a través de determinadas figuras, como fueron las SICAV o como son las Sociedades de Promoción de Empresas.

¿Es tolerable que sociedades domiciliadas en Euskadi, con beneficios multimillonarios, paguen solamente el 1 por ciento en impuestos sobre beneficios a través de estas Sociedades especiales, una figura derogada en el resto de España pero vigente aún en los Territorios Históricos.

Obviamente, NO

También se evita pagar impuestos que se corresponden con el nivel de ingresos de un empresario o profesional cuando se utiliza el impuesto de sociedades, por ejemplo, con un tipo más bajo, para tributar por diferentes rentas o gestión de patrimonios que, en realidad no suponen una actividad empresarial, no revierten en beneficio social o en creación de empleo….

Utilización que permite descontarse gastos, aunque sean de carácter privado, el IVA y otros beneficios con un claro resultado: se pagan menos impuestos de los que correspondería sin que ello beneficie al conjunto de los ciudadanos

A ello se suma otra reflexión general. En la actualidad contamos con un sistema tributario similar en cuanto a deducciones e incentivos al que había en época de bonanza económica. Es decir, el mismo modelo en este aspecto en época de recesión que cuando la economía crecía el 4 por ciento y la recaudación el 10 en algunos impuestos

Son datos del Gobierno Vasco de los que también disponen todos ustedes. El gasto fiscal presupuestado para este año es del 33,7 por ciento de la potencialidad recaudatoria.

Es decir, que nuestras haciendas dejan de ingresar este año 6.000 millones en forma de deducciones e incentivos. Más de la mitad de los presupuestos totales del Gobierno.

Y nosotros defendemos que se mantenga el sistema de deducciones e incentivos, por supuesto, gran parte de ellos además fuera de la capacidad regulatoria de nuestras Diputaciones. Pero defendemos deducciones e incentivos, aunque ajustados a la realidad económica y a la potencialidad de los contribuyentes.

Se trata de hacer una revisión de esta materia. Con datos. Prácticamente la mitad de esos 6.000 millones de euros que supone el gasto fiscal son atribuibles al IVA, (3.126,9 millones).

Los restantes se los reparten, por orden de cantidad, el IRPF, cuyos beneficios fiscales restan a la recaudación 2.093,1 millones para 2012, seguido del de Sociedades que bonifica a las firmas con 434,8 millones; y ya después, los impuestos especiales, con 196 millones y Transmisiones Patrimoniales con 130,2.

 Pero el impuesto que más premia a sus usuarios es el de Sociedades, que, además de tener un tipo más bajo que el del resto de España (28% frente al 30%  del territorio común), está mucho más bonificado que en el resto.

El gasto fiscal del Impuesto de Sociedades es todavía ocho puntos superior al del resto de España, lo que significa que, además de un tipo más bajo, está mucho más incentivado.  

Y un último dato procedente de un informe oficial de la Diputación de Bizkaia. En su memoria anual, la Hacienda vizcaina señala que la renta media que se declara por actividades profesionales y empresariales es un 40 por ciento menor que la declarada por rentas de trabajo.

Lo que, en si mismo, es un sinsentido desde el punto de vista económico y un flagrante indicador de que algo va mal en la justicia de nuestro sistema tributario.

Repito. Nadie en esta Cámara, ni fuera, cree que los empleados ingresan menos que sus jefes

¿Cuál es el resultado de todo esto? Que nuestra presión fiscal es inferior a la media europea y mucho menor que la de los países a los que nos queremos aproximar en el modelo social.

Quienes pagan honradamente no pensarán eso pero, como hemos relatado, ellos compensan en sus impuestos lo que otros dejan de pagar. Por eso tienen una mejor percepción.

Pero la presión fiscal medida en términos económicos -esto es, cuánto se paga en impuestos en relación al PIB, a falta de computar el efecto de las modificaciones introducidas a finales del pasado año- es del 20,6 en Euskadi y un 26,2 en la Eurozona.

Sólo países como Lituania, Letonia o Grecia tienen una presión fiscal inferior a la de Euskadi

Es decir, aunque la percepción del contribuyente que paga lo que debe es que paga mucho, el conjunto de los ciudadanos de Euskadi pagamos un 6 por ciento menos que la media de los ciudadanos europeos.

Y aspiramos a que nuestros servicios esenciales sean similares.  Hay, pues, margen para mejorar: haciendo que paguen todos y haciendo que paguen más quienes más tienen.

Propuesta

Hasta aquí el contexto, los datos y la filosofía que nos han llevado a proponer el debate. Pero lo que queremos es acordar los criterios, para que éstos se transformen en normas.

Y nuestras propuestas parten de nuestros propios planteamientos, los de los socialistas. A pesar de que el debate no haya sido posible en estos años, no hemos perdido el tiempo. Además de perfilar las propias, hemos tenido los oídos atentos a cuantas sugerencias han ido encaminadas a mejorar los ingresos.

Somos receptivos a las aportaciones dirigidas a evitar nuevos recortes de gastos mejorando los ingresos. Eso sí, siempre que respondan a principios de justicia, equidad y progresividad.

Nosotros estamos de acuerdo con las iniciativas del Gobierno de España que pretenden acabar con la economía sumergida, esa que se calcula en el 23 % del PIB y que deja un margen enorme al fraude.

En lo que discrepamos radicalmente es en la amnistía fiscal, porque quien haya defraudado debe pagar lo que le corresponda. Otra cosa es cómo se traten las sanciones derivadas de ese fraude, pero no admitimos que se le perdonen parte de sus impuestos.

También estamos de acuerdo con que en el territorio común se haya modificado el IRPF. En lo que discrepamos es en que se haya planteado un esquema de subida en todos los tramos que, en la práctica, carga la factura fiscal especialmente en las rentas medias.

Igualmente, hemos escuchado alguna propuesta interesante por boca de algún dirigente del PNV, como la referida a la modificación del Impuesto de Sociedades, de forma que el mismo incentive el compromiso de país en forma de empleo e inversiones y penalice a quien sólo busca en este impuesto escaquearse de sus responsabilidades fiscales.

Son algunos ejemplos de lo que queremos hacer aquí. Queremos aprovechar todas las posibilidades. Y nuestras propuestas, les adelanto, se orientarán sobre los siguientes criterios

--- Defensa del Estado de Bienestar y de la suficiencia de ingresos que lo garanticen.

--- Fijar un principio de igualdad entre los vascos a la hora de recibir servicios y pagar impuestos.

--- Pagar todos.

--- Pagar más quien más tiene.

--- Aliviar la carga fiscal de quienes menos tienen, con consideración especial a quienes están siendo despedidos de sus empleos.

--- Acercar el tratamiento de las rentas de capital a las de trabajo.

--- Revisión de las deducciones para que las mismas se orienten en actividades que reviertan en fomento del empleo y beneficio social más que en descuento fiscal.

--- Revisión del impuesto de sociedades, que grava los beneficios que no se reinvierten, en consonancia con las peculiaridades del tejido económico en cada Territorio, de forma que se incentive a las comprometidas con el país y se penalice a las que utilizan este tributo para eludir sus obligaciones

Termino.

Debbie Bosanek tiene 55 años. Es de Nebraska. Lleva 20 años trabajando para la misma empresa. Y se hizo famosa el pasado año cuando su jefe, la segunda persona más rica de Estados Unidos, Warren Buffet, escribió un artículo sobre ella.

Explicaba que había pagado al fisco 7 millones de euros. Pero que esa cantidad sólo le suponía el 17 por ciento de sus ingresos. Es el que menos paga proporcionalmente en su empresa. Su secretaria, Debbie, paga en torno al 30 por ciento.

Pero Buffet, en el mismo artículo, añadía esta reflexión:

"He trabajado con inversiones durante 60 años y aún no he visto, ni siquiera cuando las tasas sobre los beneficios de capital eran del 39,9 por ciento entre 1976 y 1977, que nadie deje de invertir por un incremento de la presión fiscal sobre sus potenciales ganancia. La gente invierte para hacer dinero, y los potenciales impuestos nunca les han asustado",

Y así es. Tenemos que asumir que todos los beneficios que no están gravados no se transforman en inversión productiva generadora de empleo.  

Concluyo por donde empezaba. Venimos a hablar en este Parlamento con tiempo, con todos y ante todos de propuestas de fiscalidad. De la Euskadi que queremos, y de cómo queremos que se garantice esa Euskadi que queremos.

Venimos a hablar de cómo hacer que los ingresos fiscales sean suficientes y más justos. Sin mermar la capacidad de consumo, la de compra, la de inversión. Primando a quienes adquieren compromisos de país. Y distribuyendo mejor esos recursos.

Venimos a hablar de cómo ejercer el autogobierno al servicio de los vascos. Venimos a hablar de futuro. Del futuro de la Sanidad, del futuro de la Educación, del futuro de la protección social, del futuro del impulso público a la creación de empleo. Venimos a hablar de solidaridad.

Y venimos a comprometernos entre todos, en todas las instituciones. Y venimos a llegar a acuerdos.