Madrid

La Comisión de Economía y Hacienda del Senado ha aprobado este mediodía por unanimidad el Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La portavoz del PSOE en la Comisión, la senadora alavesa Yolanda Vicente, ha mostrado su sorpresa ante el giro de la postura del PP, que se abstuvo en el Congreso y, sin embargo, ha aprobado el texto en la Cámara Alta. En este sentido, Vicente ha destacado el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias y ha asegurado que el debate de esta ley "no puede ser más oportuno".

Vicente ha afirmado que la ley incide directamente en el establecimiento de obligaciones cuando existen actividades delictivas contra la hacienda pública y delitos de terrorismo tipificados en el código penal. Dicha ley, ha añadido, tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, en aras a evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o para la financiación de terrorismo.

La senadora vasca ha reclamado el respaldo de todos las fuerzas políticas y ha asegurado que "ningún grupo parlamentario puede ser indiferente a todo aquello que deslegitime y pervierta el Estado de Derecho" y ha añadido que "debemos ponérselo difícil a quienes obtienen beneficios procedentes de actividades ilícitas y que buscan los filigranas financieras en la economía real con complejas operaciones en ocasiones difíciles de explicar, que se dan en cualquier lugar del mundo, en paraísos fiscales, en actividades "aparentemente" legales, o incluso que rozan la naturaleza criminal". Yolanda Vicente ha apuntado que, independientemente de que existan algunas discrepancias, "esta ley debe ser apoyada por todos los grupos, sin silencios, sin abstenciones, porque, en todo caso, la sociedad española debe saber que estamos legislando para prevenir delitos en el blanqueo de capitales en operaciones sospechosas y en incorporar los medios suficientes para prevenir que no se produzcan actuaciones delictivas. "Algo, ha añadido, que estamos escuchando desgraciadamente demasiado estos días, y que, sin lugar a dudas, deslegitima nuestro sistema democrático".

Vicente ha explicado que para supervisar y exigir el cumplimiento de dichas obligaciones se establece un marco institucional y un régimen administrativo de sanciones para la represión de los potenciales incumplimientos. Entre los principales deberes administrativos de los sujetos obligados, la ley propone identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo, abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

Además, ha indicado que, en el terreno de la prevención, la ley considera todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal e incorpora nuevos sujetos obligados (a partir de ahora, todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a quince mil euros será incluido en dicha categoría), extiende las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales (en particular, la identificación de clientes y la comunicación de operaciones sospechosas e inusuales) a la financiación del terrorismo y regula las medidas de diligencia debida con el cliente.

Por otra parte, y en el contexto de la existencia de sectores de especial riesgo, la ley regula por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés) y establece que los sujetos obligados aplicarán a éstas medidas reforzadas de diligencia debida. Asimismo, se refuerza el examen especial en el caso de cargos públicos españoles. La nueva norma también refuerza la estructura institucional, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención. También refuerza los medios e instrumentos colaboradores en la supervisión e inspección, y prevé la posibilidad de que los órganos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) colaboren en dichas tareas con el Servicio Ejecutivo mediante la suscripción de los oportunos convenios con la Comisión. Por último, establece un sistema de localización de activos financieros que permitirá reforzar las investigaciones patrimoniales, evitando la desaparición de los fondos.