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Yolanda Vicente se interesa por la transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español

La Portavoz socialista en la Comisión de Economía y Hacienda realizará esta pregunta en el Pleno del próximo martes, día 23


 

COMUNICADO

 

La Portavoz socialista en la Comisión de Economía y Hacienda y senadora electa por Álava, Yolanda Vicente, preguntará al Gobierno cómo plantea la transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español.

 

La pregunta, dirigida a la Vicepresidenta segunda y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se formulará durante la sesión de control parlamentario en la Cámara Alta, que se celebrará en el Pleno del próximo martes, día 23.

 

Yolanda Vicente ha explicado que el proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, trata de transponer en España la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, más conocida como Directiva Servicios y relativa, por tanto, a los servicios en el mercado interior.

 

Vicente ha recordado las palabras de la Ministra Salgado en las que subrayaba que la trasposición definitiva de la Directiva Europea de Servicios, cuyo plazo finaliza en diciembre de este año, supondrá la creación de 200.000 empleos y la aportación de 1,2 puntos porcentuales a la economía, así como la mejora en las cifras de productividad, consumo y salarios. 

 

Además, la senadora del PSOE ha asegurado que la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, facilitará la creación de empresas, elevará la calidad de los servicios y condicionará la competitividad y el bienestar de las familias. Con esta normativa, ha añadido, se introducirán medidas innovadoras, como por ejemplo, la implantación de procedimientos vía electrónica y la ventanilla única, para agilizar los trámites burocráticos en la creación de nuevas empresas, sino también medidas concretas que reforzarán los derechos de los consumidores. Por último, la senadora Vicente ha puntualizado que la normativa española no supondrá una limitación de las competencias de las CCAA y añade que no alterará el reparto competencial ya que establece nuevos mecanismos de cooperación entre el Gobierno central y las autonomías. Finalmente, ha insistido en que en tiempos de crisis, una reforma estructural como pretende la directiva de servicios, modernizará y aportará mayor valor añadido a la economía española y eso será una señal positiva para reducir las tasas de paro con las que desgraciadamente contamos.

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