“Con los mejores mimbres, se ha hecho un cesto de angustia”. Así definió la andadura de este proyecto de Museo Cristóbal Balenciaga uno de los patronos fundamentales de la Fundación. Era, y es, una idea y un proyecto extraordinariamente importante, para rendir tributo y poner en justo valor la figura y obra del gran modisto vasco y de uno de los más destacados, si no el más destacado, que ha tenido ese ámbito de la cultura que es la moda y la alta costura.

Por eso lo primero que hay que desear y a lo que contribuir, con el concurso de todos, es a clarificar lo ocurrido en torno a su construcción y desarrollo, de manera que esa transparencia ante la ciudadanía enmiende en lo posible los aspectos negativos manifestados hasta ahora y sirva de soporte para el éxito final del edificio y de la iniciativa. Una posibilidad que, después de los acuerdos y la política de buena relación asentada entre las instituciones vascas y el gobierno español en esta materia, nos hace ser razonablemente optimistas. Ojala sea así.

Pero aquí hemos venido a otra cosa. En concreto, como dice el mandato de creación de esta Comisión -y recuerdo que apoyada unánimemente por todos los grupos de esta Cámara-, hemos venido y hemos trabajado durante casi cinco intensos meses para investigar y conocer lo actuado por la sociedad Berroeta Aldamar en relación a este futuro museo Balenciaga.

Recalco esto de partida porque en las últimas semanas el poder ejecutivo, el gobierno de nuestro país y que preside el señor Ibarretxe, ha tratado de poner en cuestión la labor de las dos comisiones de investigación emanadas de este Parlamento, en una nueva demostración de ignorancia sobre lo que es el ámbito de actuación de cada poder en una sociedad democrática, y en nueva demostración de arrogancia por quienes han exhibido hasta la saciedad que llevan demasiado tiempo en su puesto como para servir adecuadamente y con rigor a los ciudadanos.

Nosotros no hemos pasado casi cinco meses investigando para concluir en un reparto equitativo de culpas entre instituciones y particulares en el seno de la Fundación Cristóbal Balenciaga y de la sociedad Berroeta Aldamar.

Nuestro objeto es la actuación de esta segunda, porque el Parlamento Vasco tiene únicamente jurisdicción de control sobre el Gobierno Vasco y, en todo caso, capacidad para recomendar y legislar sobre instituciones de nivel inferior como son las diputaciones y los ayuntamientos.

En ese sentido, nosotros venimos aquí a hablar básica y principalmente de lo hecho por el Gobierno Vasco, por la Diputación Foral de Gipuzkoa y por el Ayuntamiento de Getaria, como miembros componentes del capital de Berroeta Aldamar, y responsables por tanto de lo bueno y malo hecho por esa entidad.

Sobre este punto de partida claro, el dictamen apoyado por la casi totalidad de la Comisión Investigadora establece que las actuaciones iniciales de la Fundación Cristóbal Balenciaga adolecieron de numerosas irregularidades e ilegalidades.

Irregularidades e ilegalidades que resumo ahora brevemente en falta de profesionalidad en la gestión, personalismo y trato de favor continuo por parte de su gestor máximo, desviaciones presupuestarias desmedidas, cuestionable definición y dirección del proyecto y de las obras del proyecto, duplicidad de contratación de una misma persona (o de su empresa unipersonal), dependencia exclusiva de los fondos públicos, falta de discernimiento entre lo que es lo privado y lo que es lo público, opacidad constante y hasta falsificación documental.

Todos y cada uno de esos hechos, graves o muy graves, se venían manifestando desde los primeros momentos en el seno de la Fundación.

Una Fundación que, no se olvide, conformaban patronos particulares en razón de diferentes y desiguales dignidades, capacidades y amistades, junto con dos patronos institucionales de peso: el Ministerio de Cultura del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Getaria.

A este Grupo Socialista no le ha temblado el pulso en ningún instante durante estos cinco meses para dejar bien claro y decir bien alto en la Comisión que, en el ámbito de ese Patronato de la Fundación Cristóbal Balenciaga, y desde la base de que los errores de todos no fueron los mismos, en lo que hace al Ministerio de Cultura no se puede sino reprochar también su participación en esas actuaciones negativas de la Fundación.

Es cierto que los representantes del Ministerio fueron poniendo pie en pared –y reivindico aquí a todos ellos desde el primero que levantó el dedo: el señor Fontán del Junco- y que llegaron finalmente a frenar su aportación económica ante lo que estaban viendo. Pero desde su capacidad institucional podían haber hecho más para poner fin a tanta gestión ausente por completo de profesionalidad.

Pero es que ese reconocimiento de que todos, sin excepción, aunque con variaciones de culpa –si ése es el término-, actuaron mal en la Fundación Cristóbal Balenciaga es la base para afirmar que tampoco Berroeta Aldamar actuó mejor, que también lo hizo mal. Y esto es lo que aquí nos trae.

Toda esa serie de irregularidades y hasta ilegalidades que recoge el dictamen, y que yo he resumido, podían y debían haber sido conocidas por las instituciones integrantes de Berroeta Aldamar.

Las actas del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cristóbal Balenciaga están llenas de referencias y descripciones de tensiones entre sus miembros por esas irregularidades, anteriores a 2005, año en que se constituyó la sociedad Berroeta Aldamar para desarrollar la segunda fase de edificio para el Museo.

En esas actas se pueden leer quejas de patronos por causas como las siguientes: porque no se hacen auditorías de cuentas; porque una persona que es patrono fundador y padre de la iniciativa del Museo, vicepresidente y gerente de la Fundación (y luego futuro gerente de Berroeta Aldamar) hace y deshace desde una concepción personalista de la gestión de sociedades; porque ese mismo, Mariano Camio, establece constantemente una relación personal y de favor con Julián Argilagos Pi para contratarle por dos y hasta por tres cometidos distintas para hacer lo mismo y pagarle dos y tres veces por ello; porque el padre del proyecto de edificio de museo (y de la concepción museológica de éste), el mismo Argilagos, no tiene acreditada en el país una profesionalidad ni una titulación y necesita ser sostenido de continuo por un arquitecto colegiado; porque no hay un plan presupuestario; porque el proyecto de edificio de museo en su fase segunda no se adapta en líneas generales a lo que pide un museo de delicados trajes; porque partidas subvencionales para inversión se han derivado a gasto corriente, poniendo en peligro (como acabó sucediendo) la continuidad de estos apoyos públicos; porque el secretario no hacía su labor, y porque el tesorero tampoco la hacía; porque todos sabían que lo que decían iba a costar 6, acabaría costando 18 ó 20; quejas todas ellas fundadas, porque no en vano ya habían visto cómo la obra del edificio de la primera fase se había desviado en su costo en más de un 40%...

En fin, todo eso se podía conocer simplemente leyendo las actas del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación. O simplemente prestando oídos a lo que sin duda se comentaría por diversos ámbitos. Sin ir más lejos, la anterior consejera de Cultura, Mari Carmen Garmendia, no entró en la Fundación porque le olía mal y no se fiaba de lo que allí estaba pasando, y de lo que venía mal gobernando Mariano Camio.

No se olvide que algunos de esos personajes de este maldito embrollo eran correligionarios de quienes han detentado el poder en Ayuntamiento, Diputación guipuzcoana y Gobierno Vasco durante estos años.

Digo que algunos de esos personajes claves eran del mismo partido que los representantes institucionales de ayuntamiento, diputación y gobierno. Del Partido Nacionalista Vasco, como todos ustedes saben. Mariano Camio fue dieciséis años seguidos alcalde de Getaria por el PNV; Eusebio Larrañaga, tesorero de la Fundación, también era de ese partido y había sido gestor de las cosas públicas y gubernamentales. Y no eran ellos dos solos. Cualquiera podía haber trasladado el conocimiento de esas irregularidades tan habituales en la Fundación y que venían lastrando, si no poniendo en peligro, las posibilidades futuras del Museo.

Nada se dijo, al parecer. Nada se trasladó allá donde era necesario. Uno porque tenía que ocultar y ocultaba mucho. Otro porque, como otros, hizo como los monos gibraltareños: ni ver, ni oir, ni decir. Otros de otras inclinaciones políticas hicieron otro tanto. Otros, privados, hicieron otro tanto. Otros, afortunadamente, no; por eso leyendo las actas se podía saber antes de 2005 que algo, mucho, no iba bien.

Pero hay algo mucho más importante: cuando se funda Berroeta Aldamar en 2005 para salvar el desastre económico de la Fundación, uno de sus tres integrantes institucionales es el alcalde de Getaria, a su vez patrono fundamental de la Fundación desde su inicio. Es decir, que el alcalde, el sucesivo alcalde de Getaria, estaba en la Fundación y en Berroeta, y que no pasó ni un dato conocido formal o informalmente, a sus nuevos socios de la mercantil y compañeros de partido, para que éstos pudieran saber, si todavía el estruendoso rumor no había llegado a sus oídos, que aquello no iba bien.

Pero la cosa es que ni formal ni informalmente, ni por lecturas o por escuchas, ni el Gobierno Vasco, ni la Diputación guipuzcoana, ni, a otro nivel, el Ayuntamiento de Getaria, se palparon la ropa el día que decidieron constituir Berroeta Aldamar y subrogarse de todos los compromisos de la Fundación Cristóbal Balenciaga.

Ése es el quid de la cuestión: hubo una falta total de celo en la función de gestionar y controlar adecuadamente los recursos públicos por parte del Gobierno Vasco, de la Diputación guipuzcoana y del Ayuntamiento de Getaria en el momento de subrogarse los compromisos contraídos por la Fundación.

Nada se preguntó, nada se analizó como se debía, no se hizo caso a nada de lo que flotaba en el ambiente. Todos fueron monos de Gibraltar: ni veían, ni oían, ni se decían. Pero el dinero, todo el dinero, era público. Ése es el pecado y eso es lo que nos ha traído aquí y lo que justificó la creación de la Comisión de Investigación.

Y de esa falta de celo a la hora de gestionar y controlar los recursos públicos se han hecho responsables políticos ante la Comisión de Investigación emanada de este Parlamento, tanto la señora Consejera de Cultura, Miren Azkarate, como el director de Cultura de la Diputación, Imanol Agote, como el alcalde que fue de Getaria, Josu Ezenarro.

No lo ha hecho así el anterior Diputado General de Gipuzkoa, José Juan González de Txabarri, gran partidario de la iniciativa y sostenedor de Mariano Camio. Interesa destacar que él no se hizo responsable por la conclusión que pueda sacar de ello esta Cámara y la propia ciudadanía. Pero interesa también porque en su sorprendente alegato ante la Comisión dijo dos cosas principales. Mejor, dijo tres: la primera, que ni Camio ni Ezenarro le informaron de nada antes de la subrogación; la segunda, que en su tiempo no era anormal que una obra pública se desviara de su presupuesto en un trescientos por cien, lo que invita a revisar retrospectivamente la ejecución de las obras públicas guipuzcoanas de ese tiempo (pero ésa es otra historia); la tercera, la que más me interesa aquí, es que Txabarri afirmó que la Diputación, al menos, había hecho los informes previos a su participación en Berroeta Aldamar.

Interesa ese detalle porque informa por fin sobre cómo hicieron las instituciones las cosas, sus deberes. El documento de la secretaría técnica del Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación, llegado una vez cerrada la Comisión, el 19 de diciembre, señala que se emitieron los informes jurídicos y económicos previos a la incorporación accionarial de la Diputación a Berroeta Aldamar, como establecen las Normas Internas de la entidad foral, pero advierte a la vez de que el expediente no incluye ningún documento referido a la subrogación. Esto es, que frente a lo afirmado por el anterior Diputado General, la Diputación hizo el trámite necesario para

participar en una sociedad que se iba a constituir con su concurso, pero nada de informes previos, análisis de situación, entidad de los compromisos, auditoría de cuentas o estado del proyecto.

Todo esto último confirma que Berroeta Aldamar y las instituciones que compusieron esa sociedad se subrogaron, heredaron los viejos problemas e irregularidades e ilegalidades de la Fundación, sin preguntarse nada acerca de los mismos. Ese es, insisto, el problema y lo que compete a esta Comisión y a este Parlamento: la responsabilidad política de los que tenían que haber mostrado el celo adecuado en el control de los recursos públicos. Las presuntas ilegalidades cometidas por los señores Camio, Argilagos y Paciel están en otro poder democrático como es la Justicia, y no nos cabe a nosotros terciar en ese ámbito.

Durante cinco meses de trabajo de la Comisión hemos asistido a los retazos de un relato especialmente cutre, plagado de actuaciones que pensábamos formaban parte de otros tiempos. Una de estas cutreces es la del regalo de pañuelos de no se sabe ya qué parte de la colección a señoras de concejales del PNV por parte de Mariano Camio. Ilustra sobre cómo se gestionó todo ello durante años. El anciano secretario de Balenciaga, Ramón Esparza, entregó a Camio, entonces alcalde de Getaria, el fondo inicial de la colección. Esto pasaba antes de 1988.

Años después, Camio regaló unos pañuelos a esposas de sus correligionarios. Camio seguía siendo el mismo alcalde que recogía las preciadas prendas de aquel anciano necesitado de cariño. Él iba determinando cuáles eran para la colección y cuáles para él. Eso pasó con los tan traídos y llevados pañuelos. Sencillamente, Mariano Camio, a lo largo de dieciséis años ininterrumpidos de mandato al frente del Ayuntamiento de Getaria, ya no distinguía sistemáticamente lo público de lo privado, al menos en lo referido a este asunto de Balenciaga.

Pero todo ello era posible porque tampoco se sabía qué era lo público, hasta dónde llegaba. Desde 1988, desde la primera cesión de hecho por parte del Gobierno –puesto que el Fondo ha estado custodiado desde entonces por la Fundación-, no se ha tenido un inventario debidamente detallado de piezas.

Aunque se solicitó en diferentes ocasiones que así fuera, solo unos meses antes de la cesión legal del Fondo del Gobierno Vasco a la Fundación, en noviembre de 2003, se ha podido tener un inventario de piezas.

Pues bien, como se ha manifestado en la Comisión, ese inventario fue encargado por el Gobierno cedente para que lo realizaran los técnicos de la entidad que iba a recibir la cesión, la Fundación. Es decir, que el Gobierno fiaba la relación de su propiedad a la buena voluntad de una entidad ajena que iba a ser depositaria de ese patrimonio. Y no solo eso. Todavía cuando termina 2008 nadie en rigor es capaz de afirmar que ese inventario sea definitivo ni que todas las piezas propiedad de la Administración Autónoma Vasca sean las que refiere esa relación de fondos. Bajo estos presupuestos, a quién extraña que no se sepa si los pañuelos regalados por Camio a aquellas esposas de concejales eran o no del fondo del Gobierno Vasco.

Todo lo expuesto y recogido en el Dictamen es solo una parte de lo escuchado en la Comisión Investigadora y leído en documentos por parte de los comisionados.

La veracidad del Dictamen podrá rebatirse si existen datos que afirma éste y que no se corresponden con la realidad. Entonces habrá sido en parte una investigación mal hecha. Los comisionado somos humanos, el tema es un maldito embrollo y soy capaz de asumir esa duda razonable como punto de partida. Pero que no se discuta frívolamente sobre la intención del dictamen y sobre la convicción de la casi totalidad de los comisionados de que el mismo recoge un relato cierto de lo que hemos escuchado, leído y reflexionado en estos casi cinco meses de acelerada investigación.

Soy muy consciente de que la verdad se puede hacer depender arteramente de las conveniencias y coyunturas. Eso podía haber pasado. Pero un dictamen sostenido por la casi totalidad de los comisionados elimina esa posibilidad. Podemos habernos equivocado –aunque, curiosamente, eso no lo ponen aquí en duda los discrepantes externos-, pero ni hemos engañado respecto de lo conocido en la Comisión, ni nos hemos engañado para llegar a una conclusión falsa o de conveniencia.

El resumen de este asunto Balenciaga no es muy diferente del referido al asunto Guggenheim y, si me apuran, de lo que concluimos cuando vemos cómo están fallando muchos pilares sobre los que se sostenía nuestro universo mundo: se ha fiado en exceso de la tecnocracia, se ha fiado demasiado del gerente, se ha denostado en demasía el control público de los fondos públicos, se han levantado demasiadas cautelas y prevenciones, se han obviado mecanismos de control administrativo por lento o farragoso o caro, se ha confundido burocracia con observación, y se ha dudado del sentido de la acción de los representantes públicos ante las bondades atribuidas al libre y técnico desarrollo de los negocios, de las iniciativas o de los proyectos.

Se ha acudido en exceso y sin reflexión a sociedades instrumentales que, por definición, esquivaban la observación del Parlamento, del Tribunal de Cuentas o de una simple auditoría obligatoria. Al final hay un pillo o un chorizo o una gestión personalista porque quien pone el dinero de todos y está llamado a cuidar del dinero de todos no sabe o no quiere saber.

Pillos y chorizos hay en todas partes, y los seguirá habiendo. De ellos se ocupa la Justicia; nosotros, este Parlamento, esta Comisión investigadora, se ocupa de saber por qué quien tenía que vigilar y poner orden no lo hizo hasta el día siguiente de que reventara un secreto a voces. A eso se ha dedicado esta Comisión y de eso habla el dictamen que a ustedes se les propone para su aprobación.