Sra. Presidenta, Señorías:

Nos anima hoy aquí el único objetivo de restablecer la confianza perdida en la gestión del Museo Guggenheim, una institución muy querida de todos nosotros, sostenida con nuestros impuestos y que pasea el nombre de Bilbao y de Euskadi por el mundo

Nos gustaría que nuestros grandes titulares en materia cultural fueran otros. Para ello, es preciso invertir tiempo y esfuerzo en la investigación de lo sucedido. Somos, los socialistas vascos, los primeros interesados en que esta situación se aclare, en bien del futuro de un Museo que es de todos. Nuestro, también.

Los socialistas apostamos por el Guggenheim desde el primer momento. Nuestro compromiso con este proyecto fue clave para que saliera adelante. Y no nos arrepentimos de aquella decisión. Al contrario, nos alegramos profundamente de que este Museo haya arraigado con fuerza en la sociedad vasca, convirtiéndose en un elemento tractor en la recuperación de Bilbao y en la dinamización de nuestra economía.

Hoy el Guggenheim coloca al País Vasco en la ruta mundial del Arte. Es un verdadero referente, una institución cultural emblemática de Euskadi. Y queremos que lo siga siendo. Y, por eso precisamente, estamos especialmente empeñados en limpiar el buen nombre del Museo, que es, por suerte, algo más que Cearsolo, algo más que Vidarte y algo más que la actual Consejera de Cultura.

El Guggenheim, señorías, no es propiedad privada de nadie, ni de un particular ni de un partido. Es propiedad de todos los vascos, que tienen derecho a que lo que es de todos, y está sufragado con los impuestos de los ciudadanos, se gestione con honestidad y transparencia en beneficio del conjunto de la sociedad vasca.

Y de eso, y no de otra cosa, es de lo que nos toca hablar hoy. Estamos hablando de una clamorosa falta de honestidad y de transparencia en la gestión del Museo. De lo mal que ha estado guardado el patrimonio común. De un escándalo que, por sus características y sus dimensiones, por todo lo que denota, ha provocado alarma y desmoralización en la sociedad vasca.

Y ha obligado al Parlamento Vasco a intervenir, a través de una Comisión parlamentaria de investigación. Y quiero recordarles que, al fijar los objetivos de la Comisión, el criterio unánime de los grupos parlamentarios en este Parlamento fue el siguiente:

“La opacidad, la falta de transparencia y las faltas de control en la gestión económica y financiera del Museo Guggenheim hacen que debamos analizar en la Comisión las decisiones de los órganos directivos del conjunto del Museo y sus Sociedades, y las adoptadas en el seno del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, en sus Departamentos de Cultura y Hacienda, en lo concerniente a sus responsabilidades administrativas en el museo y sus sociedades”.

Y he querido recordar esto que todos los grupos parlamentarios aprobamos en esta Cámara, porque hay voces interesadas en deslegitimar al Parlamento. Porque hay una campaña indigna, infame, contra la institución representativa de todos los vascos, contra la mayoría de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, por cumplir con su obligación, con nuestra obligación.

Porque hay maniobras partidistas radicalmente antidemocráticas, para doblegar a los representantes de la sociedad vasca y hacernos desistir de un trabajo que nos compete, y para el que fuimos elegidos: como es el de ejercer el debido control sobre la gestión de los bienes públicos. En nombre de mi Grupo, denuncio esas maniobras y deseo que los demás Grupos parlamentarios de esta Cámara defiendan la Institución.

Y quiero advertir aquí, en esta tribuna, que la soberbia de algunos que siguen creyendo que Euskadi es suya no va a poder con el Parlamento Vasco. Ni va a esterilizar el trabajo y las funciones que corresponden a esta Cámara.

Como ven, señorías, aquí no estamos hablando sólo del “caso Cearsolo”. Estamos hablando también de aquello que ha hecho posible ese desfalco continuado, a lo largo de diez años, por parte del que fuera director financiero de la Fundación Guggenheim y contaba con la máxima confianza del director del Museo, Juan Ignacio Vidarte. Y estamos hablando también, a la vista de ciertas reacciones que se están produciendo, de la defensa de nuestras instituciones democráticas de autogobierno.

El desfalco del señor Cearsolo representa una versión actualizada del dedo que apunta a la luna del proverbio oriental. El estúpido, como saben, se limita a mirar el dedo, cuando lo más importante es mirar lo que el dedo está indicando.

Es grave, muy grave, una verdadera vergüenza, el hecho de que el desfalco de Cearsolo se haya producido. Pero más grave aún es que ese desfalco haya sido un producto directo de la opacidad que ha imperado en todo lo concerniente a la marcha del Museo. Porque el Museo Guggenheim ha sido desde su nacimiento un coto cerrado, impermeable al control del Parlamento y de exclusiva propiedad del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral.

Desde el inicio de su construcción y puesta en funcionamiento, las compras y la contratación del personal se hicieron sin respetar, en un caso la publicidad y concurrencia; y el mérito y la capacidad en el otro. Lo confirmó el T.V.C.P. en su informe sobre el proceso. Ha sido un Museo público a la hora de ingresar dinero y privado a la hora de responder al control.

El Director General, no sólo no aceptó las conclusiones del TVCP, sino que llegó a contratar a gabinetes de abogados para argumentar que el entramado Guggenheim no está constituido por entidades públicas y que por lo tanto no están sujetas a la legalidad aplicada por el TVCP.

Nos encontramos, pues, con que el Director General de una entidad que gestiona en interés público obras de arte adquiridas por la instituciones públicas, mediante ampliaciones de capital con cargo a los presupuestos públicos de una sociedad pública, la Tenedora, asentada a su vez en los locales construidos por una empresa pública, la Inmobiliaria; ese Director General, como digo, defiende que lo que hace es una actividad privada y por tanto ajena a los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad que regulan el gasto público.

Desde tal perspectiva, se trata la opinión del TVCP como si fuera cualquier opinión, sin aceptar que es el supremo órgano fiscalizador de Euskadi. Y en esto el Sr. Vidarte es apoyado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Vizcaya sin pestañeo. Es más, la Consejera de Cultura de este Gobierno se convierte en la portavoz del Museo y todos dicen lo mismo que Vidarte.

Y ahí empieza toda la historia. Así que repasemos lo ocurrido, empezando por el principio. Y el principio, el descubrimiento de las graves irregularidades ocurridas en el Guggenheim no está en el celo mostrado por el director del Museo ni por el Gobierno Vasco, sino en la fiscalización de la compra de dólares por parte de la Sociedad Tenedora puesta en marcha por el Tribunal Vasco de Cuentas, a requerimiento de este Parlamento Vasco.

Es casualmente cuando el Tribunal Vasco de Cuentas empieza a investigar a fondo cuando, y esto es relevante, salta el escándalo. Pero vayamos a los hechos.

Primero: Está probado que las sociedades instrumentales, Inmobiliaria y Tenedora, carecían de instrumentos de control interno y externo, lo que hizo posible el desfalco. Falta de control interno, al delegar, Juan Ignacio Vidarte, indebidamente, la gestión de la Tenedora, en manos de Roberto Cearsolo. Falta de control externo, porque desde 1998, el director del Museo adoptó la decisión de que ninguna de esas dos sociedades se sometieran a una auditoría externa, a diferencia de lo que ocurría con la Fundación.

Segundo: Cearsolo era el hombre de confianza de Juan Ignacio Vidarte y en calidad de tal fue presentado a la BBK por el Director General del Museo. Nadie, como ya he señalado, controlaba su quehacer en las Sociedades Inmobiliaria y Tenedora. De aquí se deducen responsabilidades claras con respecto a Vidarte, que, siendo el administrador único de la sociedad, mantenía patrimonio público sin ningún control, ni interno ni externo, sobre su gestión.

Tercero: Sigue sin aclararse cómo se detectó el desfalco. Ni el mayor experto del mundo detecta un desfalco por la simple visión de una conciliación de cuentas bancarias, como nos ha contado el señor Dobaran. El propio señor Vidarte declaró en la Comisión de Educación y Cultura que “lo que hacía Cearsolo era difícil de detectar, salvo que se entrara en una investigación”, para lo cual, añadía, “tiene que haber algún tipo de sospecha que induzca a la investigación”.

Punto de vista que compartimos. Por eso, pensamos que, cuando Dobaran entra en los Libros de Roberto Cearsolo en el Museo existía ya el conocimiento o, al menos, la sospecha del desfalco. Nunca se nos ha dicho la verdad al respecto, pero ésta es la verdad.

Cuarto: Compra de dólares. El señor Vidarte no ha dado nunca ninguna explicación convincente de por qué se compraron dólares en 2002. La pésima gestión del señor Vidarte ha provocado una pérdida de más de 8 millones de euros. Entre otras razones,: primero, por apostar con dinero público; segundo, por realizar operaciones de seguro de cambio, puramente especulativas, que no aseguraban nada, porque no se correspondían con compras de obras de arte cuyo precio se quiere asegurar; tercero, por empeorar aún más la situación, aplazando los vencimientos de la operación forward-plus, en vez de cancelarla o cerrarla cuanto antes; y, cuarto, por comprar todavía más dólares en el mercado.

Además, sostenemos que el señor Vidarte, conforme al apoderamiento de 26 de abril de 1995, vigente hasta el 8 de julio de 2008, no tenía poderes para suscribir esas operaciones.

Quinto: Contabilidad. La sociedad aplica criterios contables a su antojo, para camuflar las pérdidas originadas por las compras de divisas, sin hacer constar los cambios de criterio ni en las memorias ni en las cuentas. A partir de 2004 y hasta 2006, se esconden las pérdidas, incrementando el valor del activo inmovilizado, en contra de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Lo que tuvo que ser corregido, tanto por el TVCP (informe 2007), como por la Auditoría ATTEST.

Esta forma de actuar afectó a la imagen fiel de la Sociedad Tenedora. Pero el señor Vidarte no aceptaba nada. Y seguía argumentando con criterios contables inexistentes e inaplicables. Y la misma actitud han mantenido la Presidenta del Consejo de Administración, Sra. Azkarate, o la secretaria del Consejo, Sra. Greaves, en el momento de producirse los hechos.

Sexto: Agujero financiero patrimonial. Tanto el señor Vidarte, como la Presidenta del Consejo de Administración, Sr. Azkarate, se han obstinado en negar un dato que conocen perfectamente y es inapelable. Y es que la Sociedad Tenedora precisa de una ampliación de capital de carácter finalista para cubrir el agujero financiero patrimonial a 31 de diciembre de 2007.

Una situación que se mantendrá a 31 de diciembre del presente año, dado el carácter finalista de la ampliación realizada en 2008, para comprar obras de arte en el período 2008-2011. Cuestión sobre la que el señor Vidarte no quiso o no supo decirnos la verdad. Más allá de aceptar finalmente que en 2008 no habría dinero para compra de obra de arte.

Séptimo: Actitud permanente de ocultamiento, obstrucción y negación de la información por parte de los gestores de las sociedades del Museo. Desde 1998 no se auditan las sociedades instrumentales. Y el Consejo de Administración de la Tenedora ha delegado sus funciones en un Apoderado general. El cual, a su vez, las ha delegado de hecho, pero no de derecho, en alguien ajeno a la Sociedad, que ha actuado como jefe absoluto de la misma sin control efectivo de nadie.

Todo ello ha desembocado en unas pérdidas de 8.398.315 euros por compra de dólares (lo que motiva uno de nuestros dos votos particulares); en un desfalco de 557.000 euros y en una situación técnica de extremada falta de liquidez de la Tenedora, a 31 de diciembre de 2007, que sólo podría resolverse mediante una aportación extraordinaria de los socios de al menos 5 millones de euros (lo que motiva nuestro segundo voto particular)

Y, pese a todo lo ocurrido, la actitud de los gestores del Guggenheim ha sido negar. Negar hasta lo claramente expuesto por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, tratando la opinión del máximo órgano interventor de esta Comunidad Autónoma como si fuera la de cualquier lego.

Señorías:

Lo sucedido no es sino el lógico desenlace de una historia que empezó con oscuridad e incumplimiento de la legalidad, se desarrolló con más incumplimientos legales y opacidad contable y ha terminado con delincuencia común y pérdidas sin precedentes.

El señor Vidarte es responsable de lo sucedido. Y, además, culpable. Hizo dejación de sus funciones como administrador. No debió haber mantenido la gestión de dos sociedades instrumentales sin control interno ni externo. Sus poderes no incluían la suscripción forward-plus, por 13,3 millones de euros. Según el apoderamiento, que he mencionado antes, de 26 de abril de 1995, vigente hasta el 8 de julio de 2008, podía celebrar “contratos relativos a los bienes o servicios” que no superen 5 millones de pesetas, y eso incluye contratos de seguro. Y ha tratado, además, constantemente de ocultar los hechos, confundir al Parlamento y eludir su responsabilidad. El señor Vidarte mo merece seguir en el cargo

Su gestión, pues, ha provocado una pérdida de 8.398.315 euros.

Y lo mismo cabe decir de los componentes del Consejo de Administración, empezando por su Presidenta, la Consejera de Cultura, que, en todo momento, ha hecho causa común con el señor Vidarte. Por eso, ha recibido ya la censura de la abrumadora mayoría de este Parlamento, tal como se recoge en el dictamen que hoy vamos a votar.

Una censura que es hoy más pertinente que cuando se elaboró el dictamen, a la vista de que la señora Azkarate no ha mostrado el menor propósito de enmienda. Más bien, ha actuado con una actitud desafiante e injuriosa hacia esta institución, que le incapacita para seguir siendo consejera y portavoz del Gobierno.

Reconozco, señora Consejera, que el momento es duro para usted. Pero es en estas situaciones cuando un representante político tiene que saber estar y asumir sus responsabilidades con gallardía. Y usted no ha sabido estar a la altura que el momento exige. Y ha sido incapaz incluso de cumplir la palabra que empeñó en este Parlamento.

Quiero recordarle, señora Azkarate, que usted apoyó en su día la Comisión de Investigación. Y no sólo eso: aceptó, igualmente, que se atendría a sus conclusiones. “Apoyaremos y nos vincularemos con el trabajo de este Parlamento”, dijo textualmente en esta Cámara.

Ahora, sin embargo, hace unos días, no ha dudado en arremeter de manera grosera contra el Parlamento Vasco y su Comisión de Investigación, a la que acusa de revolver la porquería(dejémoslo en estos términos). Y esto es algo gravísimo que el Parlamento ni puede tolerar ni debería dejar pasar.

Y, en cualquier caso, quien insulta a un Parlamento, como usted lo ha hecho, señora Azkarate, está incapacitado para gobernar. Aunque sólo fuera por eso, señor Azkarate, debería usted presentar la dimisión.

Señorías:

Que nadie tenga la tentación partidista de emprender campañas de agitación para deslegitimar el trabajo de investigación de este Parlamento. Que nadie confunda defender lo que es de todos con poner a todos de escudo para eludir las responsabilidades políticas o derivadas de una mala gestión.

Es precisamente esta concepción patrimonialista de algunos la que nos ha traído hoy hasta aquí, la que está en el núcleo de lo ocurrido. Ese curioso modelo de lo público es lo que, afortunadamente, ha caducado.

Así que, frente a la actitud de algunos de asfixiar el debate, la nuestra es justamente la contraria: abrir ventanas y puertas, para permitir que la cultura se airee, que el libre pensamiento florezca y que la verdad se restaure.

Hoy nos toca “mirar atrás”, a pesar de todo sin ira. Y lo hacemos con la firme convicción de que la luz tiene que abrirse paso en la niebla y de que el sufrimiento necesario nos conducirá a la madurez y a la empatía.

No hay en nosotros consideración alguna de oportunidad. Lo que hay es el deber político y moral de esclarecer lo ocurrido para recuperar la credibilidad en nuestras instituciones.

Lo que hay es rendir cuentas ante la sociedad vasca, que no quiere el ocultamiento ni la confusión. Quiere que se levante el velo. Y es irresponsable poner en tela de juicio el intento genuino y el enorme trabajo que nos ha llevado el esclarecimiento de la verdad.

En contra de lo que algunos afirman, este debate no va a debilitar al Guggenheim. Más bien lo va a fortalecer. ¡Que nadie se atreva, pues, a afirmar, si no quiere caer en la desfachatez, que el debate legítimo, necesario y clarificador sobre lo que ha ocurrido en el Guggenheim procede de aquéllos que sólo pretenden minar la confianza en el Museo.

Es justo al revés. Son otros los únicos responsables de la mala imagen que ha sufrido el Guggenheim-Bilbao, desde que se conocieron las primeras irregularidades.

Lo es quien cometió el desfalco y quien fue incapaz de controlarlo durante diez años. Lo es quien manejó dinero público como si de su cartera de divisas se tratara. Y lo son también los sucesivos representantes políticos que, sentándose en los Consejos de Administración, han relajado su atención en el manejo de los recursos públicos.

Que nadie, señorías, busque fantasmas en castillos ajenos, porque están en sus propios castillos.

Nada más. Muchas gracias.