La fecha en la que, una vez al año, algunos exaltan la patria particular y utópica puede ser también el momento oportuno para fijar la vista en el país real de todos los vascos y vascas, y pensar en las prioridades para un futuro que ya está aquí. Los 35 años de andadura de Euskadi como proyecto político de convivencia compartida suponen un periodo suficiente para hacer balance de la experiencia de nuestro autogobierno y también para proponer reformas que nos lleven a actualizarlo y mejorarlo. 

Cuando plantean una ruptura del marco de relación con España, los partidos nacionalistas piensan ante todo en dar satisfacción a sus aspiraciones soberanistas, y no tanto para mejorar aquellos aspectos que han chirriado en el desarrollo del Estatuto de Gernika o introducir otros que no estaban previstos en 1979. Sin embargo, el nacionalismo omite o es abiertamente reacio a las reformas hacia dentro que el País Vasco necesita y está reclamando a gritos. 

Los socialistas no nos oponemos a reparar los desajustes detectados en el modelo autonómico. Lejos de ello, mi partido ha presentado una propuesta abierta de reforma de la Constitución que aborda cumplidamente esta cuestión. Pero consideramos que las consecuencias más tangibles para la vida de la ciudadanía vasca no van a producirse intentando dar satisfacción a las demandas de un nacionalismo perpetuamente insatisfecho, sino acometiendo una revisión de nuestro autogobierno hacia adentro. En definitiva, repensando la Euskadi que hemos construido, aligerando adherencias institucionales que chupan energías y recursos, y puliendo las estructuras administrativas para ponerlas al servicio de la ciudadanía y la modernidad.

Para llevar a cabo esta tarea hay que desprenderse de telarañas míticas y de visiones adanistas. El País Vasco de hoy ha sido una experiencia de éxito que no nace de la nada. Pero los vestigios de un foralismo fosilizado al que algunos se abrazan están operando como un lastre para disponer de un sistema institucional ágil y eficiente. Y está comprobado que el que tenemos no es ni una cosa ni la otra. Y que nos sale muy caro, como lo puso de manifiesto el Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias elaborado en la anterior legislatura, que estimó su impacto anual en más de 400 millones de euros, contabilizando sólo una parte de los gastos presupuestarios. 

Cuántas cosas se podrían hacer en nuestro país con esos recursos liberados y con una estructura burocrática afinada a las dimensiones de nuestra población y nuestro territorio. De eso estamos hablando: de adaptar las competencias y los servicios públicos a las nuevas exigencias, para ofrecerlas a la ciudadanía con la mayor calidad y eficiencia, y con el menor coste. De abordar reformas que ya han culminado regiones europeas y de otros continentes con las que tenemos que competir en un mundo globalizado.

No se trata de borrar el peso de los territorios históricos ni de arrumbar las Diputaciones Forales. Pero es evidente que el diseño de corte confederal establecido para la comunidad autónoma por el PNV en la Ley de Territorios Históricos de 1983, de acuerdo a su modelo de partido, ha originado importantes disfunciones y demasiada grasa institucional, en forma de sociedades y entes públicos multiplicados por tres territorios. Los problemas quedaron disimulados mientras la economía generó abundantes recursos y tanto el Gobierno vasco como las tres Diputaciones estuvieron en manos del mismo partido. Sin embargo, la quiebra de la hegemonía del PNV y la irrupción de la crisis con una drástica caída de la recaudación tributaria han hecho que esos desajustes ya no puedan soslayarse, porque afectan muy directamente a la vida de los ciudadanos y la calidad e igualdad de los servicios que reciben.

No resulta explicable, por ejemplo, que en un marco tan reducido como el de nuestra comunidad no esté perfectamente delimitado qué competencias corresponden a las instituciones comunes (Gobierno y Parlamento) y cuáles a las Diputaciones Forales y a los municipios. Tampoco lo es, consecuentemente, que unas instituciones dispongan de recursos sobrantes que pueden destinar a funciones que no tienen asignadas, mientras las otras apenas llegan a atender las suyas. O que al Parlamento de Euskadi, en contra de lo que establece el propio Estatuto (artículo 41.1.a), se le haya restringido su capacidad para intervenir en algo tan esencial como la política fiscal del conjunto del país, siendo como es la única institución facultada para aprobar leyes. 

De esta anomalía se han derivado diversas consecuencias negativas. Una de las más perversas es la apropiación por los territorios de los recursos tributarios, que arrastra a una dinámica de agravios y balanzas fiscales arrojadizas. Cuando lo cierto es que la recaudación de los impuestos se hace por territorios, pero quienes aportan son los ciudadanos vascos que viven en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Y lo hacen conforme a su nivel de renta o consumo, no por su domicilio fiscal.

La necesidad de revisar nuestro autogobierno hacia adentro no es una ocurrencia de los socialistas ni una tarea que pueda acometerse en singular. De su abordaje va a depender en cierta medida la sostenibilidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía vasca y la competitividad de nuestra economía. Con este espíritu ofrecimos al PNV, en el Acuerdo de País que suscribimos en septiembre de 2013, un procedimiento para avanzar en ese camino, que debería culminar con la “modificación/actualización de la LTH” antes del 31 de diciembre de 2015. 

El plazo está cercano y el recorrido del Gobierno del PNV ha sido decepcionante. Los socialistas, sin embargo, seguimos vinculados a ese compromiso, además de seguir trabajado para que se apruebe por fin una Ley Municipal digna de tal nombre. Por ello, como el Gobierno no parece dispuesto a hacerlo, mi partido va a presentar una propuesta articulada de reforma de dicha ley. Porque el futuro de la Euskadi moderna, eficiente y competitiva a la que aspiramos no admite más dilaciones. 

Idoia Mendía Cueva. Secretaria General del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra.