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El Gobierno anuncia que la nueva Ley de Dependencia creará 5.000 puestos de trabajo en Euskadi

Amparo Valcárcel sitúa en 60.000 el número de personas dependientes en Euskadi

VITORIA

   La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcárcel, anunció hoy que el desarrollo de los programas sociales que se deriven de la Ley de Dependencia supondrá la creación de 5.000 puestos de trabajo en Euskadi, de los que 800 serán en Alava.

   En una rueda de prensa celebrada hoy en Vitoria, Valcárcel presentó los proyectos que el Gobierno central está realizando en Euskadi con el objetivo de ofrecer servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, plazas residenciales y otras prestaciones a las personas dependientes.

   El Gobierno central calcula que estos proyectos tendrán un impacto económico y propiciarán una creación de empleo en el sector socio-sanitario que van a suponer un crecimiento de PIB del 0,28%. La inversión prevista superará los 26.000 millones de euros en los próximos ocho años.

   Valcárcel recordó que esta labor ya se estaba realizando en algunos ayuntamientos y destacó Euskadi, Alava y la ciudad de Vitoria como "un buen ejemplo de ello". Sin embargo, estas iniciativas no tenían el carácter de derecho pleno sino de derecho asistencial. Desde la entrada en vigor de la ley el pasado 1 de enero, estos proyectos tienen el carácter de derecho de ciudadanía, lo que "marca una revolución social que empezará desde este año 2007", resaltó.

   La Ley de Dependencia subvenciona directamente programas sociales de este tipo en Euskadi. De esta forma, el sistema de autonomía y atención a la dependencia "se convierte en el cuarto pilar del Estado de bienestar en nuestro país, tras el sistema nacional de salud, sistema educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los ochenta", resaltó Valcárcel.

   "Con el sistema de dependencia, el Estado garantizará a las personas mayores y personas con discapacidad que no se puedan valer por sí mismas, el acceso a servicios sociales y prestaciones económicas", destacó la secretaria de Servicios Sociales.

MÁS DE 8.000 PERSONAS

   El Libro Blanco de la Dependencia sitúa el número de dependientes en Euskadi en alrededor de 60.000 personas, de las que 8.000 residen en Alava. Un 24% de las personas mayores de 65 años se encuentran en situación de dependencia. "Nos enfrentamos a un gran reto para cuidar más y mejor de estas personas", afirmó.

   En este sentido, la secretaria de Servicios Sociales anunció que "todas las personas afectadas de gran dependencia recibirán los servicios y prestaciones desde este año".

   "En el caso de Euskadi, la financiación está garantizada", explicó Valcárcel. Al respecto, la secretaria de Servicios Sociales confirmó que el convenio que regulará la aportación de los fondos ya ha sido firmado con el Gobierno vasco y convalidado por el Consejo de Ministros, por una cantidad de 8,7 millones de euros para la realización de proyectos de atención a las personas mayores y personas dependientes en Euskadi.

   Entre las iniciativas, la secretaria de Servicios Sociales destacó la residencia de Salvatierra en Alava, a la que el Gobierno Central ha destinado 1,3 millones de euros.

CONSEJO TERRITORIAL DE DEPENDENCIA

  Además, de esta financiación, exclusiva para el Gobierno vasco, se ha puesto en marcha una plataforma estatal para informar a todos los ciudadanos de esta ley a través del teléfono gratuito 900 40 60 80.

   Con el objetivo de reforzar la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, se incorporará en la Comisión Delegada del Consejo Territorial de la Dependencia a las diputaciones forales, ya que "su aportación es indispensable para la creación de un sistema coordinado y eficaz que los ciudadanos demandan", explicó Valcarce.

   El próximo lunes se reunirá por primera vez este consejo que tendrá como objetivo la definición de los baremos de evaluación de los ciudadanos para determinar su grado y nivel de dependencia, así como las prestaciones económicas a las que tiene derecho.

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