VITORIA

El Gobierno Vasco, y el Grupo Parlamentario Socialista acordaron hoy iniciar varias reformas normativas para mejorar la calidad de vida de los pensionistas y lograr que ninguno perciba menos de 570 euros al mes, cantidad que equivale al SMI.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga; el Viceconsejero de Inserción Social y de Familia, Manuel Vigo; el Portavoz Parlamentario del PSE, José Antonio Pastor; y la Parlamentaria Socialista, Gemma Zabaleta, comparecieron ante el Parlamento Vasco para explicar los pormenores de este acuerdo que supone "un compromiso de avanzar en materias de Inserción Social y Familia, incluida la revisión del actual marco normativo", dijo Azkarraga

Si las modificaciones legales se aprueban este año, como está previsto, a partir del 2008, los 14.000 hogares compuestos por mayores de 65 años que actualmente cobran pensiones contributivas o no contributivas inferiores al Salario Mínimo de Inserción, tendrán derecho a complementar sus ingresos con la Renta Básica hasta llegar a los 570 euros al mes, la cuantía del SMI.

Esa equiparación de la Renta Básica de los pensionistas con el SMI va a suponer para el Gobierno Vasco un desembolso de 32 millones de euros al año, según estimó hoy Azkarraga.

Para el resto de perceptores de la Renta Básica, la cuantía de ésta será el 88 por ciento del SMI, un punto porcentual más que en la actualidad. Este cambio normativo supondrá un gasto de 5 millones de euros al año.

Por otro lado, se abrirán los supuestos de necesidad y habrá jóvenes de 18 años que aún no teniendo la edad mínima exigida para cobrar la Renta Básica (23 años) podrán acogerse a esta ayuda si se encuentran en situación de especial necesidad.

Además, el Gobierno Vasco creará un subsidio complementario de la Renta Básica para sufragar las necesidades de vivienda de los titulares de dicha prestación. Este subsidio tendrá un coste de 47 millones de euros al año para el Ejecutivo.

A diferencia de las Ayudas de Emergencia Social (AES), que actualmente están cubriendo esta función, el nuevo subsidio no estará sujeto a suficiencia presupuestaria. Es decir, que será un derecho subjetivo universal para todas las personas que lo necesiten.

En la actualidad, hay 22.000 hogares que cobran las AES y el 80 por ciento de ellos, destinan esta ayuda a pagar el alquiler o los gastos de amortización de créditos.

Por tanto, unos 17.600 hogares vascos dejarán de cobrar las AES y se acogerán al subsidio complementario.

Las AES recuperarán su naturaleza original, la de atender necesidades puntuales, y los ayuntamientos verán aliviada su carga, ya que actualmente complementan el presupuesto del Gobierno Vasco para AES ante la fuerte demanda existente.

Para hacer efectivas estas reformas, el Gobierno Vasco se ha comprometido con el PSE-EE a elaborar y aprobar en el plazo de un año el Proyecto de Ley que sustituya a la Ley contra la Exclusión social y la Carta de Derechos Sociales.

Por otro lado, el Ejecutivo y el PSE acordaron extender las ayudas para hijos de forma progresiva de manera que, en el año 2020, se extiendan hasta que los menores cumplan la mayoría de edad.

Para ello, el Gobierno Vasco se comprometió a elaborar en seis meses el Proyecto de Ley de Apoyo a las familias con hijos e hijas.

Además, el Gobierno Vasco elaborará durante la presente legislatura el II Plan Interinstitucional Vasco de Inserción Social (2007-2009) que contempla programas de formación y empleo, de creación de servicios específicos de apoyo y conciliación de familia y trabajo dirigidos a los sectores con alto riesgo de exclusión social, las familias monoparentales.

VALORACION

   Azkarraga destacó que el acuerdo suscrito es "muy trabajado" y permite"utilizar la herramienta del pacto y la senda del diálogo para defenderlos derechos sociales de la ciudadanía vasca, fundamentalmente de aquellos ciudadanos más necesitados". En este sentido, informó de que en Euskadi hay unos índices de pobreza del 3,7%, "muy por debajo de la media europea", y agregó que en la actualidad 45.000 hogares vascos se ven afectados por alguna forma de riesgo de pobreza.

   "Este acuerdo debe suponer y supone para nuestro Gobierno la base sobre la que debemos trabajar en aras de un gran pacto social, progresista ysolidario. Un gran acuerdo que ojalá en un futuro próximo pueda concitar el respaldo del conjunto de instituciones públicas, agentes sociales y partidos políticos", manifestó, antes de instar a "apartar del debate político partidista lo que debería ser un esfuerzo compartido de todos".

   Pastor mostró su satisfacción por el acuerdo y consideró que "pone en valor la oposición firme y útil que hace el PSE", antes de añadir que este convenio incluye "compromisos concretos y medidas situadas en el tiempo". Además, manifestó que "dota de contenidos más reales a la política vasca, que hasta ahora estaba lastrada por el peso de lo identitaria", al tiempo que busca situar los criterios básicos de la política social "en convergencia con Europa".

   Zabaleta, por su parte, recordó que las políticas sociales "siempre han sido una prioridad del PSE" y señaló las tres líneas básicas de este acuerdo, como son "las políticas de inserción frente a las que únicamente son de renta", "la universalización y ampliación de los derechos" y "la suficiencia de las rentas para que todos los ciudadanos puedan llevar una vida digna".