VITORIA 

   El pleno del Parlamento Vasco aceptó hoy tomar en consideración una proposición de ley del PSE para la creación de un Instituto Vasco de Consumo que asumirá todas las competencias del Gobierno en esta materia y sería la "máxima autoridad en la planificación y ejecución de las políticas de consumo del Ejecutivo autonómico".

   La iniciativa recibió los votos favorables de PSE, PP, EHAK y Aralar y la abstención del tripartito, que ya había manifestado a través de una certificación su "criterio contrario", debido a que el Gobierno vasco "tiene la voluntad de proceder, durante la presente legislatura, a la elaboración de un Plan Estratégico de Consumo que establezca las líneas maestras de la política de consumo de los próximos años, actualmente en fase de ejecución". Tras la aceptación de hoy la propuesta será debatida en la comisión correspondiente.

   La parlamentaria socialista Idoia Mendia manifestó que "la defensa y la protección de las personas consumidoras requiere que dispongamos de instrumentos ágiles y eficaces que den una respuesta inmediata a las necesidades y que actúen en el campo de la prevención y la resolución de conflictos".

   Según indicó, en la actualidad el Gobierno vasco ejerce sus competencias en materia de consumo por medio de una estructura administrativa compuesta por la Dirección de Consumo, la Comisión Consultiva de Consumo y la Comisión Coordinadora de Consumo.

   "La voluntad de esta ley es la simplificación administrativa del área de consumo, concentrando todas las competencias en una sola estructura que actúe, de manera global, para mejorar la agilidad y eficacia de los procedimientos, evitar duplicidad de funciones y aglutinar todos los recursos con la máxima eficacia", explicó.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

   En este sentido, detalló que el objeto concreto de esta norma es la creación y organización de la estructura administrativa y de funcionamiento del Instituto Vasco de Consumo como organismo autónomo administrativo, para que sea "la máxima autoridad en la planificación y ejecución de las políticas de consumo del Gobierno vasco".

   De este modo, el Instituto asume todas las competencias del Gobierno en materia de consumo, entre las que destacan las relativas a la "información, formación, educación, mediación, arbitraje, disciplina de mercado, inspección, desarrollo normativo, fomento y relaciones institucionales".

   Mendia añadió por último que las funciones del nuevo organismo girarán en torno a cinco ejes fundamentales, como son la "protección de la seguridad y los derechos de las personas", la "formación y la educación", la "potenciación de la mediación y el arbitraje", las "relaciones institucionales" y la "participación directa de las personas representadas por las asociaciones de consumidores".