BILBAO

   La secretaria de Políticas Sociales y Sectoriales del PSE-EE, Isabel Celaá, censuró hoy la "desgana" de las instituciones vascas en el desarrollo de la Ley de Dependencia y acusó, en este sentido, a la Diputación foral de Bizkaia de "dictar normativa de espaldas a la ley". Asimismo, reclamó al Gobierno Vasco que ejerza su "papel director" de la política social y que el Proyecto de Ley de Servicios Sociales "entre este año" en el Parlamento vasco.

   En una rueda de prensa en Bilbao, la parlamentaria socialista denunció "la escasa implicación" de las instituciones vascas en el desarrollo de la Ley de Dependencia y criticó que la Diputación foral de Bizkaia ha dictado recientemente dos decretos como si esta ley "no existiera".

   De esta manera, explicó que el Decreto foral 74/2007 por el que se regula el reconocimiento de la situación de dependencia introduce "una discrepancia significativa", de modo que, mientras la Ley de Dependencia indica que el derecho surge a partir del día siguiente de la solicitud, el decreto mantiene, por el contrario, que "la fecha de efectos será cuando se comience a prestar el servicio". Por ello, reclamó su "urgente rectificación".

   Asimismo, indicó que el Decreto 95/2005 que regula el sistema general de acceso a las plazas de servicios residenciales y estancias temporales para las personas con discapacidad establece requisitos como llevar empadronado en Bizkaia tres años o tener edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, con lo que introduce "restricciones graves que no resultan admisibles" teniendo en cuenta la Ley de Dependencia.

   En este contexto, reclamó medidas legislativas urgentes para desarrollar el derecho de acceso a los servicios sociales en el marco de la Ley de Dependencia "y no para restringir torpemente su acceso".

"HACER INVISIBLE"

   El PSE criticó, del mismo modo, "el esfuerzo" de la administración autonómica y de la foral vizcaína por "hacer invisible y ocultar deliberadamente la labor positiva" de la Administración del Estado, que asignó, según los datos aportados por Celaá, un total de 8,7 millones de euros para inversiones en el Sistema de Dependencia al País Vasco durante 2006.

   Además, la parlamentaria socialista expresó su preocupación por el hecho de que la financiación que proviene del Estado "pueda utilizarse para incrementar el superávit de las haciendas vascas en vez de invertirla en el sistema vasco al que queda mucho por hacer en términos de calidad".

   Por otro lado, destacó que el País Vasco continúa sin contar con "criterios compartidos" en relación a "prestaciones económicas, ni siquiera sobre el baremo o sobre la necesidad o no de dictar un decreto para aprobarlo". Celaá advirtió de que en Bizkaia y Gipuzkoa se usa un doble sistema de valoración y "se sigue normativizando la duplicidad" con el consiguiente riesgo de "consolidar dos sistemas paralelos".

   De la misma manera, apuntó que la "discrepancia de criterios" entre las instituciones vascas se evidencia con medida como el hecho de que la pasada semana la Diputación vizcaína fijara "por su cuenta" la cuantía de las prestaciones económicas "en el mínimo determinado por el Estado, lejos del pomposo anuncio del Gobierno vasco de superar ampliamente la renta básica". También existe, indicó, diferencias en los plazos de baremaciones.

   Para la parlamentaria socialista, el Gobierno vasco "sigue sin saber ejercer su papel director" en el desarrollo de los Servicios Sociales y permite que las diputaciones "le ganen sistemáticamente la batalla". Este hecho genera, según lamentó, "un cuadro preocupante de diferencias territoriales, que constituye el mal endémico de los servicios sociales vascos".

   Además, Isabel Celaá denunció el "relevante atasco administrativo" que produce listas de espera "no por insuficiencia de plazas, sino derivada de la gestión administrativa de los expedientes".

GUARDAR FACTURAS

   Los socialistas recomiendan a las personas afectadas que se encuentren dentro de la fase de aplicación de la Ley (grado III de dependencia, niveles 1 y 2), cuya cobertura está prevista para 2007, que conserven todas las facturas de pago en servicios de residencias, atención domiciliaria o centros de día satisfechas a partir del día siguiente a la solicitud de reconocimiento "para repercutirlas a la administración competente, a pesar de que en los decretos dictadas nada se dice sobre el particular".

   En cuanto a la prestación de servicios sociales destinados a la autonomía y atención a la dependencia, insistió en que "éste es el momento de la calidad" y apostó por el impulso de nucleos convivenciales, destacando las viviendas con apoyo para enfermos mentales graves. Asimismo, reclamó "respuestas" forales para los padres con hijos dependientes.

   "Definiendo el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia como un catalogo mínimo, suelo competencial, no hay obstáculos legales para que nuestras potentes administraciones forales incrementen los mínimos legales mediante niveles de mejora que estén previstos en la propia ley", insistió.

   Por ello, defendió una mejora "sustancial" en "las intensidades" previstas en la Ley de Dependencia tanto en materia de servicios como de prestaciones económicas y pidió incrementar los mínimos de las prestaciones por cuidador informal y para asistente personal.

   La parlamentaria socialista, que reclamó que el proyecto de ley de Servicios Sociales "entre este año en la Cámara vasca", advirtió de que, a pesar del "optimismo" de las administraciones vascas, "no estamos en disposición de que todos los ciudadanos grandes dependientes estén ya siendo atendidos como reclama la ley, a pesar de la cobertura suficiente de servicios de los que disponemos".

   En este sentido, anunció que el PSE presentará tanto en el Parlamento vasco como en las juntas generales de los tres territorios "iniciativas que permitan corregir y mejorar las medidas de aplicación de la Ley de Dependencia".