El PSE-EE exige a los Gobiernos de Rajoy y de Urkullu que dejen de poner trabas a la adopción de medidas para impedir que en ningún hogar falte el suministro energético por razones económicas sobrevenidas. Para ello, denuncia que el Ejecutivo central haya reducido el número de hogares acogidos al bono social, que no alcanza a todas las familias que realmente lo necesitan, pero pide también al Ejecutivo de Vitoria que, en el uso de sus competencias, evite el corte de luz, gas o agua, tal y como mandató el Parlamento de Vitoria el pasado mes de febrero.

En Euskadi, en los dos últimos años el número de perceptores del bono social se ha reducido en 3.344 familias al pasar de 79463 a 76119. Por territorios, Álava ha perdido 163 familias perceptoras y ha pasado de 9.989 a 9.826. En Gipuzkoa, el número se ha reducido en 869, al pasar de 23.513 a 22.627. Y en Bizkaia, el recorte es de 2.295, con 45.961 perceptores hace dos años y  43.666 en este momento.

El senador vasco Tontxu Rodríguez denuncia que “el Gobierno de Rajoy sube todo a los ciudadanos pero les baja los salarios y les recorta en prestaciones sociales”. Además “ha engañado a las familias, una vez más, pues dijo que con la reforma eléctrica iba a bajar el precio de la luz y resulta que en vez de bajar, sube”, indicó. En concreto, subrayó que en el tercer trimestre de 2014, la subida se ha situado por encima de un 11%.

“Los socialistas denunciamos que el recibo de la luz en España es uno de los más caros de toda Europa y lamentamos que la reforma del gobierno lo que traerá  es más subidas el precio de la luz”. En este sentido, ha recordado que el Grupo Socialista defenderá próximamente en el Pleno del Congreso, una la Proposición de Ley sobre pobreza energética (enlace a la iniciativa) y solicitará una auditoría energética para conocer el coste de cada una de las tecnologías y para que los ciudadanos realmente sepan cuál es la tecnología más cara y la más barata y sobre las razones por las que el recibo de la luz sigue subiendo con los costes fijos por encima de los variables.

Así,  ha indicado que la Proposición de Ley Socialista “afronta situaciones de flagrante injusticia o de exclusión social, que ponen incluso en riesgo la salud y la integridad de las personas en los casos más extremos”. Por esta razón, se propone una tarifa social mínima y asequible para la población que se halla en dicha situación. Por último, Tontxu Rodríguez ha subrayado que el ministro de Industria no ha comparecido en lo que va de año en el Parlamento para explicar el nuevo sistema de fijación de precios de la luz que va a sustituir al sistema de subastas, algo que ya ha denunciado el grupo parlamentario en diversas ocasiones.

Medidas en Euskadi

El senador ha añadido añade que, en cualquier caso, también el Gobierno vasco puede y debe actuar de forma inmediata para impedir el corte de suministro energético en los hogares. En este sentido, ha recordado que el Parlamento Vasco, a propuesta socialista, ya acordó el pasado mes de febrero instar al Gobierno de España la puesta en marcha de una tregua energética, implantar un sistema de precios más justos para la energía y el agua, y establecer un suelo social reconocido como derecho vital para dar solución a las situaciones de pobreza energética y a la angustia de muchas familias que no pueden pagar sus facturas.

Pero además, la Cámara pidió expresamente al Gobierno vasco a que, “en tanto el Gobierno de España no asuma esta responsabilidad, en el ejercicio de la capacidad de autogobierno establezca las medidas que sean necesarias para impedir que a ningún ciudadano se le pueda cortar el suministro de la luz, el agua o el gas si se encuentra en situación demostrable de no poder atender sus facturas, en especial en las épocas de mayor demanda".

“Han pasado ocho meses y numerosas preguntas socialistas después, la única respuesta del Gobierno, ha sido que en Euskadi no hay pobreza energética porque tenemos el mejor sistema de protección social de España. Es lamentable que nuestro Gobierno no sepa que hay 64.000 niños en riesgo de pobreza, que la mitad de hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, y que eluda ofrecer soluciones, y que se escude en la falta de recursos.