BILBAO

   La parlamentaria vasca del PSE-EE Joana Madrigal ha propuesto ante el Parlamento vasco una batería de instituciones y entidades públicas para su fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. Los socialistas desean que sean fiscalizados organismos del Gobierno vasco, de la Diputación de Bizkaia, del Ayuntamiento de Vitoria, de Mondragón, de Hernani, grupo EITB, Hobetuz o Euskaltel, entre otras.

   Respecto a la administración vasca, la iniciativa solicita el cálculo y el análisis del Gasto e Inversiones al margen de las competencias de la propia Comunidad Autónoma Vasca, con un valor según presupuestos de 237 millones de euros.

   También pide una auditoria operativa de economía, eficacia y eficiencia del gasto de los Planes de Actuación Política e Institucional y de los Planes de Actuación Interinstitucional, ambos aprobados en el periodo 2000-2006.

   Se solicita igualmente un análisis de legalidad del traspaso de gestión de expedientes de gasto del Departamento de Industria, comercio y turismo a la SPRI; de lo razonable de la creación de la Sociedad Basquetour, S.A., los efectos de dichas acciones sobre decretos de estructura y relación de puestos de trabajo, contratación de personal en régimen de derecho privado en sector público y posibles duplicidades y solapamientos.

   Los socialistas también piden la fiscalización del Ayuntamiento de Vitoria, con especial referencia a análisis de los precios de algunas operaciones de venta/permuta (Casa Etxezarra en el barrio de El Prado para la construcción de Apartamentos tutelados privados, Gasolinera Avenida Gasteiz por otra en el eje viario de Ali-Mercedes, equipamiento en el sector 8 A 2 de Lakua, enajenación de espacio público de equipamiento para paso al aparcamiento de las viviendas unifamiliares en calle José Mardones y contrato de limpieza de la ciudad).

   Asimismo piden que el órgano fiscalizador se posiciones sobre el expediente de adjudicación a "Naturgas Energía Grupo", de la participación del Ayuntamiento de Vitoria en la sociedad gas Natural de Álava, S.A. "Gasnalsa", sobre la recepción de las obras de urbanización del polígono 8-B1 de Ibaiondo, sobre el estudio y razonabilidad de las condiciones que del Ayuntamiento impuso para las 354 viviendas protegidas adjudicadas cooperativas de Mariturri y sobre el Auditorio, analizando todos los gastos ejecutados por el Ayuntamiento, sus sociedades Públicas y Organismos Autónomos, desde su inicio hasta final de 2006.

ENTES Y FUNDACIONES

   De salir adelante esta propuesta de PSE, el Tribunal Vasco de Cuentas tendrá que realizar un Informe de Legalidad de las Sociedades con participación Pública superior al 50%, en el plazo 2004-2006 (último informe realizado año 2000), así como de las entidades de derecho privado con participación de las administraciones vascas superior al 10% del capital social año 2006 (último informe realizado 2002).

   Los socialistas también pretenden que se lleve a cabo un análisis de la contratación de obras, servicios, suministros y personal del Grupo EITB, correspondiente al ejercicio 2004- 2006, un informe de legalidad de las Sociedades Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca en 2006, de las sociedades creadas durante el periodo 2000-06 (análisis previos, justificación de su necesidad, memoria de actividades y su financiación, imposibilidad de cumplir su objeto social con otras sociedades existentes).

   El tribunal tendría que estudiar la Fundación Musikene, Fundación Hobetuz, Euskaltel y cualesquiera otras fundaciones en la que la posición de una o varias administraciones públicas vascas sea dominante, 2004-2006. También el Consorcio de Aguas de Bilbao, en concreto, la evolución del grado de cumplimiento de legalidad aplicable desde el último informe realizado y la evolución y situación de las inversiones realizadas en el extranjero (Uruguay y Argentina).

   La propuesta del PSE también solicita el análisis y control de legalidad de la contratación bienes y servicios, inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Mondragón en el antiguo Hospital de San Francisco, futuro Kultur-Etxea, al igual que la gestión económico financiera de la Residencia Municipal Santa Maria Magdalena, en Hernani o la fiscalización y cálculo de la deuda fiscal de las entidades deportivas de fútbol 2000-2005, con la comprobación de idoneidad de los procedimientos llevados a cabo por la Hacienda de Bizkaia.