BILBAO

   La responsable de Políticas Sociales y Sectoriales de la Ejecutiva del PSE-EE, Isabel Celaá, criticó hoy que el actual sistema de servicios sociales mantiene "diferencias esenciales" entre los ciudadanos y mostró su disposición a realizar sus aportaciones al debate de la nueva Ley, que, a su entender, debe incluir un sistema universal con derechos "reclamables" y establecer "una cartera de derechos". También reivindicó, entre otros aspectos, que sean homogéneos con "un mínimo generalizable".

   En una rueda de prensa en Bilbao, la dirigente del PSE explicó la posición de su partido ante la regulación de los servicios sociales mediante una nueva ley en un momento que calificó como "la hora de los servicios sociales", tras "el nuevo tiempo" abierto con la aprobación de la Ley de Dependencia en el Congreso de los Diputados.

   En este sentido, señaló que es necesario realizar una reflexión desde "la perspectiva de la persona" basada en dos ejes: garantizar la autonomía personal "frente a la dependencia" y la integración social "frente a cualquier tipo de exclusión".

   A su entender, esta reflexión es "esencial" en el País Vasco teniendo en cuenta que "el llamado proceso o tema vasco se lo viene tragando todo, hasta el punto de encubrir los malos funcionamientos de la política" y, además, atendiendo a que el sistema de servicios sociales "ha crecido de manera desorganizada, pensando más en los Territorios y sus diferencias que en las necesidades de las personas".

   De esta manera, criticó que los ciudadanos vizcaínos "pagan un 37% del coste de los servicios sociales, mientras que los alaveses sólo pagan un 20% para un conjunto de servicios más organizado y más fuerte". Se producen, según lamentó, "diferencias muy esenciales" que afectan al principio de igualdad y que convierten al servicio en "injusto e insostenible en el tiempo". Por ello, advirtió de que "esto hay que arreglarlo, con o sin modificación de Ley de Territorios Históricos".

   La dirigente socialista denunció que Euskadi "lleva ocho años de agujero negro, de retraso, de falta de liderazgo e incapacidad de gestionar los servicios sociales". Así, explicó que el PSE mantiene "una fuerte desconfianza" en que el Departamento que dirige Javier Madrazo "en sus actuales condiciones sea capaz de "encaminar políticas operativas e igualitarias en el campo de los Asuntos Sociales".

   Para Celaá, "no es posible dirigir ninguna política de sentido desde un gobierno que no lidera y ha atribuido la gestión de los servicios sociales a dos departamentos distintos- asuntos sociales al departamento de Vivienda e inserción social a Trabajo-", gestionados por "dos partidos distintos que compiten electoralmente". "El Gobierno vasco ha distribuido competencias en clave de reparto de poder, no de eficacia en los problemas de la ciudadanía vasca", insistió.

   Tras criticar "la descoordinación funcional y metodológica" de los servicios sociales con los servicios de empleo, el sistema educativo o la vivienda, destacó que, "en este vacío en el que ni siquiera se ha procedido por decreto a desarrollar la Ley de Servicios Sociales", las tres diputaciones forales "han organizado cada una su propio sistema generando un cuadro preocupante de diferencias territoriales para un pequeño país de algo más de dos millones de habitantes".

   Además, Celaá advirtió de que "la desigualdad se convierte en más insoportable" en la medida en que "la suerte de los ciudadanos" se hace depender de tantos criterios como ayuntamientos existen en Euskadi, que "ejecutan políticas sociales de mejor o peor manera en función de la sensibilidad social del alcalde de turno".

   En función de los datos aportados por el PSE, la Comunidad Autónoma Vasca cuenta con 60.000 personas dependientes, de los que 25.000 se consideran "grandes dependientes", 30.000 titulares de renta básica, "un gran número de personas cronificadas en la pobreza, ancianos desasistidos en sus hogares, menores que requieren reeducación en lugares específicos e inmigrantes que queremos integrar".

   La dirigente socialista afirmó que su partido está dispuesto a realizar sus aportaciones al debate sobre la nueva ley de Servicios Sociales, para cuya aprobación se considera "una fuerza estratégica" ante el actual "equilibrio" político y el hecho de "gobernamos en los ayuntamientos más grandes", con "casi la mitad" de la población vasca.

PROPUESTAS SOCIALISTAS

   De esta manera, Celaá expuso los diez puntos en los que se basa el modelo propuesto por los socialistas, entre ellos el objetivo de que los servicios sociales "tengan a la persona en el centro del sistema" con los ejes de la autonomía personal y la integración social y que se garantice la "igualdad en contenidos y formas" en que se prestan estos servicios.

   Además, pretenden que se establezca un sistema con "un conjunto organizado, visible, ordenado, sistematizado, homogéneo, participado" que dé respuesta a "todos los derechos de las personas" y sea universal.

   Asimismo, apuestan por que sean regulados como derechos, de modo que sean "reclamables" ante la Administración y la Justicia. El PSE reclama que se establezca una "cartera de derechos" y no un simple "catálogo" para asegurar que "quedan garantizados", y que se incremente el gasto social en términos de convergencia europea para lo que "hay que reabrir debates presupuestarios, analizar prioridades, reflexionar sobre la fiscalidad e insistir en la lucha contra el fraude".

   También reclama una financiación "equitativa" para sufragar el sistema y, en este sentido, explicó que el PSE "asume el copago", si bien matizó que hay que "poner límites" y "situarlo en servicios que conllevan prestaciones habitacionales o de manutención, como el residencial para personas mayores dependientes".

   En este contexto, manifestó su disconformidad con el sistema de las diputaciones de Bizkaia y Álava para las residencias de tercera edad y señaló que "sólo acepta un copago que tenga en cuenta el nivel de renta y patrimonio de la concreta persona atendida, no el de su unidad familiar". "Defendemos la determinación de mínimos de renta y patrimonio que sean intangibles para la Administración y entendemos que la vivienda habitual no puede ser considerada para la cuantificación del copago, excepto en el caso de que tenga un carácter suntuario", añadió.

   Además, el PSE apuesta por la descentralización de los servicios "a partir de un mínimo generalizable", con servicios "de proximidad y enfoque comunitario". También reclama un "compromiso ineludible con la responsabilidad pública de gestión pública o privada, sustituyendo la subvención por la concertación fundamentalmente con el tercer sector".

   Finalmente, destaca la importancia de los trabajadores sociales como "pieza fundamental del sistema" y, por tanto, reclama para este sector "estímulos" profesionales, formación y reciclaje, así como la diferenciación de las tareas burocráticas de las labores propias del trabajador social.

   De esta manera, reiteró su disposición a participar "de forma positiva" en el debate de la Ley de Servicios Sociales para "hacer una buena ley" ya que "se necesita" porque "no se ha desarrollado la del 96".