BILBAO

   El parlamentario del PSE-EE Jesús Loza ha presentado en la Cámara vasca una proposición no de ley en la que solicita que el Gobierno vasco modifique el decreto que regula los alojamientos para personal temporero y atribuya a la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales la competencia de aprobar las resoluciones de autorización de la calificación de los inmuebles como aptos para alojar a los temporeros.

   En la iniciativa, recogida por Europa Press, Loza indica que el Plan Integral de Atención a los Trabajadores Temporeros 2004-2007 establece, dentro de sus objetivos, la regulación de los requisitos mínimos materiales y funcionales de los alojamientos para personal temporero, y encomienda al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales la responsabilidad de definir las condiciones de habitabilidad de los alojamientos.

   El parlamentario del PSE añade que, el pasado 18 de diciembre, el Boletín Oficial del País Vasco publicó el Decreto 248/2006 de 28 de Noviembre en el que se regulan estos requisitos mínimos a propuesta conjunta de los departamentos de Vivienda y Asuntos Sociales y de Agricultura, Pesca y Alimentación.

   "Nos llamó poderosamente la atención el hecho de que las solicitudes de autorización se debieran dirigir a la Dirección de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura del Gobierno vasco y que fuera esa misma Dirección la que procediera a las resoluciones de autorización de la calificación de los inmuebles como aptos para alojar a personas trabajadoras de temporada, según dice el artículo 4", añade.

   A su entender, "parece lógico que quien resuelva dicha autorización fuera el Departamento de Vivienda, ya que se trata de requisitos de alojamientos y el responsable de esta cuestión en el Gobierno es el Departamento de Vivienda y no el de Agricultura". En este sentido, recuerda que el propio plan establece que sea la Consejería que dirige Javier Madrazo la encargada de definir las condiciones de habitabilidad de los alojamientos destinados a temporeros.

   De esta manera, dice no entender "cómo el control del cumplimiento de la normativa de incendios, de la de instalaciones eléctricas o de la de instalaciones de gas se haga desde la Dirección de Desarrollo Rural, y no desde la delegación de Vivienda, que es quien expide las cédulas de habitabilidad".

   Por ello, pide al Gobierno que modifique el Decreto 248/2006 para atribuir la competencia de aprobar las resoluciones de autorización de la calificación de los inmuebles como aptos para alojar a personas trabajadoras de temporada al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.