BILBAO

   La responsable de Políticas Sociales del PSE-EE, Isabel Celaá, expresó hoy la disposición de su partido a negociar "al alza" el proyecto de Ley de Servicios Sociales del Gobierno vasco siempre que se eliminen las diferencias en el acceso a estas prestaciones en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

   En rueda de prensa, Celaá lamentó que el primer borrador de esta ley sufriera "un recorte muy amplio" para lograr el apoyo de las diputaciones forales y se eliminaran "elementos positivos" como la figura de la Alta Inspección de los Servicios Sociales, competencia atribuida al Gobierno vasco, que "se excluyó en aras al consenso".

   La parlamentaria socialista acusó al Ejecutivo autonómico de "sucumbir al poder de las diputaciones optando por la coordinación de tres modelos, uno por territorio, en lugar de construir un sistema unificado".

   Precisamente la equidad en la prestación de los servicios sociales en Euskadi es una de las principales demandas del PSE, que abogó por incluir en la ley "los elementos básicos que van a configurar la cartera de servicios y prestaciones" para que todos los ciudadanos vascos "reciban los mismos servicios".

   Además, apostó por crear un organismo público con un funcionamiento similar a Osakidetza que "garantice la equidad de un sistema homogéneo, innovador, equitativo y racional", al que Celaá bautizó como "Gizakidetza".

   También defendió la necesidad de unificar el tipo de financiación de los servicios sociales y de excluir el sistema del copago que propugna la Diputación de Vizcaya y que toma como referencia la vivienda habitual de cada usuario para calcular su aportación económica.

   Celaá consideró que este sistema "confiscatorio invita al fraude y penaliza el ahorro" y "atemoriza al anciano porque su vivienda habitual es el último reducto de intimidad".

   Así, abogó por fijar el porcentaje "tope" de copago en el 75% del servicio prestado para las rentas más altas e "individualizar" esta tasa reduciéndola proporcionalmente en función de los ingresos de cada usuario.

   A pesar de las discrepancias del PSE con el anteproyecto de ley, Celaá consideró que se trata de "un texto válido para empezar a trabajar" y se mostró convencida de la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

   Animó a iniciar las negociaciones cuanto antes para poder aprobar la Ley "en el menor plazo posible" ya que Celaá teme que "la obsesión de Ibarretxe con su consulta" aboque a la convocatoria de elecciones anticipadas y la legislatura concluya antes de que el Parlamento vote esta ley.