DOCUMENTO CON LAS ENMIENDAS PRESENTADAS AL VII CONGRESO DEL PSE-EE

La apuesta por profundizar en la defensa de los valores de la izquierda, referidos a la  justicia social, la igualdad, la libertad, la sostenibilidad y la defensa del Estado de Bienestar, cuestiones recogidas en el borrador de Ponencia Política que se debatirá en el VII congreso del PSE-EE, los próximos días 9 y 10 de febrero, se ven ampliamente respaldadas y reforzadas por la militancia socialista en gran parte de las 754 enmiendas presentadas al documento (la Memoria que recoge la totalidad de las enmiendas puede consultarse en este enlace). Por su parte, la Ponencia de Organización, que también se someterá a debate y aprobación durante el cónclave que los Socialistas Vascos celebrarán en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ha reunido 525 enmiendas. Como es habitual, la mayor parte de las enmiendas son de carácter formal, puesto que hacen referencia a cambios puntuales en la redacción del texto.

En lo que respecta a las propuestas de mayor calado, además de remarcar el papel que ha de interpretar el socialismo para hacer frente a las políticas neoliberales que recortan derechos sociales y provocan cada vez mayores desigualdades sociales, los afiliados recalcan que “es necesario abrir el partido a la sociedad”, recogiendo sus demandas e inquietudes. También inciden en adoptar medidas para superar la “crisis de credibilidad” que sufre la política entre amplios sectores de la ciudadanía. Además, plantean otras iniciativas relacionadas con cuestiones tan importantes como el marco jurídico político de Euskadi, la memoria y la convivencia o la fiscalidad, así como la adopción de medidas contra los desahucios y otros problemas acuciantes que padece una parte de la población vasca.

En línea con la política desarrollada por el Gobierno del Lehendakari Patxi López, las bases socialistas abogan por “profundizar en la defensa de los más débiles”, trabajando en pro de políticas de igualdad. Reafirman la apuesta por la defensa de los servicios públicos, proponiendo en una de las enmiendas la elaboración, ya recogida en el programa con el que el PSE-EE se presentó a las últimas elecciones autonómicas, de “una Ley Marco, que regule la cartera de servicios públicos, fomentando la corresponsabilidad ciudadano”.

En general, los militantes socialistas coinciden en señalar que Euskadi necesita un PSE fuerte, al percibirlo como la única opción política comprometida con el objetivo de que la sociedad vasca “logre alcanzar una salida conjunta de la crisis sin dejar a nadie atrás”. Un compromiso este último que quieren ratificar en el próximo Congreso.

Por eso, y tras coincidir en que un Estado moderno y eficiente es el mayor garante de la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos y el mejor protector de los derechos de los trabajadores y los más desfavorecidos, varias propuestas piden al PSE-EE que acentúe la lucha por una sociedad donde el interés colectivo, la solidaridad y la igualdad primen sobre el beneficio privado. Hablan de promover una nueva cultura social, solidaria, igualitaria y más justa; exigen una regulación del capitalismo contemporáneo y demandan un posicionamiento mayor si cabe del contra las políticas  neoliberales.

Es preciso “defender  políticas que incentiven la redistribución de la riqueza como medida esencial en la defensa del Estado de Bienestar”, apunta una de las aportaciones de los militantes. Hay que “recuperar la soberanía ciudadana sobre la economía”, se apostilla con rotundidad en otra de las enmiendas.

Apertura a la sociedad

Partiendo de la premisa de que el PSE-EE necesita poner todos los medios a su alcance para materializar su vocación de solucionar los problemas reales de la gente, varios afiliados insisten en la necesidad, ya recogida en el borrador de la Ponencia, de abrir el partido a la sociedad, de “conectar con los nuevos movimientos sociales no sólo en periodos preelectorales”. Hay que ampliar los cauces de participación en los asuntos políticos, agregan, poniendo a disposición de la ciudadanía herramientas de participación, evaluación y control de la acción política. A este respecto, una de las enmiendas plantea “promover una reforma general de los instrumentos de participación no electoral, que incluya medidas que faciliten la generalización de iniciativas ciudadanas de impulso y control”. De lo que se trata, indica otra de las propuestas de las bases, es de “hacer política nacida de la propia sociedad.

En paralelo, varias de las enmiendas abordan el capítulo referente a la crisis de la política. En  una de ellas se proclama que “el compromiso de los socialistas con la sociedad empieza en la ejemplaridad personal de todos”. Muy sensibilizados con esta materia, algunos afiliados exigen “desterrar de nuestra política las llamadas ‘puertas giratorias’ por las cuales cargos públicos acaban trabajando para grandes empresas privadas”. Otros plantean la necesidad de introducir cambios en el Código Penal, para castigar con la máxima severidad los casos probados de corrupción,  excluyendo, asimismo, la posibilidad de que los condenados por esta causa se acojan a indultos.

Reforma Fiscal

Centradas en los problemas cotidianos de la ciudadanía, las bases socialistas muestran su conformidad con la política que mantiene el PSE-EE en materia fiscal, por lo que las enmiendas refuerzan las tesis ya incluidas en la ponencia, desde el convencimiento de que “el mantenimiento y progreso del Estado de Bienestar deberá venir de la mano de la política fiscal progresiva, justa y suficiente”.

Una de las propuestas plantea una política fiscal basada en cuatro ejes fundamentales: Defender el principio de estabilidad presupuestaria en las instituciones para hacer frente a las necesidades de sostenimiento y garantía de los servicios públicos; lucha contra el fraude, impulsando el Observatorio Fiscal de Transparencia; realizar modificaciones legislativas para que el sistema tributario actual evite la elusión fiscal; y acometer reformas profundas en las figuras tributarias.

Recuperando aspectos del último programa electoral del PSE-EE, una enmienda defiende la necesidad de alcanzar un pacto por el empleo, el emprendimiento y la economía productiva.

Asimismo, los militantes socialistas abogan por “crear un sistema de protección para autónomos y pymes, garantizando un plazo justo y obligatorio de cobro por parte de sus deudores”, y por poner en marcha “un plan específico de empleo para parados de larga duración y/o mayores de 45 años”.

Otras propuestas plantean que el PSE-EE impulse un acuerdo entre partidos y en todos los niveles institucionales “para dejar de tratar la educación como un arma política por el bien de las futuras generaciones”.

Los problemas de la vivienda y los desahucios inquietan de manera especial a los afiliados, algunos de los cuales reclaman el reconocimiento como derecho subjetivo del derecho a la ocupación estable de una vivienda. Quienes ponen el acento en la defensa de la vivienda de alquiler proponen el establecimiento de un “canon por cada metro útil de vivienda desocupada sin causa justificada” y plantean la creación de un “parque de viviendas para el alquiler social con las viviendas que acumula la banca”. Al mismo tiempo, subrayan la necesidad de elaborar una Ley que elimine las cláusulas abusivas.

Autogobierno vasco

Con respecto al autogobierno vasco, son varios los militantes que muestran su disposición a debatir sobre el futuro marco jurídico político, aunque sea sobre planteamientos que no son del PSE. “No debemos negar el debate sobre la opinión ciudadana. Sabemos que la mayoría de los vascos se opondrían a aventuras separatistas que perjudiquen tanto a la sociedad como al tejido económico vasco”.

Una enmienda presentada por la Agrupación de Irún aboga por “blindar el autogobierno” “con la apuesta de un nuevo estatuto político vasco”, una iniciativa que, en opinión de los autores de la misma, “encaja perfectamente con el modelo de federalismo asimétrico propuesto por el secretario general del PSOE”. Tras abogar por “romper la división clásica de la sociedad vasca entre nacionalistas y no nacionalistas”, los defensores de este planteamiento sostienen que si el nacionalismo planteara en esta legislatura en el Parlamento Vasco una iniciativa que buscara ejercer el derecho a decidir mediante una consulta a la ciudadanía sobre la relación entre Euskadi y España, siempre en un escenario en el que ETA hubiera desaparecido, no deberíamos oponernos a su ejercicio”. No obstante se precisa que, en tal caso, sería imprescindible enmarcar el mismo “en las reglas de la democracia y la legalidad”.

Algunos militantes defienden que la Constitución, “cumplida en toda su amplitud y complejidad”, ofrece soluciones desde la unidad a los problemas de encaje en el Estado que plantean los nacionalistas, aunque ello suponga “la implantación de un sistema complejo” que no debe “asustarnos”.

Dos de las enmiendas inciden en la necesidad de proponer “una iniciativa legislativa para dar forma al Principio de Claridad tomando como referencia ineludible la Ley de Claridad de Canadá del año 2000”; es decir, que quepa abrir un proceso de secesión de una parte del Estado, si es planteada por sus defensores de forma clara y con una mayoría clara y copnstrastada. A este respecto, se llega a plantear que el PSE-EE celebre a lo largo del presente año una Conferencia Política sobre la Ley de Claridad y sobre el Autogobierno de Euskadi.

Son varios los afiliados que apuestan asimismo, por “un nuevo Estado Federal” y defienden la reforma del Senado “para que esta Cámara represente a las Comunidades Autónomas en el sistema legislativo estatal”.

Memoria y convivencia

En el capítulo de memoria y convivencia, las Juventudes Socialistas subrayan que “en nuestra organización no caben resentimiento ni odio, sino esperanza, ilusión y fuerza para abordar los planteamientos que refuercen y afiancen ese nuevo escenario”. En esta línea, reivindican “que la memoria de todas las víctimas y su reconocimiento sea el pilar sobre el que se construye la convivencia”.

Tras advertir que “una memoria neutra que sólo describe sin hacer una valoración moral de lo ocurrido no es una memoria constructiva”, los jóvenes del PSE-EE se remiten al contenido de la intervención del Lehendakari Patxi López en el Pleno de Política General celebrado en septiembre de 2011 para que la Ponencia Política haga explícito el respaldo de los Socialistas Vascos a “una nueva política penitenciaria para un nuevo escenario  político, una vez se hayan cumplido los requisitos marcados por él mismo”.

En este sentido, consideran que “la dispersión y la doctrina Parot deben terminar siempre y cuando ETA ponga fin a su actividad armada de una manera clara e inequívoca”. Como primer paso, las Juventudes Socialistas proponen que el PSE-EE inste “al Gobierno de España a que, en colaboración con el Gobierno vasco, inicie de manera escalonada y ordenada el acercamiento de todos los presos de ETA”.

Europa

Las bases socialistas muestran también un especial interés por el capítulo de la Ponencia Política relativo a Europa. En general, apuestan “por la Europa social y de los ciudadanos” y proponen “defenderla frente a la actual Europa de los mercados”. Subrayan que es preciso “crear un auténtico Estado de Bienestar europeo y blindarlo frente a cualquier otra manifestación de crisis del sistema capitalista”.

Varias enmiendas plantean avanzar en la configuración política de Europa con medidas tales como la introducción de la figura del referéndum europeo y la elección de eurodiputados en candidaturas transnacionales que, posteriormente, elijan un Gobierno que gobierne sobre los “veintisiete”. En este sentido, una de las propuestas aboga por la elección directa del presidente europeo por sufragio universal de todos los Estados miembros.

Al margen de las cuestiones estrictamente política, algunos militantes del PSE-EE insisten en la necesidad de acordar una política económica común que incluya una fiscalidad europea, y reclaman una regulación laboral común real con el establecimiento, entre otras, de un salario mínimo interprofesional europeo así como instituciones contractuales comunes.

Otra propuesta de los afiliados se centra en que Euskadi debe reforzar su presencia de Euskadi y sugiere la elaboración de una estrategia conjunta en la que participen todas las instituciones vascas, universidades, agentes económicos, entidades sociales y ciudadanía.