La sanción comunicada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, es para el PSE-EE la consecuencia de los errores y la prepotencia del PNV y el PP al frente de las Diputaciones Forales, que optaron por el peor camino a la hora de resolver el contencioso con la Comisión Europea surgido a finales de los años noventa con los incentivos fiscales a la inversión conocidos como “vacaciones fiscales”.

La multa impuesta (la más elevada hasta ahora por este concepto) no se impone por la ilegalidad cometida, sino por la dilación de las Diputaciones en cumplir la sentencia firme del Tribunal Europeo de 2006, después de haber ninguneado y mareado a la Comisión Europea, como recogió la abogada general del Tribunal Europeo en la vista oral.

El PSE-EE quiere precisar que la Unión Europea nunca ha cuestionado la capacidad de los territorios históricos de conceder ayudas fiscales a las empresas ni tampoco el Concierto Económico. Lo que la Comisión Europea impugnó, y el Tribunal de Justicia de la UE confirmó, es que unos incentivos concretos establecidos en los años noventa por las tres Diputaciones forales, las llamadas “vacaciones fiscales” y el crédito fiscal del 45% de determinadas inversiones, se aplicaron vulnerando las normas europeas de competencia y sin comunicarlos previamente a Bruselas.

La Comisión Europea ya estableció en 2001 la ilegalidad de los incentivos. Sin embargo, las tres Diputaciones gestionadas entonces por el PNV y el PP, alentadas por la patronal Confebask, en vez de recuperar las ayudas concedidas como ordenó Bruselas, se lanzaron a una huida hacia delante. Primero, embarcándose en una estrategia de recursos que no han llegado a ningún sitio; y después, dilatando de forma suicida la recuperación de los incentivos, algo que no se empezó a hacer hasta 2011, seis años después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo

Se mareó la perdiz durante mucho tiempo y la jugada nos ha salido muy cara a la ciudadanía vasca.

Porque no sólo vamos a tener que pagar 30 millones, que nos serían muy necesarios en estos tiempos. A esa cantidad hay que añadir los millones gastados por las instituciones vascas durante un proceso interminable, los graves perjuicios creados a muchas empresas, que tuvieron que devolver las ayudas recibidas en mitad de la crisis, y el daño que ha sufrido la imagen de Euskadi y sus instituciones en Europa con este episodio. Los únicos que han ganado, y bastantes millones, son los abogados y asesores contratados por las instituciones.

Por lo tanto, los socialistas pedimos a los responsables de las Diputaciones Forales que asuman sus responsabilidades en este asunto, que unos tienen más que otros. Que no traten de difuminarlas con maniobras de distracción, como están haciendo los diputados generales. Que al varapalo de tener que pagar 30 millones de euros, tan necesarios para los servicios públicos, no añadan la indecencia de provocar peleas artificiales entre territorios.