El PSE-EE pacta con el Gobierno Vasco la nueva Ley de Servicios Sociales que se aprobará antes de fin de año

VITORIA - GASTEIZ La vivienda habitual de los usuarios quedará eximida del cómputo que se realice para el copago de residencias y otras prestaciones asistenciales, excepto si las casas son lujosas y tienen un valor excepcional. Así se refleja en el acuerdo que hoy han firmado el Gobierno Vasco y el PSE-EE sobre el proyecto de ley de Servicios Sociales que, tras este pacto y según ambas partes, se aprobará previsiblemente en el Parlamento este año, antes de que acabe el período de sesiones de la legislatura. Tras la firma del acuerdo, han explicado su contenido el portavoz del grupo socialista, José Antonio Pastor, y la parlamentaria Gemma Zabaleta, y posteriormente ha comparecido el consejero vasco de Asuntos Sociales, Javier Madrazo. El documento sobre este pacto no ha sido facilitado a los medios de comunicación ya que, según Pastor, en primer lugar se entregará al resto de los grupos parlamentarios presentes en la ponencia que debate las enmiendas al proyecto de ley. Según Zabaleta, en el anteproyecto de ley de Servicios Sociales "se contemplaba el cómputo de la vivienda" para hacer frente al copago de ciertos servicios sociales, mientras que el acuerdo establece que la residencia habitual quedará exenta de este baremo y sólo se tendrá en cuenta la renta del usuario y otros patrimonios. En este punto no ha coincidido Madrazo, quien ha subrayado que en el texto que ha preparado su Departamento ya se dejaba fuera del cómputo para el copago a la vivienda habitual "en su valor medio". Ha aclarado que lo que se hace ahora con este acuerdo es "recoger ese espíritu" y redactar "de otra manera" el mismo concepto. Respecto a la excepción para las viviendas lujosas, el acuerdo no especifica el importe económico para considerar una vivienda con un "valor excepcional", un aspecto que se regulará posteriormente a la aprobación de la ley por la vía del decreto, ha explicado Madrazo. Madrazo ha destacado que en el texto se reconoce el derecho subjetivo de todas las personas empadronadas en el País Vasco a recibir los distintos servicios sociales, lo que será exigible ante los tribunales. Además, se garantizarán las mismas prestaciones y servicios en los tres territorios de la comunidad autónoma, un aspecto que hasta ahora "no se producía". En el acuerdo también se completa el catálogo detallado de prestaciones y servicios, incorporando el servicio de intervención social en atención temprana, el de transporte adaptado o la atención sociojurídica a diferentes colectivos. Asimismo, se especifica que en el órgano interinstitucional de servicios sociales participarán todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos, órgano que se encargará de fijar la normativa y la cartera de servicios y el seguimiento presupuestario. Asimismo, se delimitarán las competencias que en materia de servicios sociales corresponden a las diferentes instituciones vascas y se garantizará que las administraciones puedan hacerse cargo de sus competencias con suficiencia financiera. El portavoz socialista, José Antonio Pastor, ha resaltado que los acuerdos entre diferentes "todavía pueden funcionar en este país" y ha dicho que en situaciones de crisis económica todos tienen que hacer un ejercicio de serenidad y "arrimar el hombro" para que sus efectos no repercutan en los más necesitados.