Los Socialistas Vascos han trasladado ya a EUDEL (Asociación de municipios vascos) su oposición frontal al proyecto presentado el pasado viernes en el Consejo de Estado por parte del Gobierno central en el que se plantea la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y le han reclamado que tome las medidas legales y jurídicas necesarias para impedir que es proyecto siga adelante. "Pedimos a EUDEL que tome medidas de orden legal y jurídico para que no se vulneren las competencias de los ayuntamientos vascos ni el autogobierno, que pida la retirada de esta norma y, en su caso, presente un recurso de inconstitucionalidad", ha explicado el Secretario de Política Institucional del PSE-EE, Enrique Ramos.

Estas declaraciones las ha realizado durante el encuentro que han mantenido portavoces y alcaldes socialistas con el secretario de Ciudades y Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías, donde han analizado los detalles del proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local del Gobierno del PP. En este encuentro han estado presentes alcaldes como José Antonio Santano (Irún), Mikel Torres (Potugalete), Tontxu Rodríguez (Barakaldo), Mikel Serrano (Zumarraga), Carlos Totorika (Ermua) y portavoces en los diferentes ayuntamientos vascos.

Menos servicios públicos y más caros

El secretario de Ciudades y Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías, ha apoyado las medidas tomadas por los Socialistas Vascos ya que comparte el rechazo "rotundo" a un proyecto que va a contribuir a deteriorar los servicios públicos básicos de miles de ayuntamientos. "Es un ataque al bienestar de los ciudadanos y a la democracia municipal", ha señalado, tras denunciar que tras esta reforma se está produciendo una "privatización" que sólo busca "la rentabilidad económica por encima de la rentabilidad social".

Zarrías ha advertido de que si esta reforma llegase a ser aplicada habría en los ayuntamientos "menos servicios públicos,  más caros y de peor calidad". De hecho, ha denunciado que se podrían perder hasta 200.000 empleos eventuales en el ámbito de la administración local.

El secretario de Ciudades y Política Institucional del PSOE ha sido negado que esta reforma vaya a suponer ahorro económico alguno -el Gobierno lo cifrado en más de 7.000 millones de euros- y categóricamente ha asegurado que esa cifra es "mentira".

Por eso, los socialistas van a reclamar al Gobierno la retirada de este proyecto que, en caso de ser aprobado, sería recurrido ante los tribunales por inconstitucional al invadir competencias de lo ayuntamientos y de las comunidades autónomas, por lo que ha animado a los Gobiernos autonómicos a tomar la misma medida para defender este modelo institucional.