VITORIA - GASTEIZ

   El Parlamento vasco dio ayer el primer paso para crear, oficialmente, la prestación social de vivienda, un dinero destinado a pagar el alquiler que ya están cobrando los perceptores de renta básica a través de las Ayudas de Emergencia Social (AES), pero que adquirirá naturaleza propia y reformulará el sistema de subsidios en Euskadi. La suma de esa renta básica y del nuevo complemento de vivienda llegará a oscilar entre el 175% y el 200% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual, que está fijado actualmente en 570 euros en 14 pagas. Eso significa que un hogar sin recursos podrá percibir en Euskadi hasta 1.330 euros mensuales en doce pagas.

   El nuevo sistema de subsidios sociales está contemplado en un pacto suscrito en marzo pasado por el Gobierno tripartito y el PSE. El proceso para poner en marcha ese sistema ha seguido dos vías. Por un lado, el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social anunció el pasado martes la aprobación por el Consejo de Gobierno de un plan de inclusión social dotado con 880,2 millones de euros hasta 2009. Por otro lado, la Cámara vasca modificó ayer la Ley de Exclusión Social y la Carta de Derechos Sociales con el respaldo del PNV, EA, EB y PSE-EE. Ese trámite era necesario para que el Ejecutivo autónomo pueda elaborar otra ley que está dirigida a asegurar a los ciudadanos vascos unos ingresos mínimos.

   El telón de fondo de ese complicado proceso legislativo lo constituyen las encuestas de pobreza de Euskadi, según las cuales la exclusión alcanza a unas 45.000 familias y se concentra en las que tienen un solo progenitor, especialmente, si es la madre. El objetivo del Gobierno vasco y de los socialistas es que, en los casos en que sea posible, los subsidios de renta básica y alquiler estén férreamente vinculados con la inserción laboral, de manera que la persona que esté en condiciones de trabajar y rechace un cursillo de formación o un empleo se quedará sin ellos. El plan de inclusión de la Administración vasca pone el énfasis en este punto.

   Estos principios generales se plasmarán en el denominado proyecto de ley de Garantía de Ingresos Mínimos, del que ya existe un borrador elaborado por el Departamento de Joseba Azkarraga. Tal y como prevé el pacto con el PSE, la consejería incluirá un complemento económico para que las pensiones más bajas de Euskadi se igualen con el SMI, una medida que beneficiará a unas 14.000 personas mayores; entre ellas, viudas que sufren en silencio una situación muy precaria. De forma paralela, la Administración vasca también prevé conceder la renta básica a personas de 18 a 23 años, aunque en situaciones muy excepcionales.

"ACUERDO POLÍTICO"

   Precisamente, los cambios introducidos ayer en Ley de Exclusión Social permiten ensanchar el abanico de perceptores de la renta básica, que sumaron 31.654 personas en 2005. La reforma aprobada por la Cámara ha elevado esa prestación del 87% al 88% del SMI anual, a pagar en doce mensualidades a una sola persona. No obstante, se le puede añadir un 25% más cuando tenga una segunda persona a su cargo y un 10% por los sucesivos miembros adicionales de la familia. Así las cosas, si a la renta básica se le une el complemento de vivienda, cuya cuantía está por determinar, el beneficiario puede llegar a ingresar hasta el 200% del SMI.

   Durante el debate parlamentario, los grupos del tripartito y del PSE destacaron que la modificación legislativa es el resultado de un gran «acuerdo político», mientras que el PP y EHAK la rechazaron.

   En el futuro, la política social se articulará en Euskadi, esencialmente, sobre tres tipos de prestaciones: la renta básica, el complemento de alquiler y las ayudas de emergencia social, un subsidio percibido por más de 20.000 personas que estaba pensado para pagar facturas de manera excepcional, pero que, en la práctica, se estaba utilizando para abonar alquileres de forma regular.