La parlamentaria Natalia Rojo recuerda que esta iniciativa legislativa popular nació con la intención de prohibir expresamente el fracking,  algo que los socialistas rechazaban porque esa prohibición “nos llevaba directamente a los tribunales” y en la práctica iba a invalidar lo que pretendían los promotores.

Por eso, el Grupo abogó por encontrar una vía segura jurídicamente, que es la finalmente aceptada también por quienes impulsaron la ley, y que es fruto del trabajo de los promotores y de los grupos. “Tal vez no es la ley que habríamos presentado, pero es la mejor que hemos sabido acordar.

Partíamos de posiciones distintas, y el resultado muestra el valor de llegar a acuerdos entre diferentes”, destaca Rojo, que subraya el esfuerzo socialista por conseguir un texto legal, que respetara las competencias propias, y que ofreciera seguridad ambiental y para los ciudadanos