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PSE-EE consigue el respaldo del Parlamento Vasco para que la Formación agraria y naútico-pesquera vuelva a Educación

Corrige el decreto del actual Gobierno en respuesta a la demanda de los agentes sociales y para garantizar la competitividad de estos centros

El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha conseguido el respaldo de la mayoría de la Cámara para que la Formación Agraria y Náutico-Pesquera vuelva a integrarse en el Departamento de Educación, tal y como había establecido el Gobierno de Patxi López para reforzar un sistema integrado de Formación Profesional. La iniciativa aprobada en la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad corrige el decreto del 1 de marzo del actual Ejecutivo, y responde a la demanda de los agentes sociales.

La portavoz socialista en Agricultura y Pesca, Susana Corcuera, ha recordado en su intervención el proceso por el que, en la reestructuración de sociedades públicas emprendida por el anterior Gobierno, se decidió traspasar al Departamento de Educación las escuelas de formación agraria de Arkaute, Fraisoro y Derio y las escuelas de formación náutico-pesquera de Pasaia y Bermeo. La decisión afectaba a 77 docentes y 46 no docentes.

“Así la formación agraria y náutico pesquera la asumió de forma natural, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, que es quien tiene atribuidas por el Estatuto de Gernika las facultades en relación con las enseñanzas tanto de régimen general como especial, con inclusión de sus diversas etapas y niveles, y la educación superior, así como aquellas actividades de aprendizaje que conlleven la adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de toda la vida”, ha señalado la representante socialista.

Corcuera ha destacado la necesidad de conformar un sistema integrado de formación profesional, “y a la vez, insertar la Formación Profesional que se facilita en estos centros, en la columna vertebral del sector público, que representa el sistema educativo,  transformando las escuelas de formación agraria y náutico-pesquera, en centros integrados de formación profesional”. Para ello, según ha subrayado, se tuvo en cuenta por el anterior Ejecutivo, y se ha tenido en cuenta en esa iniciativa ahora aprobada, “algo que nos parece fundamental, y es el acuerdo de la parte social”, a la vez que se oferta una importante cartera de servicios, y que se facilita a las personas el acceso a la cualificación y recualificación profesional, para hacer frente de forma adecuada a los retos de futuro del sector.

Razones para corregir al Gobierno Urkullu

En la defensa de la iniciativa Corcuera ha subrayado cinco razones para corregir el decreto del Gobierno Urkullu: la mejora en la gestión de los centros, al seguir criterios de centro de enseñanza; la competitividad de los mismos, al ser clasificados como centros integrados vinculados con el sector y que atiende a sus necesidades reales; la inclusión de la diversidad en la comunidad educativa vasca; la participación de la comunidad educativa; y la autonomía de los centros.

“Los socialistas entendemos que la formación profesional es y debe ser parte de la columna vertebral del sector público, y por eso consideramos que en este asunto se debe trascender de la visión departamental y nos basamos, para hacer esta afirmación en la firme creencia de que el sistema público de educación es la mejor garantía para preservar la educación y la formación como servicio público”, ha insistido la representante socialista, que ha subrayado la importancia del consenso con la parte social  “de forma que la relación del personal tanto docente como no docente mantenga una relación laboral con la Administración Pública y el profesorado se quede en el Departamento de Educación prestando servicios docentes en dichos centros”.

Corcuera ha lamentado la actitud del PNV por quedarse en “términos ambiguos en pro del consenso en una enmienda, algo que sólo contribuiría a crear confusión y malas interpretaciones, ante un sector que busca claridad, y estabilidad”. “Lo que esperamos es que el Gobierno atienda a este mandato parlamentario, y no como en el caso de política fiscal o la solicitud de retirada del decreto que amplía el horario de funcionarios, en los que sigue sin atender a la mayoría parlamentaria”, ha concluido.

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