El Parlamento vasco ha respaldado este jueves la propuesta socialista para que se inspeccione a los bancos que operan en Euskadi y sancionen las cláusulas abusivas en sus contratos, atendiendo a las resoluciones judiciales existentes y a la legalidad vigente.

La portavoz de Consumo, Txaro Sarasua, ha promovido esta iniciativa desde la convicción de que todos los grupos, con las distintas sentencias emitidas por los diferentes ámbitos jurídicos, son conscientes de que ha habido y sigue habiendo cláusulas claramente abusivas en la concesión de créditos, de hipotecas, y en otra serie de productos bancarios. “Por todo esto cobra sentido la PNL que presentamos los socialistas, en la que instamos al Gobierno Vasco a que elabore y ejecute urgentemente un plan integral de inspección a las entidades de crédito que operan en nuestra Comunidad Autónoma para detectar y sancionar el uso de esas cláusulas abusivas, así como remitir a esta cámara en un plazo de tres meses”, ha explicado

Sarasua ha añadido que no es suficiente garantía la explicación que puedan dar los notarios cuando se suscribe una escritura de hipoteca, como lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo.

Finalmente, la iniciativa promovida por los socialistas y que ha sido respaldada por unanimidad, es la siguiente:
 
1.     El Parlamento Vasco rechaza toda práctica económica y financiera abusiva e insta a las entidades financieras a que procedan de oficio a eliminar de sus contratos hipotecarios las cláusulas abusivas especialmente las denominadas “clausulas suelo” y a abstenerse a utilizarlas en lo sucesivo en sus contratos de préstamo hipotecario con consumidores y usuarios.

2.     El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a que ponga a disposición de las personas que denuncien las cláusulas abusivas de las entidades financieras todos los medios y la protección legal de la que dispone kontsumobide.
 
3.     El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a elaborar y ejecutar urgentemente un plan integral de inspección a las entidades de crédito que operan en la Comunidad Autónoma para detectar y sancionar el uso de cláusulas abusivas, así como a remitir a esta Cámara, en el plazo de tres meses, los resultados de dicho plan.