El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha conseguido este jueves un amplio respaldo a su demanda para que se mantenga el carácter público y gratuito del Registro Civil y que se mantenga la plantilla adscrita al mismo,  planteando en su caso, un plan de readscripción, con el fin de reubicar los efectivos existentes en otras unidades y servicios de la Administración de Justicia.

La portavoz de Justicia, Miren Gallastegui, ha vuelto a trasladar esta demanda al Pleno del Parlamento, al constatar que, en el“imparable afán privatizador de los servicios públicos” por parte del Gobierno de España, “lo que en un primer momento parecía un empecinamiento personal del anterior ministro de Justicia, que consiguió concitar la oposición más absoluta a sus reformas, se ha consolidado como la evidencia y la confirmación de un despropósito”.

Gallastegui ha subrayado el servicio que presta hasta ahora de forma gratuita a todos los ciudadanos, porque “todos y cada uno se casa, se divorcia, tiene hijos, adopta, necesita fe de vida, se muere o quiere heredar…y para ello acude a su registro o su juzgado de paz, o lo solicita por internet y un funcionario le facilita cualesquiera certificaciones que desee, sin cobrarle nada de nada”. “Y va a dejar de ser así en breve si no ponemos coto a otro más de los  desmanes a los que nos va acostumbrando el ministerio de Justicia”, advierte, porque desde el 15 de julio serán los registradores de la propiedad y mercantiles quienes se encarguen de la llevanza del Registro Civil. “Se va a poner en manos privadas lo que hasta ahora estaba en manos de funcionarios públicos, porque los registradores no son funcionarios públicos”, ha insistido, justo lo contrario a la Ley de 2011, que conformaba un Registro Civil al servicio del ciudadano que suprimía cargas administrativas y consagraba el principio de gratuidad. “¿Quién asegura que  su entrega a los registradores supone un avance en racionalidad? nadie. Nunca se ha avanzado poniendo en manos privadas servicios públicos. Nunca se ha avanzado alejando los servicios públicos de los ciudadanos, y esto es lo que va a pasar si o si con la privatización del registro y la supresión de los juzgados de paz”, ha destacado.

Gallástegui se ha preguntado también por lo que ocurrirá con la inversión realizada hasta ahora, puesto que no se explica cómo va a compensarse al estado la inversión pública ya realizada en la modernización del registro civil, y al final “ganan los registradores, pierden los ciudadanos”. A ello se suman las dudas con respecto a los puestos de trabajo de empleados públicos “perfectamente formados, capacitados, especializados”.

Por ello, además de mostrar el rechazo a la reforma prevista, defender el carácter público y gratuito del servicio, y apostar por el mantenimiento de las plantillas existentes, los socialistas han apostado por negociar las competencias de gestiuón y ejecutivas en esta materia,  “que permita garantizar la permanencia de la institución del registro en sede de administración de Justicia”. “Se trata en definitiva de defender lo público, la justicia de proximidad, el derecho de la ciudadanía a los servicios en condiciones de igualdad”, ha concluído.