La portavoz parlamentaria de Hacienda y Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos, Joana Madrigal, denuncia que las arcas públicas hayan perdido 40 millones de euros, "tan necesarios en estos momentos de crisis", por la dejadez del Gobierno de Ibarretxe a la hora de recuperar préstamos y garantías a diferentes empresas.

La representante socialista realiza esta denuncia tras revisar el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 2008, así como las explicaciones que ofreció el presidente del órgano fiscalizador ante el Parlamento. Tanto el informe como la comparecencia repasan las subvenciones concedidas a través de los programas Bideratu y Gauzatu, diseñados en su día para ayudar a empresas a salir de situaciones difíciles, y se constatan impagos que suman 40 millones de euros.

El propio TVCP señala que esos impagos obedecen al retraso del anterior Gobierno a la hora de hacer seguimiento de esas deudas, "y cuando se han ido a hacer los procedimientos de cobro, las posibilidades efectivas de recuperar ese dinero se han anulado, bien porque algunas entidades hayan desaparecido o porque sus actuales circunstancias imposibiliten la devolución".

"Son 40 millones de euros de difícil recuperación porque alguien del anterior Gobierno Ibarretxe, del campeón de la gestión, no hizo su trabajo. Es evidente que en épocas de abundancia es más fácil distribuir dinero público, pero eso no exime de la responsabilidad de controlar su uso. Y ahora, en época de crisis, esos 40 millones de euros habrían venido muy bien para mejorar las prestaciones sociales, o para soterrar el metro en Urduliz, o para no tener que hacer ajustes en el gasto sanitario, o para ampliar las ayudas a la euskaldunización.......para todas esas cosas que tanto exige el PNV al actual Ejecutivo", opina la representante socialista.

Madrigal señala que el informe del TVCP insiste en las "irregularidades tradicionales" detectadas en la Administración vasca, como la fragmentación sistemática de contratos para evitar concursos públicos y proceder a adjudicaciones directas, el recurso a procedimientos de urgencia difícilmente justificables para eludir también la igualdad y libre concurrencia a contratos públicos, o el exceso de ayudas directas que utilizan el argumento de la excepcionalidad.

Pero en este caso, insiste, "es más preocupante aún el daño que la falta de diligencia del Gobierno de Ibarretxe provoca todavía hoy, porque contamos con 40 millones de euros menos para destinarlos a los servicios públicos que demandan los ciudadanos".