La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, Txaro Sarasua, ha exigido al Gobierno vasco que, a través de Kontsumobide y de las funciones que tiene atribuidas, realice las funciones de inspección y sanción a las empresas implicadas en la venta de aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor, y defienda a los afectados que no quieran aceptar el canje ofrecido, porque supone renunciar al 30 por ciento de lo invertido y dejar casi todo el capital en bonos nuevamente subordinados.

Sarasua ha reprochado al consejero Darpón y la directora de Kontsumobide que en la comparecencia de este lunes, solicitada por la propia parlamentaria, se hayan limitado a justificar el papel de “mediador” para dar como resultado una propuesta de canje que ha dejado insatisfecha a gran parte de los afectados, cuando el papel del Instituto de Consumo debe ser activo en defensa de los consumidores.

La representante socialista ha recordado que la Ley de Creación de Kontsumobide  atribuye al Instituto “colaborar activa y económicamente en el asesoramiento, defensa e información” de los consumidores, actuar en el ámbito de las sanciones, e impulsar la “protección legal efectiva de las personas consumidoras y usuarias, iniciando las acciones judiciales pertinentes y personándose en las que se refieren a asuntos que merecen especial atención por razón de la trascendencia de los derechos que hay que proteger o de la alarma social que generan”.

En este sentido, ha aludido al precedente de la pasada legislatura, cuando Kontsumobide sancionó a una entidad bancaria por cláusulas abusivas con un criterio ratificado posteriormente por los tribunales, frente a la actitud meramente “mediadora” de los actuales responsables del Instituto. “Ustedes no están defendiendo a los usuarios. Deben ejercer sus competencias de inspección y sanción”, ha reprochado.

Además, y ante la nueva situación de la oferta de canje que debe ser valorada por los afectados, Sarasua ha reclamado que el Gobierno vasco ejerza todas las posibilidades de protección de los consumidores, incluido el apoyo en las acciones jurídicas que se puedan iniciar.

La parlamentaria socialista ha dejado clara la posición de rechazo a la propuesta de canje con una quita, que sí avala el Gobierno, “porque nos negamos a que lo ocurrido lo tengan que pagar los usuarios, a los que ocultaron que adquirían un producto perpetuo, y a que les vuelvan a transformar el resto de capital en un nuevo producto subordinado”. Esta posición se expresa en una iniciativa presentada recientemente para que el Parlamento se pronuncie en favor de la devolución íntegra del capital invertido.