El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak votará en contra de admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el ex alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, para endurecer el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, y exige al Gobierno Vasco que, una vez zanjado este debate, combata el fraude que se pueda dar en todos los ámbitos de su competencia (sea en las ayudas sociales, como en el fraude fiscal), y que garantice que ningún ciudadano que lo necesite quede sin prestación.

El portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, recuerda que el origen de está ILP está “en el falso debate de trasfondo xenófobo” impulsado por Maroto y que sitúa la debilidad de nuestra RGI en un fraude atribuido a personas de una determinada nacionalidad. “Desde el respeto a quienes han suscrito la propuesta, los Socialistas rechazamos el fondo de la iniciativa. Esto es, que la RGI tenga como problema el fraude y, sobre todo, que esas trampas se liguen a personas por razón de su origen, por ser un planteamiento claramente racista”, explica.

Por el contrario, Pastor destaca que el principal problema de la RGI es que “hay más de 65.000 familias que aún hoy en Euskadi, a pesar de que los Gobiernos ofrecen datos sobre la salida de la crisis, necesitan de las Administraciones para garantizarse unos ingresos mínimos que les permitan atender sus necesidades”. Añade que, entre éstas, “está aumentando de forma alarmante el número de familias donde esa ayuda sirve para completar sueldos paupérrimos que, de no poner coto a la reforma laboral de Rajoy, puede llevar a una cronificación de la pobreza laboral”.

Nadie que lo necesite sin ayuda

En este sentido, dice, “los socialistas nos ratificamos en lo acordado en el Pleno Monográfico sobre Paro y Pobreza celebrado en noviembre del año pasado y que, en su primera propuesta aprobada, defiende el sistema actual y rechaza el uso partidista que estigmatiza colectivos, pero también nos ratificamos en la parte que insta al Gobierno Vasco a que desarrolle lo previsto en la ley para garantizar que nadie pueda defraudar y que ninguna persona que necesite el apoyo institucional se quede sin la ayuda”.

Según explica Pastor, esta declaración que la gestión del sistema de protección social no puede ser una traba para que las personas que verdaderamente necesitan ayudas, las reciban. “Los destinatarios de la solidaridad del conjunto de la sociedad no pueden ni deben verse perjudicados por la falta de agilidad de la Administración (pagos indebidos, comunicaciones masivas…). El Gobierno Vasco, a través de Lanbide, debe poner los medios para que su respuesta se adecue a la realidad desde criterios de eficacia y eficiencia”, reclama.

Por todo ello, los Socialistas Vascos piden al Gobierno Vasco que, una vez alejado el debate de una reforma de la RGI sobre supuestos falsos, combata el fraude que se pueda dar en todos los ámbitos de su competencia, sea en las ayudas y subvenciones de cualquier tipo como en el fiscal, y que lidere medidas que amplíen las ayudas sociales a quienes hoy, por distintas razones, están excluidos de ese derecho.