El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha logrado el respaldo parlamentario para implantar un sistema de información por el que cualquier ciudadano en lista de espera sanitaria o pendiente de que se le facilite una cita pueda consultar su situación, medida que permitirá “eliminar sospechas y dudas” de los ciudadanos. Además, en otra iniciativa ha logrado el compromiso de que en todas las consultas, centros sanitarios y farmacias se informe a los pacientes del derecho a ser compensados por el copago sanitario.

La portavoz de Salud, Blanca Roncal, ha llevado a la Comisión correspondiente una iniciativa novedosa en toda España por la que “el ciudadano que requiere el servicio del sistema público de salud esté al corriente de su situación, del tiempo de espera que le queda para ser atendido, de cuánta gente hay en su situación, de si se agilizan o ralentizan los plazos y si es así para todos”. “Se trata de que ese ciudadano no tenga sospechas o dudas de que está siendo relegado en beneficio de otros, y que pueda hacer el seguimiento puntual si así lo desea”, ha explicado.

Para ello “se puede hacer uso de los instrumentos informáticos a nuestra disposición, los que permiten relacionarnos con la Administración de forma electrónica y que, junto con otras medidas, van haciendo que esa relación vaya siendo más fluida y transparente” porque, aunque “es evidente que no es la solución para las listas de espera, se pueden ir limitando los espacios oscuros, los que hacen dudar a los ciudadanos sobre cómo se hacen las cosas desde los poderes públicos”.

Roncal ha añadido que el objetivo de esta iniciativa es la “transparencia”, porque el debate sobre las listas de espera es recurrente. Aún así, en la resolución impulsada por los socialistas se reclama al Gobierno que, en el plazo de un mes, traslade a la Comisión de Salud y Consumo el estudio comprometido en junio de 2013 sobre la situación de las listas de espera quirúrgicas en Osakidetza, “para abordar antes de que acabe este año las modificaciones normativas y organizativas que sean precisas que aseguren a la ciudadanía en el tiempo más breve posible el acceso a la atención sanitaria con todas las garantías y con plena transparencia”.

De forma complementaria, el acuerdo pide al Departamento de Salud que remita cada mes a la Cámara “la documentación detallada sobre los tiempos de espera en las consultas de cada centro de asistencia sanitaria, así como de las pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas por especialidades, y toda la información complementaria que considere necesario aportar para explicar la evolución de las listas de espera”.

Información sobre compensaciones de copago

Por otra parte, como resultado de otra iniciativa socialista, la Comisión de Salud y Consumo ha aprobado mayor información a los potenciales beneficiarios del derecho a compensación por copagos farmacéuticos, acercándose a los lugares donde se prescriben y expiden los medicamentos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el decreto que regula la adherencia a los tratamientos farmacológicos.

Roncal ha recordado que los últimos datos facilitados por el Departamento indican que apenas un diez por ciento del cerca de medio millón de personas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales habrían solicitado acogerse a este derecho de compensación, “lo que viene a confirmar los temores que teníamos en el sentido de que una escasa información o  el farragoso procedimiento administrativo podría afectar al derecho de los ciudadanos a ser compensados”.

“Constatamos la inexistencia de una campaña expresa para que los potenciales beneficiarios soliciten acogerse a los derechos que contempla el decreto regulador, tanto para que se les reembolse la cantidad que hubieran pagado como consecuencia del copago como para tener solicitada esa compensación en el mismo momento en el que se le receta un medicamento”, ha señalado.

La representante socialista ha precisado que con este mandato parlamentario se trata de que “en todos los centros sanitarios en los que cada día se expiden recetas, en las consultas de los médicos donde se toman esas decisiones sobre tratamientos farmacológicos, y en todas las farmacias donde se adquieren las medicinas los ciudadanos tengan conocimiento directo de este derecho que les asiste si sus rentas son inferiores a 18.000 euros al año, y que esa información directa se acompañe de un esfuerzo divulgativo a través de los medios de comunicación”.

“El objetivo sigue siendo que no haya una sola persona que, por razones económicas, tenga que dudar sobre la adquisición del medicamento y que, tal y como prevé el decreto, nadie quede sin el tratamiento farmacológico prescrito por un médico”, ha concluido.