En toda España, el PSOE y la mayoría de los partidos con representación parlamentaria han acordado sumar sus fuerzas en los ayuntamientos para hacer algo que nunca se había conseguido hacer antes: conseguir que los ayuntamientos acudan al Tribunal Constitucional para pedirle que paralice y anule la Ley de Reforma de la Administración Local que el Gobierno del PP ha aprobado con su mayoría absoluta junto al PNV, en contra del resto de fuerzas políticas e incluso de muchos representantes de estos dos partidos.

¿Por qué se plantea este Recurso, inédito hasta ahora? Porque la Reforma aprobada por el PP y PNV lesiona y ataca la autonomía local que la propia Constitución garantiza:

v La aplicación de esta Ley puede llegar a desapoderar a los municipios, especialmente los menores de 20.000 habitantes, de la prestación por ellos  mismos de determinados servicios mínimos obligatorios, lo que supondría vaciarlos de contenido y hacerlos prácticamente inútiles.

v Así, el paquete fundamental de los servicios que prestan actualmente los ayuntamientos, pasarán a manos privadas a través de las Diputaciones, consiguiendo un foco de negocio privado donde antes había un servicio público de calidad.

v La Ley aprobada por el PP y el PNV establece mecanismos de tutela, condicionantes y controles a los ayuntamientos por parte de otras administraciones (provincial, autonómica o estatal) que los sitúa en una posición de subordinación o dependencia jerárquica.

v La Administración central (o las Diputaciones Forales, en nuestro caso) establecen objetivos de estabilidad presupuestaria e impone a los ayuntamientos la obligación de cumplirlos, así como las medidas que deben aplicarse para conseguirlo, lo que supone una invasión en toda regla de la autonomía local para tomar las medidas que considere más oportunas.

v Va a suponer un perjuicio directo y evidente a los servicios que prestan los ayuntamientos, como los Servicios Sociales, de Empleo, Culturales, etc., que se pasan a denominar como “competencias impropias” y que van a prestar otras administraciones. Así, en el mejor de los casos, se perderá la cercanía y proximidad y calidad con la que se hacía hasta ahora.

v Permite a las Juntas de Gobierno local aprobar un presupuesto sin pasar por el Pleno si en la primera votación no ha sido aprobado por él, lo cual es absolutamente inconstitucional, al hurtar al Pleno y a la oposición el control y la votación sobre temas de vital importancia para los ayuntamientos.

La iniciativa supone una suma de esfuerzos sin precedentes, ya que para plantear este conflicto al Tribunal Constitucional es necesario que así lo acuerden, y por mayoría absoluta,  una séptima parte (1/7) del total de los ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan una sexta parte de la población. Traducido a cifras absolutas, supone que lo suscriban, al menos, 1.160 Ayuntamientos que representen a más de 7.5 millones de ciudadanos españoles. Es un recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por CiU, pero al que se suman ayuntamientos de todo color político y lugar. En concreto, en Euskadi, liderado por el PSE, se han sumado o van a hacerlo en los próximos días:

-       Barakaldo

-       Portugalete

-       Ermua

-       Eibar

-       Zumarraga

-       Irún

-       Donostia/San Sebastián

-       Errenteria

-       Pasaia

-       Eskoriatza

-       Iruña de Oca

-       Alegria/Dulantzi

-       Legutiano

-       Llodio

Son ayuntamientos de diferente representación política, pero unidos en su rechazo a una Ley que va a coartar sus competencias  y que incluso pone en riesgo la propia existencia y viabilidad de otros municipios. En este sentido, a pesar de lo que dice el PNV, las enmiendas al texto pactadas por los jeltzales con el PP en Madrid NO GARANTIZAN QUE NO SE APLIQUE ESTA REFORMA EN EUSKADI. De hecho, muy al contrario, ha generado confusión y dudas respecto al alcance de esa aplicación, si bien los Secretarios e Interventores, en diferentes informes, están siendo muy claros en cuanto a que la inmensa mayoría de la Ley es legislación básica, de aplicación obligatoria en todos los ayuntamientos, que no tiene la dispensa de ninguna norma ni enmienda pactada. Pero es que, aunque así fuera, estaríamos hablando de SUSTITUIR una TUTELA a los ayuntamientos (la del Estado) por otra TUTELA, la de la “troika” de las tres Diputaciones Forales. El caso es que la Reforma limita y elimina la autonomía local y trata a los ayuntamientos como menores de edad.

Por todo lo anterior, además de presentar el recurso, el PSE presentará, en todos los ayuntamientos donde tiene representación una Moción EXIGIENDO al Gobierno Vasco la aprobación urgente  de la Ley Municipal Vasca, que el Ejecutivo del PNV se comprometió llevar adelante antes de junio, pero que ya ha reconocido que no lo hará antes de octubre o noviembre, en el mejor de los casos. La Ley Municipal Vasca es una asignatura pendiente desde hace décadas, y el PSE la ha reclamado siempre y la ha intentado sacar adelante, pero el PNV se ha negado o la ha obstaculizado constantemente. Tanto exigir competencias al Estado y, sin embargo, no se desarrollan aquellas que, como la Ley Municipal, nos son propias y tenemos plena capacidad para llevarla a cabo.