El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha concitado el respaldo de todo el Parlamento a su propuesta para mejorar las condiciones en las que desempeñan su tarea los trabajadores de los Centros de Menores en Euskadi, de forma que su labor reeducadora de jóvenes infractores pueda desarrollarse con plenas garantías de seguridad física y psíquica, como vienen reclamando.

La parlamentaria Miren Gallastegui ha promovido esta iniciativa que recogía las demandas de los empleados de estos centros que hacen posible la labor multidisciplinar de cumplimiento de medidas impuestas por los juzgados de menores. Una tarea que, ha recordado, requiere alta especialización y se desenvuelve en un contexto de tensión elevada. Por ello, ha defendido que se “empodere” a los trabajadores, que estos cuenten con mayor apoyo psicológico y que las situaciones de estrés sean reconocidas como enfermedad profesional.

Gallastegui ha recordado que la Justicia Juvenil en Euskadi funciona “razonablemente bien”, pero que “la actualización de las condiciones en las que se ejecuta no ha sido suficiente, sobre todo en lo referido a la seguridad, la formación y la supervisión psicológica de estos trabajadores”, y ha confiado en que el acuerdo parlamentario sirva para que el Gobierno “haga lo que dice que hace”.

La resolución promovida por los socialistas reitera el compromiso para mantener una política de justicia juvenil dirigida a la reeducación de las personas menores infractoras a través de un proyecto educativo que les posibilite expectativas reales de futuro. Pero añade un emplazamiento directo, para que dentro de un mes el Gobierno “empiece a ejecutar aquellas recomendaciones recogidas en la valoración de riesgos laborales en colaboración con la dirección del centro y los profesionales,  actualice las medidas que se vean necesarias, principalmente aquellas que estén relacionadas con la protección física de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones educativas”, planes actualizados que forman parte de las reivindicaciones de estos trabajadores.

Además, del acuerdo parlamentario se deriva la exigencia de un protocolo integral de actuación para evitar las situaciones de violencia desde un punto de vista educativo, sanitario y jurídico, y se pide “garantizar las medidas de seguridad necesarias en el Centro educativo Ibaiondo y en el resto de los centros de justicia juvenil, promover la formación continua del personal, fomentando el empoderamiento de las y los educadores y finalizar los protocolos de prevención de riesgos laborales con especial incidencia en los riesgos psicosociales”. Por último, el Parlamento reclama la puesta en marcha de las medidas necesarias “para establecer con carácter obligatorio una supervisión externa psicosocial de los equipos y responsables educativos profesionales del centro”.