El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy un escrito a la Mesa del Parlamento en el que solicita su amparo ante lo que considera una actitud del Gobierno vasco prepotente y obstruccionista a la labor de control de los parlamentarios.

El motivo de la queja es la negativa de la consejera de Educación y Cultura, Cristina Uriarte,  a enviar a la Cámara el texto del acuerdo firmado el pasado 4 de diciembre entre el Museo Guggenheim Bilbao y la Fundación Solomon Guggenheim de Nueva York. Ese mismo día, el parlamentario socialista Vicente Reyes solicitó información documentada en relación con el acuerdo sobre el museo Guggenheim Bilbao (10/10/07/02/2708). El plazo para proceder a la contestación de la misma, conforme al Reglamento parlamentario, se fija en el 9 de enero.

La simplicidad del requerimiento formulado por este grupo, se señala en la petición de amparo, es evidente: se solicita la “remisión del texto completo del acuerdo renovado, relativo al museo Guggenheim Bilbao, entre las administraciones vascas (Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia) y la Fundación Solomon R. Guggenheim”. Pues bien, a pesar de ello, nos encontramos que en la fecha en la que el Gobierno debiera haber remitido aquel acuerdo, en su lugar, este Parlamento recibe un documento en el que la señora Consejera solicita que se amplíe el plazo de respuesta porque “se precisa de un tiempo adicional para la elaboración de la correspondiente respuesta”.

Lo cierto es que resulta curioso que, habiendo pasado mes y medio desde la formulación de aquella solicitud de información documentada, la Consejera necesite de más tiempo para fotocopiar y remitir el acuerdo solicitado, que es lo que simple y llanamente se le ha pedido, dado que, queremos recordar, conforme al artículo 11 del Reglamento del Parlamento vasco, queda obligada a la puesta en disposición del Parlamento, en los plazos reglamentariamente fijados, de cuanta documentación obre en su poder y le sea solicitada.

Pero si nuestras sospechas en relación a la maniobra dilatoria efectuada por la Consejera son evidentes, éstas han venido a confirmarse el pasado 16 de enero cuando, tras la remisión del acuerdo de la Mesa de ampliar en 10 días el plazo de respuesta –sin duda fruto de un automatismo no siempre beneficioso para la propia actividad parlamentaria–  la Consejera remite a esta Cámara un nuevo documento en el que, esta vez sí, viene a explicitar cuáles son sus verdaderas intenciones:

“El Gobierno Vasco, junto con la Diputación Foral de Bizkaia, ha trabajado para alcanzar el mejor acuerdo posible con la Fundación Salomon R. Guggenheim. Dicho acuerdo fue aprobado el 3 de diciembre de 2014 por el Patronato, y será expuesto próximamente ante el Parlamento, para lo que se ha solicitado, a fecha 4 de diciembre, comparecer por voluntad propia ante la Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes (1010�6�2�071). Mediante dicha comparecencia, se presentará el Acuerdo y se ofrecerán las oportunas explicaciones”, dice el escrito.

En otras palabras, la consejera Uriarte, ha decidido que su voluntad está por encima de cualquier norma, en concreto del Reglamento parlamentario, y ha sentenciado que no va a proceder a la remisión de esta documentación a la que viene obligada, porque no quiere entregarla hasta que ella comparezca en Comisión.

Es evidente  que esta actitud es claramente contraria al Reglamento del Parlamento  (art. 11)  y a los múltiples informes interpretativos emitidos por los servicios jurídicos de la Cámara. Pero, lo que es más preocupante, pone en evidencia una actitud ocultista, oscurantista y ajena a cualquier principio de transparencia en la gestión pública. Unos principios que le son doblemente exigibles a la propia consejera, por cuanto estaría obligada conforme a la suscripción del Código Ético del Gobierno Urkullu, que, una vez más, es quebrantado por sus principales firmantes.

La señora consejera, con la actitud manifestada, pretende que los parlamentarios/as no tengamos acceso a la información solicitada hasta el mismo momento en el que ella proceda a comparecer para, sin duda, evitar que los miembros de este Parlamento puedan efectuar con todas las garantías que nos asisten la labor de control que tenemos encomendada.

Es por todo ello por lo que se ha solicitado a la Mesa del Parlamento que se requiera a la señora consejera que cese inmediatamente en esta actitud obstruccionista y remita, sin más dilación, el acuerdo requerido. Así mismo, el Grupo Socialista considera que ante la actitud mostrada por la consejera, la Mesa del Parlamento debiera constituirse en garante de que, en ningún caso, llegue a materializarse ese atropello e impida que su  comparecencia se realice sin que la documentación haya sido remitida a los grupos parlamentarios en tiempo y forma.