El grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak pedirá explicaciones este viernes al Gobierno por la “burla” que supone la Relación de Puestos de Trabajo en Lanbide, que huye de una organización integral de los recursos humanos en el servicio que debe atender a los demandantes de empleo y perceptores de RGI, “creando además agravios entre los trabajadores”.

El parlamentario Bixen Itxaso trasladará al consejero de Empleo una interpelación el próximo viernes, en vísperas de una nueva huelga convocada por el conjunto de las centrales por lo que los propios representantes de los trabajadores consideran un “desbarajuste”, “desaguisado” y “atropello”.

“A los socialistas nos parece además una burla intolerable. En dos años de legislatura no se ha avanzado un milímetro en la organización de este servicio, a pesar de que quienes ahora están en el Gobierno prometieron en su día resolverlo en cuatro meses. No es posible que las dificultades a las que se enfrentan los trabajadores para prestar un servicio integral se les pretenda dar respuesta con una RPT parcial que, además, busca el agravio entre los empleados procedentes de diferentes instancias”, asegura Itxaso.

El parlamentario socialista añade que esta “parálisis” durante la mitad de mandato que se pretende resolver con una medida “parcheada”  tiene como consecuencia, además de las referidas a las condiciones laborales de los trabajadores del servicio,  que se pase de nuevo la oportunidad de hacer de Lanbide el organismo que se diseñó al asumir las competencias. “Hay 170.000 personas que buscan en esas oficinas apoyo para encontrar el empleo que ahora no tienen. Hay 65.000 personas que necesitan tramitar en esas oficinas sus demandas de ayudas para subsistir. Hay un millar de trabajadores intentando atender a esos ciudadanos sin que siquiera su propia organización ni sus condiciones laborales sean resueltas por el Gobierno”, recuerda.

Por ello, Itxaso emplaza al nuevo consejero a que “revierta la nefasta herencia recibida” por parte de su antecesor en el cargo y aborde la organización integral de este servicio desde la negociación colectiva, tal y como exige el Estatuto del Empleado Público.