En una proposición no de ley, la parlamentaria Gloria Sánchez recuerda que el pasado 18 de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados una modificación de la Ley de Seguridad Social que afecta a las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que pasan a llamarse “mutuas colaboradoras”. Ese cambio, avalado por PP, PNV y CIU, “supone que las Mutuas entren en el ámbito de la sanidad pública”. De hecho, señala Sánchez, puede implicar “que se vulneren derechos de los trabajadores y se abra la puerta para una privatización de la sanidad pública”, además de “deslegitimar al médico de cabecera y a la Inspección Médica del Sistema Público de Salud” y de permitir “que sea el propio empresario el que determine cuándo y cómo da de alta y baja por enfermedad común a los trabajadores”.

“Esta reforma supone que las Mutuas entren a controlar los partes de alta y baja de los trabajadores, es decir, la asistencia sanitaria derivada de la enfermedad común,  facilita la expansión a otros ámbitos de la acción protectora de las mutuas y oculta la privatización del ámbito de la gestión de la Seguridad Social y la asistencia sanitaria”, denuncia Sánchez, que añade del riesgo de detraer recursos que con la normativa anterior hubieran ido al Fondo de Reserva de las Pensiones de la Seguridad Social, “ya de por sí mermado”,  y que ahora pueden ir a las mutuas.  Al abrir las puertas a la suscripción de convenios de las Comunidades Autónomas con esas entidades, permite también que se usen recursos y servicios diagnósticos del sistema público para fines privados. “En definitiva, las mutuas, que son privadas nacidas para controlar riesgos profesionales, pasan a desempeñar funciones públicas y gestionan los recursos públicos”, resume.

Por ello, además de proponer el rechazo a una reforma que “favorece la privatización del sistema público de salud y supone una discriminación en el trato dado desde la sanidad a todos los ciudadanos según si se tiene la condición o no de trabajador/a”, el Grupo Socialista quiere que el Gobierno vasco garantice los derechos sanitarios de todos los ciudadanos de Euskadi “sin que se puedan producir discriminaciones de trato en virtud de si tienen la condición de trabajador/a o no”.  Con este objetivo, se pide expresamente que, para fortalecer el sistema público, el Gobierno vasco no suscriba convenios o conciertos con la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social para la utilización de sus recursos que permite la Ley”. La proposición reclama además un plan para integrar progresivamente en el sistema público a las trabajadoras y trabajadores de la función pública cuya salud laboral esté contratada con mutuas “y, en consecuencia, revirtiendo en Osakidetza las cantidades recuperadas, siempre y cuando estén de acuerdo con ello mayoritariamente  la representación sindical de los trabajadores afectados”.