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PSE-EE pide que se regule la atención sanitaria a los inmigrantes con menos de un año de empadronamiento

CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola
CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola

El grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak pide que el consejero de Salud regule la atención sanitaria de las personas inmigrantes que lleven menos de un año empadronados “y que han quedado excluidos del derecho de asistencia universal y gratuita en la orden publicada en el BOPV”, porque la orden que recoge el Boletín Oficial del pasado 22 de julio “se presenta como garantista para ese derecho a la salud pero es más restrictiva de lo que incluso el propio Tribunal Constitucional avaló en su día”.

En una proposición no de ley, la portavoz de Salud, Blanca Roncal explica que el Ejecutivo de Patxi López aprobó un decreto en junio del pasado año que pretendía mantener las coberturas que eliminaba el Real Decreto Ley de abril de 2012, que imponía el repago y eliminaba la atención sanitaria a los inmigrantes sin permiso legal de residencia, “medidas que restringían el derecho a la salud gratuita y universal”. La iniciativa del Gobierno socialista fue recurrida y, mientras estuvo en suspenso, desde Osakidetza se siguió prestando el servicio que, desde 1988, se venía prestando en Euskadi.

En concreto, tal y como explicaron en septiembre de 2012 los entonces portavoz y consejero de Sanidad, “la decisión de no aplicar el copago farmacéutico y atender a los inmigrantes sin papeles sitúa a Euskadi en "stand by", por lo que se rige por las normas establecidas hasta la fecha”. Así, según dichas explicaciones, Osakidetza siguió ofreciendo atención sanitaria y farmacéutica gratuita a las personas inmigrantes sin papeles ni recursos que cumplían el decreto recurrido y llevaran un año empadronadas en Euskadi, a las que se concedía la tarjeta sanitaria ordinaria. Pero también se garantizaba el derecho a quienes llevaran menos de un año empadronados y acreditaran arraigo, con una tarjeta temporal de tres meses.

“Todos estos argumentos fueron expresamente avalados en diciembre por el Tribunal Constitucional, que dictaminó que a los poderes públicos les corresponde garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección a la salud y respaldaba el argumento del Gobierno vasco en el sentido de que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad”, indica Roncal.

La representante socialista denuncia que la orden ahora publicada “obvia esta situación provisional, lo que en realidad supone que Euskadi excluye por primera vez del derecho a la salud universal y gratuita a quienes lleven empadronados menos de un año, salvo determinadas excepciones y las urgencias”, y lo hace además cuando otras Comunidades han buscado distintas fórmulas para garantizar este derecho. “En Euskadi lo que ha ocurrido desde el 22 de julio es que personas que, amparadas por la resolución del Constitucional, han recibido atención primaria en los centros de salud, con esta orden quedan excluidos”, concluye.

Por eso, reclama que el Gobierno modifique o complete la orden publicada el 22 de julio y regule la atención sanitaria de las personas inmigrantes sin permiso legal de residencia en los términos previstos por el decreto de junio de 2012 y avalados por el Tribunal Constitucional, “de forma que ninguna persona que resida en Euskadi quede sin asistencia primaria”.

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