El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak considera innecesaria la creación del organismo Gardena para velar por el cumplimiento de las políticas de transparencia y plantea que esas funciones se incorporen a las de la Agencia de Protección de Datos, a la vez que propone la creación de un Registro de Grupos de Interés que quieran estar presentes en los procesos participativos previstos en la Ley. Son algunas de las mejoras previstas en las 36 enmiendas a la Ley de Transparencia, orientadas a la profundización en la publicidad activa, la simplificación del lenguaje administrativo y el fomento de la participación.

Aunque el Gobierno presentó Gardena como uno de los elementos sustanciales en esta ley, la parlamentaria Miren Gallástegui entiende que “cada norma no tiene por qué conllevar necesariamente la creación de un nuevo órgano, que es lo que viene haciendo el Ejecutivo en varios de sus proyectos, cuando debemos apostar por la economía normativa y organizativa”.

Por el contrario, defiende que esas funciones pueden incorporarse a las que ya tiene atribuidas por Ley la Agencia de Protección de Datos, añadiendo las de “velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el derecho de acceso a la información pública”. Lo que sí se considera necesario es la creación de un Registro de Grupos de Interés que deseen estar presentes en los procesos participativos previstos en la Ley, fórmula hasta ahora inédita en Euskadi y que se está generalizando en Europa.

Además, el Grupo Socialista ha querido tener en cuenta las opiniones de expertos en archivos que en las últimas semanas, y en relación a la tramitación de otra ley que regula su actividad, han reprochado la falta de conexión entre las distintas iniciativas legislativas del Gobierno. En este sentido, se añade una alusión expresa a la gestión documental como elemento esencial en las políticas de transparencia, al señalar que la documentación “estará sometida a procesos de control para garantizar su conservación, manteniendo inalterables sus características, hasta que se decida su eliminación o conservación permanente, para lo cual se aplicará un sistema de gestión de documentos y archivos que se deberá determinar en la ley que regule esta materia”. De esta forma, y dado que la legislación básica del Estado dice que el acceso a los archivos se garantizará por su normativa específica, de ámbito autonómico, normativa inexistente hasta la fecha en Euskadi, la inclusión de este punto ciega el vacío legal en el que podría quedar esta materia.