El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak quiere que todos los electos vascos impidan la restricción de la Justicia Universal, tanto con su voto en el trámite pendiente en las Cortes como, en su caso, con la suscripción de un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque la reforma del PP “crea espacios de impunidad que dificultan la investigación de graves delitos contra el crimen organizado transnacional”.

La portavoz parlamentaria de Justicia, Miren Gallastegui, propone este debate urgente un día después de que la mayoría absoluta del Partido Popular, por la vía de urgencia y en lectura única, remitiera ayer su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial al Senado, donde se votará en marzo para su posterior ratificación en la Cámara Baja.

En la iniciativa se recuerda que, gracias a la legislación española sobre la justicia universal se tramitan en la Audiencia Nacional el asesinato del cámara de televisión José Couso en Irak; los vuelos de la CIA; el genocidio en Ruanda; las masacres en el Tíbet, los asesinatos de los españoles Carmelo Soria e Ignacio Ellacuria; casos de atropello de los derechos humanos a activistas saharauis y una querella contra guardianes nazis. Esta aplicación, que ha sido un modelo para Europa, “va a ser limitada de forma drástica con esta nueva imposición de la mayoría absoluta del PP”, de forma que todos los casos abiertos en España quedarán archivados cuando entre en vigor esta ley

La representante socialista destaca la “discrepancia absoluta” de la oposición de las Cortes en esta materia, tanto por el fondo como por  tramitar la reforma sin pasar por el debate de las enmiendas en comisión, pero también sin contar con órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial “que, en los últimos tiempos, ya han venido señalando dudas sobre la constitucionalidad de otros proyectos legislativos del Gobierno de Mariano Rajoy”. Y añade que ya los propios fiscales de la Audiencia Nacional se han quejado ante la Fiscalía General del Estado de que esta reforma de la justicia universal creará "espacios de impunidad" para perseguir "graves delitos" contra los derechos humanos, terrorismo, drogas o piratería.

“Los socialistas no somos contrarios a la posibilidad de actualizar o adaptar a la nueva realidad internacional esta norma –existencia de jurisdicciones supranacionales, nuevos tipos delictivos…–, pero entendemos que, en todo caso, cualquier modificación debe realizarse sobre un principio garantista que no suponga, de hecho, un grave impedimento a la posibilidad de intervención de los jueces españoles en los casos de justicia universal eliminando o limitando la persecución de delitos de lesa humanidad reconocidos por el derecho internacional, lo que provocará incluso el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por España”.

Por ello, propone que, además de expresar el rechazo del Parlamento Vasco a esta reforma, los representantes electos por las circunscripciones del País Vasco en las Cortes Generales muestren también ese rechazo y, en el supuesto de que en la tramitación pendiente en las Cortes no fuera posible paralizar esta modificación, suscriban un recurso de inconstitucionalidad al estar legitimados para ello.