El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak pide la devolución al Gobierno de la Ley de Administración Pública vasca porque renuncia a un proyecto de “transparencia radical” y a “limar las actuales duplicidades simplificando el entramado institucional”, lo que supone además “renunciar a utilizar todo el autogobierno para ordenar esta materia para que sea la ley estatal el eje vertebrador del texto”.

El portavoz del Grupo, José Antonio Pastor ha recordado que “el Gobierno de Urkullu heredó el mayor avance en transparencia que ha realizado Euskadi: Irekia, Open Data, el Perfil del Contratante, la regulación de la Administración electrónica…. una experiencia de apertura acreditada y reconocida internacionalmente, sin ninguna ley que obligara a ello”. “Y frente a ese avance incontestable que recibió de su predecesor, cuando le toca dar forma legal a ese compromiso, pretende dejar como herencia una mala copia de la timorata legislación estatal”, ha denunciado.

Pastor ha explicado que, “con un lenguaje farragoso exactamente contrario al concepto de transparencia”, el Gobierno vasco ha elegido un modelo que supone dar un “paso atrás” en esta materia. “Otras administraciones también toman como base la  regulación básica, pero para ir más allá, para definir modelos de transparencia pública únicos, concretos, claros y ambiciosos, que permitan a la ciudadanía conocer y controlar de forma efectiva el funcionamiento de sus instituciones públicas. Otras administraciones toman medidas que permitan el control del presupuesto, también del ejecutado, o el control de todo tipo de contrataciones, incluyendo los contratos menores. Pero el Gobierno vasco, en línea con el cerrojazo informativo decretado para los contratos menores, ha optado por una mala copia de la legislación estatal, de forma que Euskadi pasaría de la cabeza a la cola en esta regulación”, ha destacado.

Transparencia radical y simplificación institucional

El portavoz parlamentario socialista ha defendido una Ley que apueste por la transparencia radical, “que permita a cualquier ciudadano seguir el rastro de cada euro público”, para lo que hace falta un régimen sancionador en caso de incumplimiento, un lenguaje claro y una regulación garantista “que no deje la transparencia en manos de la voluntad política del gobierno de turno”, cuestiones que figuran en el centenar de enmiendas parciales que, además de la de totalidad, presentará el Grupo.

Junto a las carencias en el control de los recursos y decisiones públicas, los socialistas han detectado una renuncia clara del Gobierno a reordenar el entramado del sector público en coherencia con los proyectos de Ley Municipal, ya en trámite, y el comprometido sobre la reforma de la LTH, propuestas legales que se ignoran en el texto. Falta, por tanto, una regulación “ambiciosa” que defina con precisión los entes de los que se sirve la Administración Pública, sus Organismos Autónomos y sus Entes Públicos de Derecho Privado, y los entes instrumentales (Sociedades Públicas, Fundaciones y Consorcios). A juicio de los socialistas, la Ley debe incluir un periodo transitorio en el que se adecuen a la Ley los entes que en la actualidad están en funcionamiento, así como un sistema de control exhaustivo del presupuesto, funcionamiento y régimen de personal tanto de los entes que forman la Administración Institucional como los entes instrumentales, con un objetivo claro de eficiencia, eficacia, del control y evaluación del cumplimiento de los fines para los que fueron creados y también con un objetivo claro y rotundo de simplificación del actual entramado, complejo, y en demasiadas ocasiones ineficaz y excesivamente caro.

Además, la Ley debería sentar los principios de funcionamiento también del sector público municipal y foral, del Ararteko, del Tribunal Vasco de Cuentas, de la Agencia de Protección de Datos y del propio Parlamento, pero también de los Colegios Profesionales,  la UPV o la enseñanza concertada, cuyos recursos provienen sobre todo de los impuestos de los ciudadanos.

“Los socialistas decimos no a esta propuesta. Los socialistas hemos entendido el mensaje de los ciudadanos vascos que, como los del resto de nuestro entorno, exigen más a las Administraciones Públicas, una aspiración que este Gobierno no ha sabido recoger en su proyecto.  La sociedad vasca exige una Administración moderna, adecuada a las necesidades actuales, que aporte valor económico a la sociedad a la que sirve, que sea trasparente. Por eso, el Gobierno debe remitir un proyecto claro y ambicioso, con vocación de apostar por la ordenación y simplificación del entramado institucional vasco, por la evaluación de políticas públicas, por la administración electrónica, por la transparencia radical, que obligue a las administraciones públicas a estar al día en la demanda de información ciudadana. Por eso pedimos la devolución del texto”, ha argumentado Pastor, que ha advertido al Gobierno que los socialistas “no le vamos a acompañar a este viaje al pasado”.