La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, Txaro Sarasua, ha reclamado este viernes al Gobierno vasco que Kontsumobide no sea un mero “receptor de quejas” y que, en el uso de sus competencias, sancione a las empresas que no cumplan la legalidad por carecer de un teléfono de atención al cliente de coste ordinario que pueda ser incluido en las tarifas planas, cada vez más habituales.

Sarasua ha llevado al Pleno de control el problema de los teléfonos de “tarificación especial”, los 902 que utilizan muchas empresas de prestación de servicios de gas, electricidad, telecomunicaciones o seguros para atender a sus clientes, “que en sus contratos ya incluyen la prestación de esta atención”. Según información remitida por el Gobierno al Parlamento, el Ejecutivo reconoce que algunas de estas empresas incumplen la normativa, que se han recogido consultas al respecto, pero añade que “ni va a realizar un informe sobre el incumplimiento de la legalidad ni va a aplicar sanciones”. “Es llamativo que renuncie a un esfuerzo en la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, que corresponde a Kontsumobide. Y es llamativo porque la ausencia de medidas de este tipo deja a los clientes en el limbo”, ha denunciado la representante socialista.

Se trata de teléfonos a los que hay que llamar para dar informar de los datos del contador de la luz,  de una avería eléctrica o de una atención para el suministro del gas,  para resolver problemas con el servicio telefónico, o para dar parte al seguro de un siniestro que precisa de atención urgente, Cataluña cuenta con un código de consumo que sanciona estas malas prácticas, al punto que incluso hay una empresa eléctrica que presta este servicio de atención de forma gratuita en esa comunidad mientras que lo cobra en el resto de España, también en Euskadi. Y el último Gobierno socialista de España en 2011 aprobó un proyecto de ley de servicios de atención al cliente para prohibir los números que empiezan por 902, aunque no prosperó por la disolución de las Cortes. El Gobierno de Rajoy tiene intención distinta, no prohibirlos sino obligar a que las empresas cuenten con un teléfono cuyo coste no sea superior al de la tarifa básica.

“Si usted reconoce que la ley se incumple, y el Gobierno al que pertenece tiene capacidad para analizar esos incumplimientos y establecer las sanciones pertinentes, como ha hecho Cataluña, lo menos que se espera es que muestre interés en resolverlo. Le preguntamos si va a adoptar alguna iniciativa, si tiene interés. Ni siquiera sabemos cuánto se está cobrando realmente por estas llamadas. Le pedimos que informen a los usuarios a que, en tanto no se logra modificar la actitud de estas empresas, hagan esas llamadas a través del fijo o del móvil, según sea lo mejor para el usuario. Porque los ciudadanos desconocen que este tipo de llamadas están excluidas de las tarifas planas cada vez más frecuentes. Le pedimos en definitiva que, cuando se constata un problema, como usted constata, no se limite a echar balones fuera, que haga algo para paliarlo”, ha concluido