El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha reclamado esta misma mañana nueva documentación sobre las ayudas, avales y subvenciones recibidas por Fagor desde 2008, que se suma a la ya reclamada sobre las que ha realizado el actual Gobierno, para que se vea con claridad cómo se otorgaron unas y otras y el Ejecutivo de Urkullu deje de desviar la atención sobre sus responsabilidades y se centre en las consecuencias del cierre de Fagor.

En la nueva iniciativa, el portavoz de Industria e Innovación, Vicente Reyes, reclama los expedientes completos, incluidos los informes técnicos pertinentes, de los avales aprobados en la pasada legislatura para empresas con efecto tractor, aprobados por Bruselas, así como las ayudas a través de los programas reglados de apoyo a la I+D+I, Etorgai y Gauzatu.

“No es de recibo que se mezclen interesadamente cuestiones muy distintas. Porque una cosa son las ayudas que concedió a Fagor el Gobierno Socialista, que fueron regladas, para finalidades muy concretas y con sus informes preceptivos. Y otra la que concedió el pasado diciembre el Gobierno del PNV, 40 millones (30 del Fondo Ekarpen, para inversiones estratégicas y 10 de Socade), que se gestionaron en apenas cinco días y sin que hubiera detrás un plan de viabilidad. Este dinero se destinó a tapar problemas de caja de la empresa, para pagar los intereses de las famosas participaciones subordinadas y cubrir una deuda de la planta de Polonia”, explica Reyes.

El representante socialista reconoce que ambas son ayudas del Gobierno con dinero público, pero con diferencias. Así, señala que el Gobierno de Patxi López concedió a Fagor un aval de 12 millones dentro del programa de avales para grandes empresas con efecto tractor, que había autorizado la Unión Europea y que tenía la finalidad de facilitar la captación de financiación. También la cooperativa accedió, como otras empresas, a programas concretos de I+D, como Etorgai y Gauzatu Industria, sola o dentro de consorcios con centros tecnológicos. Por el contrario, el Ejecutivo de López no atendió la petición que se le hizo en febrero de 2012 sin un plan de viabilidad, “y se desestimó su demanda como la de otras empresas concodias que también tuvieron que cerrar”, mientras que el actual Gobierno “ha actuado con precipitación, sin contar con un análisis de viabilidad y riesgos”.

Por eso, ha reclamado que toda la documentación, la de antes y la de ahora, esté en manos de los parlamentarios y sometida al contraste. “Queremos rigor, y seremos exigentes en saber en qué y cómo se gasta el dinero de los ciudadanos. Y queremos que el Gobierno se centre en minimizar el impacto del cierre de Fagor Electrodomésticos, en paliar los efectos sobre el empleo, sobre la hostelería, sobre la industria auxiliar, en lugar de desviar la atención de sus responsabilidades echándolas encima de los demás”, exige.