El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha conseguido que el Parlamento vasco reclame al Gobierno que todas las personas residentes en Euskadi, incluso las que están en situación administrativa irregular, cuenten con una tarjeta individual sanitaria, que garantice si acceso al servicio público de sanidad y el tratamiento farmacológico que pudieran requerir.

Esta resolución, que supondrá en adelante un trabajo vigilante y exigente de cumplimiento, parte de la iniciativa planteada por los socialistas en julio, cuando el actual Gobierno publicó la orden para regular la asistencia a este grupo de población. Desde entonces se ha requerido información adicional y explicaciones, sin que en ninguno de los casos el Gobierno haya llegado más allá de ofrecer médicos para atender a estas personas, pero fuera del circuito normalizado de asistencia sanitaria, lo que suponía un riesgo de “estigmatización” para este colectivo, en palabras de la portavoz de Salud, Blanca Roncal.

Roncal Ha recordado que las garantías para el acceso al derecho a la salud ya se cuestionaron cuando un consejero socialista, José Manuel Freire, en 1988 implantó por primera vez en España la tarjeta individual sanitaria acudiendo a la Ley General de Salud y a la capacidad competencial, recién transferida “y, sobre todo, gracias a una voluntad política compartida, especialmente por los socialistas y por el PNV, partidos que entonces formaban un gobierno de coalición”. “Veinticinco años después venimos a pedir que se complete, desde la seguridad jurídica y la plena convicción y voluntad política, que la situación administrativa no sea discriminatoria. Y asignar médicos específicos para los inmigrantes muestra buena voluntad, pero no garantiza derechos. Es hacer que estas personas accedan a un servicio público por una puerta distinta a la del resto de los ciudadanos residentes en Euskadi. Es estigmatizar a estas personal”, ha advertido, añadiendo de la falta de garantías para un eventual tratamiento farmacológico.

La representante socialista ha defendido la previsión que se hace en el decreto de adherencias en torno a los inmigrantes irregulares, “pero su garantía tiene forma de tarjeta individual, que es la que les permitirá, junto con el médico de familia,  como al resto de los ciudadanos, tener un seguimiento de sus enfermedades”, “Pedimos al Gobierno que no vuelva a actuar a remolque, como ha hecho con el repago sanitario. Que no vuelva a oponerse a una medida que garantiza un derecho, y que no ponga de excusa el recurso del Abogado del Estado. Tenemos larga experiencia de implantación de un servicio público modélico y garantista. También experiencia de las dificultades habidas en el camino. Con esa experiencia, con el criterio del Tribunal Constitucional y con la voluntad política podemos hacer posible que quienes tienen una situación administrativa irregular puedan acogerse de forma normalizada al derecho a la salud”, ha explicado.

Roncal ha acusado al “argumento recurrente” de un PP “al que gusta hablar de fraudes en las ayudas o en la sanidad y le cuesta muchísimo hablar de otros fraudes que no vienen al caso”. “Está demostrado que no hay efecto llamada. Ni en las ayudas sociales, ni en la sanidad. Nadie cruza el atlántico ni esquiva las concertinas de las vallas de melilla para operarse del menisco El único efecto llamada sería porque gente que vive en otras Comunidades y se ven desasistidos tuvieran la tentación de venir a Euskadi porque no son atendidos por el sistema público de salud. En este caso, el responsable no es el inmigrante, es el Gobierno de Rajoy por haber dejado en el limbo sus derechos fundamentales”, ha concluido.

Finalmente, se ha conseguido, por el impulso socialista, que el Parlamento rechace los recortes sociales “que en los últimos años están dejando en situación crítica los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas”, e inste al Gobierno Vasco a modificar toda la normativa en vigor que en el momento actual impide el acceso de todas las personas a recibir atención sanitaria universal. En este sentido, se reclama el desarrollo de la normativa necesaria para garantizar la asistencia sanitaria tanto primaria como especializada a todas las personas con residencia en Araba, Bizkaia y Gipuzko, independientemente de su situación jurídico administrativa, respetando los criterios de equidad y universalidad, tomando como ejemplo las fórmulas adoptadas en Navarra. Y se reclama proporcionar a las personas residentes en la C.A.V. y que están en situación irregular una Tarjeta Individual Sanitaria que garantice su atención sanitaria universal.