La portavoz de Asuntos sociales del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, Txaro Sarasúa, ha pedido al Gobierno vasco que rectifique el problema creado con el envío masivo de reclamaciones de devolución de cobros indebidos por RGI, pida excusas y aplace la devolución de esas cantidades hasta que los perceptores afectados puedan hacer frente a las mismas.

Durante la sesión de control del Parlamento este viernes, Sarasúa ha recordado la comunicación “masiva, indiscriminada y sin acuse de recibo” remitida por Lanbide a 10.000 perceptores de RGI, y ha reprochado que el único cauce de consulta ofrecido fueron dos números de teléfono que quedaron colapsados, aumentando la incertidumbre de los afectados.

“Los socialistas somos los primeros en defender la eficacia en la gestión de los recursos públicos. Y eso significa velar también porque cada euro de gasto llegue al destino para el que se ha previsto el desembolso. Pero la carga de la prueba ante deficiencias de la gestión no está en el ciudadano, menos aún en personas en riesgo de exclusión. Está en la Administración. Es a Lanbide a quien corresponde escrutar primero cada uno de los euros pagados, y establecer después los mecanismos de comunicación con el administrado”, ha destacado.

Por ello, ha reprochado el “oportunismo” del Gobierno en la forma de comunicar, y la elección del momento, “cuando algunos han alentado debates sobre supuestos falsos”, lo que ha favorecido  “a asentar la idea perversa de que existe un fraude social generalizado”.

Sarasúa ha recordado que el actual sistema, por el que Lanbide asume el pago de estas prestaciones, no ha sido cuestionada por el actual Gobierno, y que incluso algunos de esos cobros son anteriores a este cambio de órgano pagador, por lo que es atribuible a pagos de las Diputaciones que, como en el caso de Bizkaia, tampoco facilitaron la transmisión de expedientes

“Pero esto poco importa ya a las 10.000 personas a las que se les reclaman cantidades por cobros que no solicitaron, que se debieron a las deficiencias de gestión, a la falta de interconexión informática. El hecho es que la Administración reclama cantidades que en este momento muchas personas no tienen, y que estas comunicaciones masivas no se hacen con otros colectivos para recuperar los 2.500 millones de euros anuales que se pierden por fraude fiscal. Sin embargo a esas 10.000 personas que no han defraudado se les hacen sentir como delincuentes”, ha concluido, solicitando que el Gobierno pida perdón y aplace la recuperación de esas cantidades hasta que los afectados puedan hacerlo.