El portavoz en materia de Derechos Humanos del Grupo Socialista, Mikel Unzalu, ha resaltado hoy en el Parlamento Vasco que “los socialistas somos los únicos que hemos defendido que el programa de Víctimas Educadoras en las aulas vascas siga funcionando”, al tiempo que ha resaltado “el problema que tiene la Consejera de Educación y el Gobierno vasco con su propio Grupo Parlamentario, que ha aludido el apoyo explícito a la continuidad de tal programa, que el Ejecutivo de Urkullu ha respaldado”.

El Grupo Socialista ha vuelto a defender hoy en el Parlamento Vasco la necesidad de una educación integral en valores democráticos y sin exclusiones. Lo ha hecho en el debate sobre una moción de UPyD, que proponía que las víctimas por violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y parapoliciales entre 1960 y 1978, quedaran excluidas del programa de Víctimas Educadoras en los centros escolares vascos.

Por el contrario, el portavoz en Derechos Humanos del Grupo Socialista, Mikel Unzalu, ha defendido la inclusión de esas víctimas, por entender que tal posibilidad “no significa diluir la gravedad del terrorismo de ETA, sino hacer un ejercicio pleno e integral de memoria democrática y recorrer el camino que nos lleva a una democracia más plena, con sus leyes, sus instituciones y sus reglas de juego”. 

Mikel Unzalu ha recordado en su intervención que “los socialistas defendemos una educación integral en valores democráticos, como la que hicimos posible desde el Gobierno Vasco tras alcanzar un acuerdo muy amplio con los agentes educativos en el denominado Compromiso del Carlton”. “En este contexto –ha añadido- surgió el programa de las Víctimas Educadoras, que, por vez primera en nuestra historia, acababa con el silencio en las aulas sobre lo que ha supuesto en este país el terrorismo totalitario de ETA, pese a las críticas que encontró en las filas nacionalistas”.

Tras recordar que, además de las víctimas del terrorismo, se incorporaron a este programa las del GAL, Mikel Unzalu ha señalado que, por la misma razón, podrían acogerse quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y parapoliciales en tiempos del franquismo y en los primeros años de la transición democrática. Sobre todo, tras el decreto del Gobierno de Patxi López para reparar a esas víctimas, cumpliendo un mandato del Parlamento Vasco, aprobado en su día por práctica unanimidad.

“Esas personas –ha añadido- fueron víctimas de hechos terribles sin justificación alguna desde una perspectiva democrática y, por esa razón, se les debía un reconocimiento público que ha tardado muchos años en llegar y que debe trasladarse, igualmente, a los ámbitos educativos”.

“Los escolares vascos –ha señalado Mikel Unzalu- tienen derecho a recordar toda nuestra historia, la más reciente y la más remota. Hay que explicarles sin paños calientes que hemos sufrido durante muchos años un terrorismo totalitario que ha tratado de eliminar las libertades, el Estado democrático de derecho y los derechos de ciudadanía; pero que hubo también una dictadura que cometió atrocidades que no se pueden olvidar. Como no se pueden olvidar los delitos que se cometieron extramuros del sistema de libertades por quienes, desde el comienzo de la transición, se propusieron atentar contra la democracia naciente. Todo esto hay que recordar a nuestros escolares para que sean conscientes de lo que no debe volver a repetirse”.